La familia del dirigente sindical no creyó en peritaje oficial y contrató a un perito privado. Contrario a lo señalado por la PDI, éste reveló que Jiménez no recibió el impacto de una ‘bala loca’, sino de un disparo directo y certero.
El pasado 21 de febrero, el sindical de la empresa subcontratista de Chilectra, Azeta, falleció a causa de un disparo mientras trabajaba. La versión oficial de la Fiscalía Sur y de la Policía de Investigaciones apuntó, ante todos los medios, a la teoría de una bala loca recibida desde La Legua.
Sin embargo, el rol sindical de Jiménez y el nulo interés de las autoridades por evaluar otras hipótesis, despertó las sospechas de la familia y sus amigos.
“En un comienzo, nosotros no creímos que esa fuera la verdad, pero tampoco lo descartamos. Efectivamente, en ocasiones, habían caído balas a la empresa, pero sin dañar a nadie. Lo primero que pensamos es que era mucha casualidad que esto le hubiera sucedido justo a él”, argumentó Margarita Peña, amiga de la familia y miembro de la asamblea Verdad y Castigo por Juan Pablo Jiménez.
En un principio, en tanto, la versión con que la empresa informó a la familia de la muerte del dirigente señaló como causa un ataque al corazón.
“Cuando la PDI lanza su teoría de la bala loca, nos reunimos con el jefe de la Policía de Investigaciones y el fiscal y les preguntamos por qué le habían dicho a la prensa que esa era la hipótesis más probable. Ellos nos dijeron que los periodistas lo habían editado mal”, declaró Peña.
En este escenario, la familia comenzó a tener dudas de la investigación desarrollada por la PDI y decidió contratar un peritaje privado.
Al comenzar la búsqueda de justicia, los familiares se enfrentó a la dificultad de encontrar un perito que pudiera hacerse cargo de una nueva investigación. Además, debieron esperar pacientemente que la fiscalía otorgara las autorizaciones necesarias para el peritaje privado, cediendo las evidencias. Sumado a estos problemas, tuvieron que lograr reunir el dinero necesario para costear el proceso, cercano a los 4 millones de pesos.
“El peritaje significó una inversión grande y esta es una familia humilde”, explicó Peña. “Cuando Juan Pablo murió, la familia recibió 147 mil pesos correspondientes a los 21 días trabajados. Nada más”.
El primer peritaje consistió en analizar el trabajo desarrollado por la PDI, quienes concluyeron que la bala recibida por Jiménez hizo un recorrido de 1 kilómetro y 35 metros desde La Legua. Al respecto, el peritaje privado fue lapidario.
“Utilizando el mismo método, nosotros logramos determinar que el alcance máximo, con 20° de elevación y con 290 m/s, sería de 719 metros, prácticamente menos de la mitad de lo que ellos establecen, que son 1600 metros. Respecto a eso, nosotros podemos concluir, técnica y científicamente, que la distancia que existe desde el origen hasta la víctima no es posible”, declaró la perito Daniela Contreras.
En tanto, el segundo peritaje realizado reveló que, por las características del impacto en el cráneo del dirigente sindical, la bala debió ser disparada a corta distancia desde el interior de la misma empresa. Además, se habría tratado de un disparo directo, entre otros antecedentes.
En abril pasado, Policía de Investigaciones detuvo a un menor de 16 años al que acusó de haber realizado el disparo que provocó la muerte de Jiménez. Hoy, a la luz de los nuevos antecedentes, la familia del dirigente pide su pronta libertad.
Ximena Acevedo, esposa del Jiménez, aseguró que los descubrimientos del peritaje privado han sido difíciles de enfrentar: “Fue muy doloroso comprobar que mi esposo fue asesinado”.
Para ella, quien siempre respetó y admiró el trabajo político realizado por su esposo, es inaceptable pensar en la idea de dejar “en el olvido el asesinato de un dirigente sindical, el primero muerto en democracia”.
Si bien aseguró que no apuntará a posibles culpables hasta que la investigación haya finalizado, Acevedo recordó que su esposo estaba ad portas de una audiencia donde denunciaría los supuestos abusos de Azeta.
“Sólo hay que sumar uno más uno. ¿A quién podría haberle molestado todo lo que él estaba haciendo?”, preguntó.
En tanto, mientras la fiscalía se prepara para recibir los nuevos antecedentes del peritaje privado, la empresa Azeta ha solicitado la declaración de quiebra.
La familia y amigos de Juan Pablo Jiménez se encuentran trabajando en una convocatoria a movilización para el próximo miércoles 27 de noviembre.
La idea es buscar la solidaridad del mundo social, especialmente de los trabajadores, ante los nuevos datos del caso.
“Nosotros nos propusimos buscar la verdad, porque sabemos que justicia no va a haber. Justicia sería que Juan Pablo estuviera vivo. Por ahora sólo queremos verdad y que paguen los responsables”, señaló Peña.
En tanto, la viuda del dirigente manifestó que no podría superar “ver a mis hijos crecer y que ellos me cuestionaran por no haber buscado justicia por la muerte de su padre”.
La manifestación se realizará a las 19 horas en Plaza de Armas y ya hay un evento en Facebook donde se entregan más detalles.
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