En un comunicado difundido con motivo del Día Nacional de
los Pueblos Indígenas, la organización defensora de los derechos humanos indicó
que ha empezado a solicitar información para saber cómo las autoridades están
investigando las denuncias recibidas
Fuente: www.amnistia.cl
En el contexto del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades a asegurar el respeto y cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Chile. Es de especial preocupación para la organización las denuncias de violencia policial en el contexto de los allanamientos efectuados por fuerzas del orden en diversas comunidades mapuche, principalmente en la comuna de Ercilla. La organización ha iniciado un proceso de solicitud de información a diferentes fuentes para identificar de qué manera las autoridades están haciéndose cargo de investigar y remediar las denuncias de violaciones de derechos humanos en estas situaciones.
“Sólo durante el año 2012, hemos recibido información de diferentes fuentes, denunciando diversas formas de violencia policial en el contexto de dichos allanamientos, que dan cuenta de que hechos de esta naturaleza se estarían produciendo a lo menos una vez al mes”, señaló Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional-Chile.
Los allanamientos se habrían producido en el marco de investigaciones de causas judiciales relacionadas con diversos delitos imputados a personas que habitarían en las comunidades allanadas. Entre las denuncias recibidas se incluyen detenciones arbitrarias, golpizas, uso de gases lacrimógenos, incluso al interior de las viviendas, utilización de balines de goma y metálicos, todo ello causando heridas de diversa gravedad en las personas presentes. Con frecuencia, según las denuncias recibidas, entre las personas afectadas y heridas se cuentan menores de edad, mujeres embarazadas y otras personas que no tienen ninguna relación con los hechos investigados y que dieron lugar al allanamiento.
“Las propias comunidades han señalado que la frecuencia e intensidad de los allanamientos los está haciendo sentir bajo sitio, y que el propósito de los allanamientos sería intimidarlos”, señaló Ana Piquer. “Por ello, Amnistía Internacional hace un llamado urgente a las autoridades a que este tipo de actos no queden impunes. Es imprescindible que denuncias tan graves como éstas se investiguen de manera independiente e imparcial y que quienes resulten responsables sean llevados ante la justicia. En la medida que actos constitutivos de violaciones de derechos humanos queden impunes, no existe ninguna garantía de que dichos actos no se repitan”.
Es deber del Estado mantener el orden público y ejecutar órdenes judiciales, pero estas tareas deben desempeñarse respetando los derechos humanos. En este sentido, Amnistía Internacional está solicitando información acerca de las medidas que las autoridades chilenas están tomando para darle debido seguimiento e investigar estas denuncias.
“Lamentablemente durante este año las declaraciones de autoridades sobre la materia han apuntado a imputar delitos a personas mapuche y anunciar la aplicación – una vez más – de la Ley Antiterrorista, y en ningún caso acerca de las medidas a adoptar para investigar debidamente las denuncias de violencia policial por parte de las comunidades, recordando que los casos de personas mapuche heridas o muertas debieran investigarse de igual forma y con el mismo celo que los casos de policías heridos o muertos en el contexto de los allanamientos.”.
Por su parte, Amnistía Internacional reitera su llamado a las autoridades a avanzar en la tan dilatada reforma a la Justicia Militar, de manera que las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía, sean juzgadas por la justicia ordinaria, a fin de garantizar la debida independencia e imparcialidad.
“Es imprescindible recordar que la solución de fondo del conflicto mapuche, y de otros conflictos de pueblos indígenas en el país, tiene necesariamente que pasar por el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas de Chile, de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indígenas, ambos reconocidos por el Estado de Chile, así como la implementación de las recomendaciones pendientes de la Relatoría Especial de la Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas”, concluye Ana Piquer.
Amnistía Internacional espera que el comienzo del nuevo año mapuche, que inicia en torno al solsticio de invierno, pueda significar un nuevo comienzo en el que se adopten medidas concretas para que tan graves denuncias no sigan en la impunidad, dando así garantías de que no se repitan en el futuro. Asimismo, espera que en este Día Nacional de los Pueblos Indígenas, el Estado de Chile empiece a avanzar en el reconocimiento e implementación efectiva de los derechos humanos de todos los pueblos indígenas de Chile.
Información adicional
Amnistía Internacional ha manifestado preocupación en diversas ocasiones por la creciente criminalización del movimiento mapuche, incluyendo la violencia innecesaria en el control de manifestaciones y en allanamientos durante diferentes investigaciones judiciales, y el uso aparentemente discriminatorio de la Ley Antiterrorista en contra de personas mapuche, además de la necesidad de una reforma plena a la justicia militar chilena para ajustarse a los estándares de derechos humanos.
La mayor parte de estas materias han sido o están siendo objeto de revisión por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Amnistía Internacional ha hecho presente estas preocupaciones al Presidente de la República, Sr. Sebastián Piñera, en más de una ocasión, siendo la última de ellas la carta abierta enviada en marzo de 2012 con ocasión del cumplimiento del primer bienio de su gobierno. Se incluyeron también en el capítulo sobre Chile del Informe 2012 de Amnistía Internacional sobre el estado de los derechos humanos en el mundo.
Además, Amnistía Internacional ha incluido estas materias en la presentación de puntos de preocupación ante el Comité contra la Tortura, para ser tenido en cuenta en la revisión periódica que corresponde al Estado de Chile el próximo año.
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