Así respondió el Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos a
los intentos del Gobierno y empresas salmoneras de continuar con la expansión de
una actividad que “nada tiene que ver con desarrollo y progreso, sino es un
debacle en diversos sentidos”, señalaron; y consideran que planteamientos de
diputado sobre iniciativa de Ley que busca traspasar los proyectos de
pisciculturas de declaración a estudio de impacto ambiental son insuficientes y
no garantizan el fin del racismo socio ambiental y sus efectos negativos en
diversos derechos.
Para el Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos considera que la expansión de pisciculturas de la industria salmonera en diversas zonas de la cordillera en la Región de la Araucanía es absolutamente inviable y que el funcionamiento de más de 30 de estas instalaciones ha causado diversos estragos en diversos puntos de zonas cordilleranas, donde la mayoría de estas plazas se encuentran en las comunas de Cunco, Melipeuco, Curarrehue y Curacautín.
A parte de los impactos propios de estos centros de crianza de incubadoras de ovas y de alevines que luego son trasladadas para el monocultivo industrial intensivo de salmónidos, -peces exóticos carnívoros que han sido introducidos desde el hemisferio norte y que se destina en 98% a la exportación, denuncian que enfrenta una grave consecuencia y que las autoridades no están tomando cartas en el asunto, indicó el Grupo de Trabajo, denunciando que en diversas instalaciones de pisciculturas hay entre un 30 a 40 % de desempleo como consecuencia de su dependencia con los vaivenes de la industria salmonera. “Se ha dicho que este tipo de actividades es progreso y que genera fuentes de empleos, eso es falso y además nada se ha dicho sobre los despidos masivos que se están haciendo, sobre las prácticas antisindicales y los graves problemas que enfrenta la industria”, señala el Grupo.
Para el grupo, esta industria es vulnerable y recuerda que entre el 2007 y el 2010 un ochenta por ciento de los 1.200 centros de cultivo de salmón del Atlántico instalados principalmente en el sur de la región de Los Lagos y Chiloé, cerró y dejó pérdidas por dos mil millones de dólares y veinte mil trabajadores cesantes y que “hoy, tiene una epidemia de piojos que ha dañado gravemente la exportación y por ende la producción de incubación de ovas y crianza de alevines y generando como consecuencia desempleos sobre la mano de obra en las pisciculturas y frente a esto, nada están haciendo las autoridades, ni parlamentarios de los distritos emplazados ni funcionarios gubernamentales para solucionar los problemas sociales a causa de estos despidos, a cuyos trabajadores se les ha impedido que se organicen como sindicatos para velar por sus derechos laborales”, indicó la organización.
Medidas propuestas son insuficientes
Recientemente el Diputado de RN René Manuel García anunció que propondrá una iniciativa legislativa para que proyectos sobre pisciculturas no ingresen por declaración de impacto ambiental sino más bien por estudio, indicando que esto haría que medidas fueran más estrictas. Frente a esto, el grupo por derechos colectivos alertó que esto no cambia gradualmente el panorama, ya que las pisciculturas siempre van a causar impactos y afectarán siempre diversos derechos.
El grupo recordó que los proyectos de pisciculturas no solo se han instalado bajo declaraciones, sino además la gran mayoría se han emplazado en las pocas tierras de las comunidades Mapuche reproduciendo una vez más el racismo socio ambiental y que han vulnerado la legislación indígena. También, recordó que, contradictoriamente a lo planteado por el diputado, el Intendente de la Araucanía, Andrés Molina, suscribió un protocolo de acuerdo durante el 2010 con las empresas salmoneras que ha generado diversas medidas permisivas para las empresas y que la instalación de estas instalaciones afecta diversas actividades, no tan solo porque los animales “no beben el agua ya que tan solo el olor ya resulta desagradable para ellos” como indicó el parlamentario, sino además afecta “el regadío, la agricultura, la tala de bosques al momento de su construcción y toda iniciativa turística familiar y comunitaria”: “¿Se pondría una piscicultura al lado de una iniciativa empresarial turística en Pucón?” Se preguntó el grupo.
Para el Grupo de trabajo por derechos colectivos “la única medida viable es la protección efectiva de las fuentes de agua en la zona cordillerana, el respeto de actividades económicas locales y la protección de los derechos indígenas, no permitiendo nuevos emplazamientos de instalaciones que causan severos e irreparables estragos y reparar a aquellas comunidades afectadas”, sentenció.
Grupo de Trabajo Por Derechos Colectivos
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