mardi 9 juillet 2013

Comisión agricultura del Senado sesiona por marco regulatorio UPOV 91 (patentación de semillas)

Continúan las sesiones de la Comisión de agricultura del Senado tendiente a recabar antecedentes con el propósito de establecer una propuesta sobre el marco regulatorio para el UPOV 91 (Obtentores vegetales), que es el fomento a la patentación de las semillas para transnacionales de agro industria y a su vez, un atentado a la biodiversidad biológica. La comisión está integrada por los senadores Coloma , Ruiz Esquide, Quintana, García Ruminot y Larraín H.
Comisión agricultura del Senado sesiona por marco regulatorio UPOV 91 (patentación de semillas)

Imagen: protesta contra UPOV 91 – Foto: Rap - Chile

El UPOV 91 fue aprobado en junio del 2011, con ciertas resistencias y algunas observaciones incorporadas por el tribunal constitucional como “la protección de las semillas nativas indígenas” y luego de dicho periodo, desde el 20 de Junio de este año 2013 la comisión de agricultura ha comenzado sus sesiones para el análisis de la ejecutabilidad del marco regulatorio, esto es, las bases para llevarla a una ley.
En dicha sesión, junto con la participación de representaciones pro UPOV 91, también participó “el Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile”, y representaciones de “Chile Sin Transgénicos” y la “Asociación de Productores de Semillas”, con posiciones críticas. Posterior a esto, se anunció que la comisión sesionará este 8 de Julio y participarían según anunciaron: 1. Fundación de Sociedades Sustentables, 2.Asociación Chilena de la Papa, 3.Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, 4.Instituto de Investigaciones Agropecuarias, 5.Red de Acción en Plaguicidas Chile, 6.Asociación Gremial de Viveros Frutales de Chile, 7. Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta, 8.Confederación Nacional de Federaciones de Cooperativas y Asociaciones Silvoagropecuarias Chilenas, 9. Universidad de Chile, 10.Asociación Gremial BioBio Orgánico, 11.Consorcio biotecnológico Biofrutales.
Cabe mencionar que los intentos por implementar una ley que fije el marco regulatorio del UPOV es parte de los acuerdos comerciales que ha establecido el estado chileno como fue el tratado de libre comercio con Estados Unidos, según han reconocido senadores, como José García Ruminot al momento de aprobarse el 2011 y hoy se vuelve a impulsar esta iniciativa legislativa.
La comisión de agricultura está integrada por sos siguientes senadores: Coloma (UDI), Ruiz Esquide (DC), Quintana (PPD), García Ruminot (RN), Larraín H. (Udi) y la la urgencia actual de dicha iniciativa es SIMPLE.

