La Comisión Ética contra la Tortura entregó el documento en
La Moneda, donde solicitó al Gobierno ratificar convenios internacionales
relacionados con la penalización de este delito y derogar leyes de “impunidad”.
La instancia acusó al Estado de mantener vigente esta práctica durante las
últimas manifestaciones.
Por Narayan Vila
Fuente: radio.uchile.cl
Una carta acompañada por el Informe 2012 de Derechos Humanos, entregaron voceros de la Comisión Ética contra la Tortura en La Moneda, en el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de este delito.
El informe, titulado “La tortura es el miedo a las ideas de los otros”, se elaboró en el marco de la gran cantidad de protestas sociales que se dieron en el país durante 2011 y principios de 2012, entre las que destacan la movilización estudiantil, las demandas de las regiones y el pueblo mapuche y las exigencias de movimientos socioambientales.
Luchas sociales que gozaron y gozan del apoyo de la mayoría de la población y que tuvieron, según el documento, un denominador común: la represión policial, que se tradujo en el uso desmedido de la fuerza y la tortura.
Este último elemento es el que genera más preocupación, según sostuvo Juana Aguilera, presidenta de la Comisión Ética, ya que es el Estado, a través de Carabineros de Chile, quien mantiene vigente la práctica de la tortura.
La vocera emplazó al Gobierno a respetar los compromisos de la Convención Internacional contra la Tortura, que señala que Chile debe instalar un mecanismo nacional de prevención.
En este sentido, la señaló que “si este mecanismo hubiese estado instalado en febrero de 2010, como mandata la norma, no hubiésemos tenido los casos de tortura que se conocieron en 2011 y los que se conocieron a comienzos de 2012 en las protestas de Aysén. Chile está al debe ante la comunidad internacional y ante sus compromisos como Estado en materia de DD.HH. y especialmente en lo relacionado con la prevención, la sanción y la investigación de la tortura”.
El informe pone énfasis en las protestas estudiantiles, donde hubo cientos de personas golpeadas y maltratadas, manifestantes torturados al interior de los buses policiales e incluso muertas, como le pasó a Manuel Gutiérrez en agosto del año pasado, todo bajo un manto de impunidad.
“Lo más llamativo ha sido todo el procedimiento que ha utilizado la policía, no solamente en ese caso, que terminó con el asesinato de Manuel, sino que también en todos los otros casos que buscan la impunidad y ocultar las pruebas del delito. No tenemos sancionados para todo lo que pasó en Aysén, para todo lo que ha pasado con las protestas públicas en Santiago. No olvidemos que los niños que fueron reprimidos en Santiago eran menores de edad. Son muchos los instrumentos jurídicos internacionales que Chile ha transgredido cuando ha utilizado la violencia antes de las manifestaciones”, explicó Juana Aguilera.
El documento consigna que el Estado tortura impunemente, debido a que en Chile no existe la definición de tortura en el ordenamiento jurídico; no está tipificado como delito grave y no se ha implementado el Mecanismo de Prevención contra la Tortura, estipulado en convenios internacionales y ratificado por Chile.
Honorino Angulo, dirigente social de Puerto Aysén, criticó duramente la represión ejercida por Fuerzas Especiales en la zona y culpó al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, de “hacer un estudio” con la población.
En esa línea, el dirigente afirmó que más que Carabineros, es el ministro del interior quien envió a las fuerzas “para hacer un estudio de cuánto es lo que soportaba la gente de Puerto Aysén. Lo que tenemos conocimiento es que llevaban a los carabineros más violentos y por eso los iban a sacar de la institución, todos ellos tenía problema aquí en Santiago y los enviaron allá para ver cuánto podían soportar los habitantes de Puerto Aysén. Eso debe ser repudiado por todo Chile y el mundo, que realicen estudios con ciertas poblaciones, porque estamos alejados. Un repudio a la violencia, venga de dónde venga”.
El informe solicita al Estado derogar las leyes de amnistía de 1978, de Reparaciones del 2004 y la Ley Antiterrorista, además de poner fin al envío de oficiales de las Fuerzas Armadas a la Escuela de las Américas, entre otras exigencias.
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