Respeto del principio de especialidad: este principio, reconocido en la Ley N° 20.084 vigente desde el año 2007, implica la especialización orgánica y funcional de todos los entes vinculados al circuito de justicia (defensa, fiscalía, policías y judicatura). Asimismo, este principio importa la aplicación estricta y más rigurosa de los estándares del debido proceso, tales como como la celeridad del plazo, el derecho a la defensa especial, la aplicación de la norma más favorable al adolescente, entre otros.
Finalmente, este principio obliga al Estado de Chile a evitar la utilización de la privación de libertad, salvo de extrema necesidad y por el menor plazo posible.
Prohibición de la aplicación de la Legislación Antiterrorista a los adolescentes infractores de ley: el año 2011 el Estado de Chile promulgó la ley N° 20.467, que modificó la Ley N° 18.314 (que determina conductas terroristas y fija su penalidad), con el objeto fue excluir expresa e inequívocamente, la aplicación de la legislación antiterrorista respecto de los menores de 18 años. Por este motivo, la aplicación directa o indirecta de la legislación antiterrorista, sea por la imputación de delitos de naturaleza terrorista, o por la utilización de prueba obtenida conforme a la Ley N° 18.314, importa un incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por el Estado de Chile en esta materia.
Reforzamiento de los derechos de todos los niños, niños y adolescentes mapuche en el contexto de procedimientos policiales. Como lo ha expresado el Comité de Derechos del Niño, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco y la Excelentísima Corte Suprema de Chile, las policías deben ajustar sus actuaciones y procedimientos, teniendo siempre en cuenta el interés superior del niño y resguardando los derechos reconocidos por la Constitución, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por la Convención sobre Derechos del Niño.
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