EL UPOV 91 EN CHILE

UPOV, “Unión Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales”. Es una organización mundial, intergubernamental de los Obtentores (Mejorados) Vegetales, con reconocimiento de todos los países denominados desarrollados y algunos de los denominados en vías de desarrollo y que han incorporado mayoritariamente el neoliberalismo como modelo económico. Fundada en 1961, a la cual Chile está adherido como estado y hay dos sistemas de UPOV, el 78 y 91, este último que establece que quien “crea” un nuevo tipo de semilla será propietario intelectual del producto.
Es importante mencionar que así como diferentes convenios y asociaciones comerciales suscritos por Chile, detrás de estos acuerdos están los intereses de poderosos grupos económicos, no de los derechos de las poblaciones, pueblos y ciudadanía, y en el caso puntual uno de los principales favorecidos con este tipo de organización es la transnacional MONSANTO quien a nivel mundial ha usurpado diversas variedades de semillas y concentra su control fomentando transgénicos y expansión de agro químicos para su sostenibilidad.
Monsanto es un monstruo de la química transnacional que genera dependencia a la agricultura. Es conocida por producir el herbicida bajo la marca Roundup. También es productor de semillas genéticamente modificadas, causando graves alteraciones y trastornos a las culturas, a la agricultura y a la productividad orgánica en diversos lugares del planeta.
UPOV fomenta la usurpación sobre el conocimiento acerca de la semilla y monopoliza la propiedad privada, siendo una verdadera biopiratería, ya que quien ostenta su patentación cuyo requisito es la “mejora” lo hace sobre la base la apropiación de especies nativas y conocimientos ancestrales cuyo proceso de desarrollo evolutivo lleva miles de años de manera abierta, colectiva, libre lo que termina finalmente para explotarlos industrialmente.
Siglos de innovación colectiva de agricultores indígenas y campesinos para que sean robados conforme las compañías y empresas agro industriales que reclaman derechos de propiedad intelectual sobre semillas, plantas y especies, sin ningún respeto a las culturas, a las tradiciones, a las economías locales, a las formas y filosofías de vida y a los bienes y soberanías colectivas
Esta medida alcanza grandes dimensiones si se considera que en diversos países miles de agricultores no compra semilla; la guarda de su cosecha. Por lo que esta práctica común puede convertirse en un ilícito si esa semilla está patentada.
Sectores políticos y empresariales de CHILE se comprometieron en el TLC con EE.UU, con Canadá (1995 y 1996 ) y otros a respetar, adherir, incoporrar e implementar a la UPOV 91. De allí viene la frase de CHILE POTENCIA AGROALIMENTARIA.
En Chile junto con los intereses de Monsanto representada en sus intereses por ciertas empresas operativas, también están los intereses coludidos de sectores empresariales de la agroindustria de origen latifundistas colonialistas que concentran el uso y control de la semilla, como la familia de la Ministra Von Baer “Semillas BAER”, una de las empresas que más concentración ha venido haciendo de las semillas.
El estado chileno en enero 2009 debió haber ingresado y comprometido a adherir a la UPOV 91, por ello EN MARZO DEL 2009 el Ejecutivo de entonces envió al Parlamento el proyecto de ley para autorizar el ingreso de Chile a la UPOV. Eso fue lo que se aprobó en mayo 2011 en el Senado chileno. Los votos a favor correspondieron a los senadores Carlos Cantero (Antofagasta, Independiente); a los UDI Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín (ambos de Maule), Pablo Longueira y Jovino Novoa (ambos de RM) y Jaime Orpis (Tarapacá); y a los RN Francisco Chahuán (Valparaíso), José García, Alberto Espina (ambos de Araucanía), Carlos Kuschel (Región de Los Lagos), Carlos Larraín (Valdivia), Baldo Prokurica (Atacama), más el PPD Eugenio Tuma (Araucanía, PPD). La cómoda abstención estuvo a cargo de los PS Camilo Escalona (R Lagos) y Juan Pablo Letelier (O’Higgins), junto a los DC Hossain Sabag (BioBio), Patricio Walker (Aysén) y Andrés Zaldívar (Maule) y Antonio Horvath (Aysén RN).
Esta imposición legislativa es la antesala, es el pie para dar luz verde a un paquete legislativo que tiene que ver con la Patentación de vegetales y a pesar que es desmentida por sectores oficialistas, es asimismo el fomento de la industria de transgénicos, los que una vez liberados al medio ambiente los no se pueden controlar. La contaminación genética pone en peligro variedades y especies cultivadas tradicionalmente, y es irreversible e impredecible, no se puede volver a la situación de partida.
Las variedades transgénicas pueden contaminar genéticamente a otras variedades de la misma especie o a especies silvestres emparentadas. Por ejemplo, en México, el centro de diversidad y origen mundial del maíz, los maíces transgénicos importados de Estados Unidos están contaminando las variedades tradicionales.
El aumento del uso de productos químicos eliminan o afectan gravemente a la flora y a la fauna. Con las plantas tolerantes a herbicidas, el agricultor debe usar cada vez más cantidad de agrotóxicos para acabar con las llamadas "malas hierbas". Hoy por hoy existen datos que demuestran que, debido a esto, se están utilizando muchos más pesticidas en los cultivos transgénicos que en los convencionales. Con esto, la presencia de glifosato (el herbicida asociado a la soja transgénica RR de Monsanto) en el suelo, en las aguas y en los alimentos es cada vez mayor.
A su vez, fomenta los monocultivos para tipos de industrias que nada tienen que ver con la soberanía y seguridad alimentaria de la población, se imponen monocultivos, se destruyen tierras para la diversidad agrícola, destrucción de bosques nativos, el desalojo de indígenas, campesinos y trabajadores rurales, un aumento del uso de herbicidas y una grave sustitución de la producción de alimentos para consumo local.
Frente a la aprobación UPOV 91 organizaciones de Temuco señalaban: “El modelo que nos están imponiendo es depravado, depredador, para nada pensado en quienes realmente vivimos aquí, sino en el lucro insaciable y codicioso de unos cuantos y frente a esto, como ciudadanía conciente, no podemos permitirlo y reaccionamos y exigimos poner fin a este desquiciamiento, a este grave atentado y hacemos responsable directo de esto al gobierno chileno, al oficialismo y ha sectores políticos de la concertación”.

