La transnacional de la agroindustria fue uno de los
poderosos y discretos protagonistas de la destitución del ex obispo y presidente
paraguayo, Fernando Lugo.
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El gobierno de Fernando Lugo ya había sufrido la amenaza del juicio político en 23 ocasiones anteriores y por los más diversos motivos. En su mayoría, estas operaciones de desgaste contra el ex obispo y presidente, fueron propiciadas por su vicepresidente Federico Franco, una suerte de Cleto Cobos guaraní que se distanció políticamente de Lugo poco después de iniciado el mandato presidencial, el 28 de abril de 2008. Sabiendo que contaba con los votos del Partido Radical Liberal Auténtico (Prla), más los del Partido Colorado –fundado por el dictador Alfredo Stroessner–, en reiteradas oportunidades el vicepresidente Franco fue hasta la sede del gobierno para intentar extorsionar a Lugo con la amenaza del juicio político, Franco nunca ocultó que quería ser presidente, si no lo logró antes es porque los colorados no quisieron prestarse a la maniobra, porque tenían su propia estrategia de desgaste.
En esta oportunidad, la convergencia de tres actores en las sombras –la siniestra trasnacional sojera Monsanto, la oligarquía latifundista paraguaya y la jerarquía de la Iglesia católica–, hicieron que el Partido Colorado modificara su estrategia, habilitando el juicio político a menos de diez meses de prevista la elección presidencial en la que su candidato, el terrateniente y empresario sojero Horacio Cartes, aparece posicionado como seguro triunfador. No se puede descartar que los colorados, que representan los intereses de los grandes latifundistas paraguayos optaran por un golpe de mano preventivo ante la presunta amenaza de los campesinos sin tierra, que vieron frustradas sus aspiraciones de una reforma agraria que Lugo prometió y nunca cumplió. Tal vez temían que los desposeídos avanzaran en la ocupación de territorios antes de la salida de la presidencia del ex obispo, pero lo concreto es que se avizora detrás del golpe institucional es un plan para criminalizar, llevar hasta el odio extremo, a todas las organizaciones campesinas, para empujar a los campesinos a abandonar el campo para el uso exclusivo del agronegocio.
En esa hipótesis, el enfrentamiento en Curuguaty (en la hacienda de Blas Riquelme, un terrateniente ligado al Partido Colorado) bien podría haber sido provocado para desatar el proceso de juicio político que culminó este viernes con la destitución del presidente.
Sólo un sabotaje interno dentro de los cuadros de inteligencia de la Policía, con la complicidad de la Fiscalía, explica la emboscada, en la cual murieron seis policías. No se comprende cómo policías altamente entrenados, en el marco del Plan Colombia, pudieron caer fácilmente en una supuesta trampa tendida por campesinos, como hizo creer la prensa aliada al golpe express. Los uniformados reaccionaron y acribillaron a los campesinos, matando a 11, quedando unos 50 heridos. Entre los policías muertos estaba el jefe del GEO, comisario Erven Lovera, hermano del teniente coronel Alcides Lovera, jefe de seguridad del presidente Lugo. En ese contexto, el asesinato del hermano del jefe de seguridad del presidente de la República obviamente fue un mensaje directo a Fernando Lugo, cuya cabeza sería el próximo objetivo. Más aún, tanto la Fiscalía que investigó la masacre, como el Poder Judicial y la Policía Nacional, están controlados mediante convenios de cooperación por Usaid, la agencia de cooperación de los Estados Unidos.
Pese a las múltiples advertencias de numerosos aliados dentro y fuera de Paraguay, Lugo no se abocó a la tarea de consolidar la heterogénea fuerza social que en 2008 lo elevó a la presidencia. Su gravitación en el Congreso era absolutamente mínima, uno o dos senadores, mientras sobreestimaba la capacidad de movilización para garantizar la gobernabilidad a su gestión.
A lo largo de su mandato se sucedieron múltiples concesiones a la derecha como las leyes antiterroristas que promulgó a pedido de la embajada de Estados Unidos, sancionadas por un congreso que es uno de los más corruptos del Continente y que terminó destituyéndolo en un farsesco simulacro de juicio político que violó todas las normas del debido proceso.
Según el periodista y autor del libro Los Herederos de Stroessner, Idilio Méndez Grimaldi, la trasnacional Monsanto ha cumplido un papel central en el golpe contra Lugo.
El 21 de octubre de 2011, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, dirigido por el liberal Enzo Cardozo, dio el visto bueno provisorio a la semilla de algodón transgénico Bollgard BT de Monsanto, para su siembra comercial en Paraguay. Las protestas campesinas y de organizaciones ambientalistas no se dejaron esperar. El gen de este algodón está mezclado con el gen del Bacillus Thurigensis, una bacteria tóxica que mata a algunas plagas del algodón, como las larvas del picudo, un coleóptero que deposita sus huevos en el capullo del textil.
El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senave, otra institución del Estado paraguayo, dirigido por Miguel Lovera, se negó a inscribir dicha semilla transgénica en los registros de cultivables, por carecer de los dictámenes del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Ambiente.
Durante los meses posteriores, Monsanto, a través de la Unión de Gremios de Producción, UGP, estrechamente ligada al Grupo Zuccolillo, que publica el diario ABC Color, lanzó una feroz ofensiva contra el Senave y su presidente por no inscribir la semilla transgénica para su uso comercial en todo el país.
La cuenta regresiva decisiva pareció haberse dado con una nueva denuncia por parte de una seudosindicalista del Senave, de nombre Silvia Martínez, quien acusó el 7 de junio pasado a Lovera de corrupción y nepotismo en la institución que dirige, a través de ABC Color. Martínez es esposa de Roberto Cáceres, representante técnico de varias empresas agrícolas, entre ellas Agrosán, recientemente adquirida por 120 millones de dólares por Syngenta, otra transnacional, todas socias de la UGP. El viernes 15 de junio, coincidiendo con una exposición anual organizada por el Ministerio de Agricultura, la transnacional Monsanto presentó otra variedad de algodón, doblemente transgénico: BT y RR o Resistente al Roundup, un herbicida fabricado y patentado por Monsanto. La pretensión de la transnacional norteamericana era la inscripción en Paraguay de esta semilla transgénica, tal como ya ocurrió en la Argentina y otros países del mundo. Sin embargo, la ministra de Salud de Lugo se oponía.
Paraguay es uno de los países más desiguales del mundo. Allí reina la UGP, apoyada por las transnacionales del sector financiero y del agronegocio que nunca ocultaron que iban a conseguir la aprobación de las semillas de Monsanto a como diera lugar.
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