Con el propósito de constatar el estado de salud física y mental del adolescente Gabriel Valenzuela Montoya, quien se encuentra en internación provisoria en el CIP de Chol-Chol desde hace 13 meses, lo visitó en su recinto de reclusión el delegado de UNICEF de la Comisión Interinstitucional de Supervisión de Centros de Privación de Libertad (CISC), Ricardo Pérez-Luco.
Gabriel Valenzuela Montoya
El delegado de UNICEF, quien es sicólogo de profesión, estuvo por más de una hora con el adolescente, quien le manifestó su desazón con la situación que está viviendo y su deseo por la pronta realización de un juicio.
Pérez-Luco explicó que “estamos muy preocupado por el estado de salud física y mental de Gabriel Valenzuela, ya que el tiempo de prisión preventiva, en espera del juicio, ha sido demasiado prolongado y le está produciendo graves efectos y deterioro en su salud”. Agregó que el adolescente “está claramente con una depresión reactiva a la situación de privación de libertad y la incertidumbre que le genera el proceso, además existe el riesgo permanente de autoagresión, pues no tiene una rutina que le permita construir su proyecto de vida de modo alternativo”, sostuvo.
El delegado de UNICEF recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño establece con claridad que “la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”.
Pérez-Luco agregó que la detención antes del juicio debería limitarse a circunstancias excepcionales, “situación que en este caso no ha ocurrido y eso está teniendo consecuencias. Gabriel lleva más de un año esperando un juicio, lleva más de un año en prisión preventiva, lo que claramente contraviene las obligaciones internacionales contraídas por Chile en esta materia”, explicó.
Adicionalmente sostuvo que el sistema penal adolescente debe acompañar al adolescente desde el momento en que se le imputa la comisión de un delito hasta el cumplimiento efectivo de la sentencia. “Un adolescente que cumple la mayoría de edad mientras se tramita su causa no deja de estar protegido por la Convención sobre los Derechos del Niño y debe respetarse el régimen especial al que está sometido”, explicó el delegado de UNICEF, aludiendo a la situación de Gabriel Valenzuela quien acaba de cumplir la mayoría de edad.
Pérez-Luco enfatizó que “si para un adulto estar en detención preventiva por más de un año es un tiempo excesivo, para un adolescente lo es mucho más ya que la dimensión y percepción del tiempo no es la misma”.
El reglamento de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente estipula en su artículo 90 que en cada región del país se constituya una Comisión Interinstitucional de Supervisión de Centros de Privación de Libertad (CISC). Esta comisión es coordinada y convocada dos veces por año por el Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Justicia, de cada región, e integrada por un representate de colaboradores acreditados de SENAME, un representante de instituciones de la sociedad civil que trabajen en infancia o juventud, un representante del mundo académico, un representante de la Defensoría Penal Pública, y se invita a un representante del Ministerio Público y un delegado de UNICEF.
El objetivo de las visitas que realizan los integrantes de las CISC es asesorar en el debido respeto de los derechos de los adolescentes y de sus condiciones de vida al interior de los centros y realizar recomendaciones a las autoridades e instituciones públicas y privadas correspondientes. Luego de cada visita se envía un informe al Ministerio de Justicia, formulando las propuestas que le parezcan necesarias para el mejoramiento de las condiciones de vida de los adolescentes en los referidos centros.
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