SEMILLAS INDÍGENAS

Ante una serie de recursos interpuestos en Junio del año 2011 ante el Tribunal Constitucional, a pesar de la sentencia desfavorable en términos generales, particularmente con respecto a los descriterios en materia de biodiversidad biológica, el TC dictaminó que se debe proteger las semillas indígenas nativas.
La sentencia establece en su párrafo 43, que la propiedad tradicional indígena no podrá ser usurpada, en virtud de que el Tribunal entendió que la venta o intercambio de semillas, incluso el contexto de una comunidad indígena, es suficiente para hacer a una semilla como “suficientemente conocida”. Además, el conocimiento inmemorial podría evitar que se registren semillas indígenas o campesinas a nombre de una empresa.
La sentencia reconoce en su párrafo 46, que el Estado haría bien en promover y financiar el registro de los indígenas y campesinos (“aquellas personas interesadas más vulnerables y necesitadas de nuestra comunidad”, dice la sentencia), de sus propias variedades vegetales, así como su defensa jurídica ante usurpaciones”.
Finalmente, si bien se sentenció que el UPOV no vulnera la biodivesidad biológica, el Tribunal ordena en el considerando 60 “no interpretar el convenio con prescindencia de la normativa nacional e internacional sobre protección de patrimonio fitogenético, entre ellos, el Convenio de Diversidad Biológica y el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), este último ya suscrito por Chile y en trámite de aprobación en la Cámara de Diputados”.
Lo señalado ´previamente son parte de los votos de mayoría, por lo tanto es parte de la sentencia definitiva y que debe ser acatada, sin embargo, es importante destacar también que los votos de minoría en el Tribunal Constitucional se pide que cada vez que se extraigan plantas de comunidades indígenas para mejorarlas, ello debe ser consultado a los afectados; que la Conadi debe demandar la nulidad de los derechos de las plantas usurpadas a los indígenas; que debe apoyar la constitución de derechos UPOV en favor de comunidades que mejoren semillas por métodos tradicionales; que el Congreso debe crear derechos especiales de propiedad colectiva de las comunidades sobre sus especies por ellas mejoradas. Del mismo modo se señala que el UPOV no pude ser interpretado jamás contra los derechos y plantas de los pueblos indígenas; que el Estado debe crear un registro de plantas tradicionales y silvestres para evitar usurpaciones; que el SAG debería ser especialmente cuidadoso para que no se registren semillas indígenas usurpadas o sin consulta; y que el legislador decida definitivamente sobre los transgénicos por su innegable impacto en la biodiversidad, la salud de las personas, y la producción agropecuaria, esto de manera interpretativa según lo anunciado por el Senador Alejandro Navarro que fue parte de las interposiciones ante este tribunal.
Ahora bien, ya aprobado el UPOV 91 desde el 2011 y los intentos en el presente por la gestación de una Ley que establezca el marco regulatorio, el senado debe acatar dichas medidas establecidos en sentencia, y asimismo se vendrían otras iniciativas como la de transgénicos; y por otra parte, el TIRFFA, que es un tratado que equilibra el UPOV, pues, daría más derechos al agricultor tradicional y a los campesino, según señaló Navarro.

Alfredo Seguel / Mapuexpress

 http://www.mapuexpress.net/

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