Recientemente, se celebró en Madrid el Seminario de Trabajo
"Derechos humanos, pueblos indígenas y corporaciones transnacionales españolas",
organizado por la CODPI, y con la presencia del Relator Especial de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya. En este espacio
participaron 18 organizaciones sociales, que trasladaron al Relator
informaciones sobre las actuaciones de las transnacionales en los territorios
indígenas
CODPI /
Derechos humanos, pueblos indígenas y corporaciones transnacionales españolas
Territorio y recursos naturales - Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas
INTERNACIONAL.- Con fecha 12 de abril, se celebró en Madrid el Seminario de Trabajo "Derechos humanos, pueblos indígenas y corporaciones transnacionales españolas", organizado por la CODPI, y con la presencia del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya
En este espacio participaron 18 organizaciones sociales, que trasladaron al Relator informaciones sobre las actuaciones de las transnacionales en los territorios indígenas y propusieron iniciativas de trabajo para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en un escenario complejo.
El debate de fondo
Isabelle Torallas, de alterNativa; Juan Hernández, de Hegoa; y Jesús Carrión, del ODGComo señalaron los distintos participantes en el Seminario -y como también se recoge en los informes del Relator- es la presencia de las empresas transnacionales en los territorios indígenas la principal fuente de violación de los derechos de los pueblos originarios. Ante esta realidad, se apuntaron dos enfoques generales para avanzar en un mayor respeto y cumplimiento de los mismos.
Por un lado, el que sitúa la prioridad en la construcción de un marco normativo vinculante y exigible para las corporaciones transnacionales, cuya base ya viene dada por los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes (principalmente el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas).
Y por otro, el que -sin desdeñar lo anterior- se inserta en el nuevo marco establecido por la ONU sobre las empresas y los derechos humanos. Dicho marco está constituido por una serie de principios rectores elaborados por el Representante Especial John Ruggie para "proteger, respetar y remediar" e interpela tanto a estados como a empresas y organizaciones sociales, pero se asienta en la voluntariedad y la búsqueda de consensos entre las partes.
Aún sin llegar a un acuerdo entre las distintas organizaciones presentes en el Seminario sobre estos puntos fundamentales, sí se expresaron los avances y los retrocesos que han tenido las iniciativas que han partido desde uno u otro enfoque, y las posibilidades que se abren a futuro.
La presentación de casos
Una de las finalidades que se buscaban con el Seminario era la de dotar al Relator de mayor información y documentación sobre casos concretos de violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas por parte de corporaciones transnacionales españolas.
Estos casos, que se abordaron con mayor profundidad, fueron los del yacimiento petrogasífero de Loma de la Lata (Argentina), operado por Respol YPF; los megaproyectos hidroeléctricos en Chile (Hidroaysén) y Colombia (El Quimbo), ambos con la participación de Endesa; y el enorme complejo hidroeléctrico que se está desarrollando en el Río Madera y que afecta a pueblos tanto de Brasil como de Bolivia, con la participación de distintas transnacionales españolas (Banco Santander y ACS).
La búsqueda de soluciones
Ante esta situación de incumplimiento manifiesto de los derechos humanos de los pueblos indígenas y de continuadas violaciones de las normas que los reconocen, las organizaciones sociales han puesto en marcha mecanismos que, desde distintos enfoques, tratan de encontrar soluciones.Participantes en el Seminario
De esta manera, conocimos con más detalle la batería de indicadores propuesta por Ecología y Desarrollo (ECODES) para conocer el grado de respeto de los derechos indígenas por parte de las empresas, y que ellas mismas la pueden usar a la hora de asumir sus compromisos de responsabilidad social.
De la mano del Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL) se profundizó en el funcionamiento del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), como propuesta nacida desde los movimientos sociales que se constituye como un tribunal ético que juzga efectivamente a las empresas que violan los derechos humanos y que sirve como espacio de reparación moral, además de crear herramientas de presión política y jurídica, a partir de los dictámenes emanados de las diferentes sesiones.
Y por último, se presentaron dos herramientas de mapeo que se sirven de las nuevas tecnologías para dar seguimiento a los casos de violaciones de derechos por parte de las transnacionales. Por un lado, la Conflictopedia que está poniendo en marcha el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y que pretende recoger los conflictos derivados de las actuaciones corporativas; y el mapeo que está elaborando la CODPI, sobre las vulneraciones de derechos causadas por las empresas españolas con actividad en territorios indígenas (45 casos en 10 países de América Latina).
Las coordinaciones a futuro
Tanto por parte del Relator Especial, como por parte de las organizaciones participantes, se valoró el espacio de trabajo establecido en el Seminario y se señalaron posibles líneas de coordinación a futuro.
En primer lugar, se instó a las distintas entidades a seguir trabajando por la libre determinación de los pueblos y a trasladar todas las informaciones que consideren relevantes al Relator, para que las pueda tener en cuenta a la hora de ejercer su mandato.
Y finalmente, en un camino que está aún por recorrer, se fijó la voluntad conjunta de encontrar las vías para avanzar en la extraterritorialidad, esto es, para encontrar los mecanismos de exigir el cumplimiento de los derechos indígenas a las empresas no sólo a través de los instrumentos jurídicos del Estado en el que desarrollan sus actividades, sino también de los del territorio donde tienen su casa matriz.
De lograrse, esto significaría que la responsabilidad de hacer cumplir los derechos humanos no sólo sería exigible a los estados latinoamericanos en los que hay presencia de las transnacionales españolas, sino también al propio Estado español
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