“El Reglamento deja muchos
derechos indígenas contenidos por el Convenio 169, como los efectos en el
trabajo indígena y en el derecho a decidir su propia forma de desarrollo. Los
indígenas indígenas terminan trabajando para mineras, por ejemplo, abandonan sus
formas tradicionales de trabajo: los indígenas reclamamos que no somos esclavos
de la visión del desarrollo que imponen las transnacionales”.
La Alianza Autónoma de Pueblos Indígenas, presentó hoy, en la Corte de Apelaciones de Santiago, un recurso de protección en contra del Director del Servicio de Evaluación Ambiental, Ignacio Toro; contra el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, presidido por la Ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benitez; contra el Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet; y contra Ramiro Alfonso Mendoza Zúñiga, Contralor General de la República, por la aprobación del Reglamento Ambiental, que a juicio de las organizaciones indígenas “mutila la consulta indígena del Convenio 169 de la OIT”.
ARIEL LEÓN BACIÁN, Presidente de la Corporación Cultural AymaraJach\'aMarkaAru, señaló que “la consulta ambiental es el mecanismo de evaluación ambiental más importante, pues protege los derechos indígenas frente a los megaproyectos. Es un mecanismo de diálogo y acuerdos entre los indígenas y el Estado. La consulta garantiza una evaluación ambiental adecuada a la cosmovisión y cultura de los pueblos indígenas, después de siglos de imposición exógenal. La aprobación de una consulta falsa, permite la instalación indiscriminada de proyectos mineros, forestales, acuícolas, portuarios, geotérmicos y otros, impactando negativamente en los sistemas de vida, salud, patrimonio y medio ambiente de los pueblos indígenas, imposibilitando que salgan de la pobreza estructural que los aqueja. El Reglamento Ambiental es una carta blanca en favor del etnocidio y la discriminación ambiental.”
FRANCISCO VERA MILLAQUÉN, werkén de la Comunidda Mapuche Huilliche Pepiukelen de Pargua critica que “el Reglamento deja fuera del mecanismo de consulta a varios efectos ambientales, como los “riesgos para la salud de la población”, y el “efectos adverso significativo sobre recursos naturales renovables”. Para el Reglamento, los indígenas no tenemos salud, ni sufrimos la escasez de agua. Es ridículo que se permita la consulta indígena sobre el patrimonio, pero no por los efectos de la contaminación en nuestra salud, o por la escasez de recursos naturales”.
CATALINA CORTÉS, aymara Consejera del Área de Desarrollo Indígena Jiwasa Oraje, por la Ecozona de Matilla, argumenta que “el deber de consulta indígena no se podrá referir a los efectos paisajísticos de los proyectos que se desarrollen en su territorio, lo que vulnera el derecho a la igualdad, pues el paisaje es parte de los activos económicos más importantes de muchas comunidades, incluidas la de los recurrentes. Ello, debido a que el paisaje es parte de los atractivos más relevantes para los proyectos turísticos y etnoturísticos que se desarrollan en los lugares donde los indígenas tienen interés o donde habitan. El Reglamento Ambiental nos corta las manos”.
MARCELA LINCOQUEO ANCAMILLA, miembro de la Organización Mapuche LaKuTuN, reprocha que “El deber de los Estados de celebrar consultas, bajo mecanismos de participación especial con los pueblos indígenas, en los procesos de decisiones que los afecten tiene por objeto poner fin al modelo histórico de exclusión del proceso de adopción de decisiones con el objeto de que las decisiones importantes no se impongan a los pueblos indígenas sino con ellos, y que éstos puedan prosperar como pueblos distintos”. Asimismo señaló que “El Reglamento tiene un contenido provisional, pero nadie conoce su contenido actual ni final, pues ahora está en manos de la Presidencia, donde puede sufrir nuevos cambios. Luego va a Contraloría, quien puede aprobarlo, rechazarlo o modificarlo. Su texto provisional y público es una agresión racista y etnocida, y creemos que empeorará, por lo que nuestra preocupación es máxima”
AMELIA MAMANI CHARCAS, del pueblo quechua, del Consejo Autónomo Ayllu Sin Fronteras, declaró que “El Reglamento deja muchos derechos indígenas contenidos por el Convenio 169, como los efectos en el trabajo indígena y en el derecho a decidir su propia forma de desarrollo. Los indígenas indígenas terminan trabajando para mineras, por ejemplo, abandonan sus formas tradicionales de trabajo: los indígenas reclamamos que no somos esclavos de la visión del desarrollo que imponen las transnacionales”.
SONIA CATALINA RAMOS CHOCOBAR, del Consejo Autónomo Ayllu Sin Fronteras, señaló que “lo que quiere este Reglamento es eludir las últimas sentencias, como la de la Corte Suprema, en el caso Parque Eólico de Chiloé, donde una Comunidad Indígena logró que la justicia ordenara consulta indígena incluso ante Declaraciones de Impacto Ambiental. El Reglamento dice que el “diálogo con grupos humanos indígenas”, PUEDE proceder ante Declaraciones de Impacto, para aplicar el cierre del proceso en caso de líneas de base deficientes e incorregibles. Pero las sentencias de la Suprema y el Convenio 169 de la OIT, no distinguen entre los sistemas de evaluación”.
También contamos con la presencia del hermano MARCELO CONDORE, Consejero del área de Desarrollo Indígena del Alto Tarapacá, quienes criticó que “los avisos radiales para notificar de los proyectos a las comunidades indígenas, deben ser bilingües en zonas de alta densidad indígena, rurales, y donde haya una cantidad relevante de hablantes de los idiomas indígenas. Para los que no tengan radio, deben ser notificados mediante volantes bilingües. De lo contrario, se nos niega la información, y se nos imponen los mega proyectos”
Para los indígenas, “Este recurso de protección, es una manifestación de nuestro repudio a este nuevo intento de mutilar la consulta. Queremos decir con ello que no bastan las meras declaraciones, y que debemos ejercer todas las acciones para evitar esta nueva agresión contra los pueblos. La Madre Tierra necesita defensa, y entendemos que lo que hacemos es en honor de ella, de nuestros ancestros, y por la sobrevivencia de nuestros pueblos. Esperamos que el Poder Judicial esté a la altura y evite nuestra extinción, y la destrucción de nuestros lugares sagrados que aún quedan”
Cabe mencionar que la ALIANZA AUTÓNOMA DE PUEBLOS INDÍGENAS está representada por: Ariel León Bacián, aymara, Presidente de la Corporación Aymara Jacha Marka Aru; Francisco Vera Millaquén, mapuche williche, werken de la Comunidad Williche Pepiukelen de Pargua Alto; Sonia Ramos, likan Antai, Ayllu sin Fronteras; Amelia Mamani, quechua, Ayllu sin Fronteras; Catalina Cortés, aymara, Consejera ADI Jiwasa Oraje, Ecozona Matilla; y Marcela Lincoqueo, mapuche, Sabiduría del Lakutun.
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