Seminario evidencia que Ley Longueira profundiza concentración y no asegura sustentabilidad pesquera

Pero el Grupo de Trabajo por la Defensa de los Derechos Colectivos, rechaza la solicitud de asignación de Cuotas pesqueras, aunque sean colectivas, porque “esto avala el proyecto privatizador del patrimonio pesquero tanto de la sociedad chilena como del pueblo mapuche”.

Fuente: www.radiodelmar.cl

Un rotundo rechazo al proyecto de ley de pesca que impulsa el ministro de Economía Pablo Longueira que entrega a perpetuidad los recursos del mar -bienes nacionales de uso público-, a siete familias de industriales pesqueros, fue la demanda que se repitió en la totalidad de los debates del seminario \"Chile y el Mar: la pesca en peligro\" realizado el jueves 7 de junio en el Congreso Nacional en Valparaíso. Según los expositores, el sistema de administración pesquero en Chile, denominado eufemísticamente Límite Máximo Captura por Armador (LMCA), ha generado la sobreexplotación y la monopolización de los recursos por parte del sector industrial, lo cual se agudizará si se aprueba esta iniciativa privatizadora que impulsa el Ministro Longueira.

El seminario organizado por el Centro de Estudios Pesca Sustentable, contó con la participación del senador José Antonio Gómez, los diputados Fernando Meza y Fidel Espinoza, organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero Artesanal, que agrupa a más de cincuenta mil pescadores artesanales del país.

El diputado Fernando Meza aseguró que “en Chile se ha pescado sin límites, depredando los recursos pesqueros porque no existe una regulación seria”. Manifestó su rechazo al proyecto de ley de pesca, que ha centrado la discusión en la entrega de cuotas en beneficio de la gran industria pesquera y afirmó que ha “firmado 230 indicaciones al proyecto de ley. No nos gusta hacer las leyes a espaldas de la gente”, dijo el diputado.

En tanto el senador José Antonio Gómez señaló que \"Chile ha sido depredado en su conjunto\" y que existen ciudades como Tocopilla que tienen la mayor cantidad de polución, pues el país \"solamente está dedicado a mirar los flujos económicos, (...) pero no se vela por la sustentabilidad\".

Agregó que “la Comisión de Pesca y Acuicultura aprobó la idea de legislar el proyecto de ley de pesca a puertas cerradas. El gobierno no ha escuchado a los pescadores, y quiere imponer su visión \"economicista a corto plazo\" por la fuerza del dinero. Pero ya lo dijeron los dirigentes de la Comisión Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero Artesanal: “Ni el mar, ni la pesca se venden”.

En las exposiciones centrales, Miguel Espíndola, del Centro de Estudios de la Pesca Sustentable, afirmó que “en la década del 80, las regulaciones al sector provocaron una monopolización de los recursos pesqueros. Así el grupo Angelini por ejemplo logró poseer el 70% del recurso sardina española, bajo un sistema de libre acceso y producción de bajo costo”.

Explicó que “en dictadura surgió el proyecto de pesca, conocido como Ley Merino, que contemplaba las cuotas individuales transferibles y la licitación de hasta un tercio de los recursos, para la entrada de nuevos actores”. Esta iniciativa no prospero, pero fue recogida en parte por la Ley (corta) de Pesca, promulgada en el 2001 durante el gobierno de Ricardo Lagos, que consagra los derechos históricos de pesca. Esto generó un “colapso de las pesquerías, y la monopolización de los recursos\". Espíndola coloca como ejemplo que “en el 2001 el recurso jurel estaba en manos de 50 armadores, y en el 2012 en siete conglomerados de la industria pesquera”.

Para Espíndola, las causas del deterioro de los recursos se basan principalmente \"en la presión los conglomerados industriales para aumentar las cuotas, y la subestimación de la mortalidad de pesca”.

FUNDO MARÍTIMO

Marco Kremerman, de la Fundación Sol, afirmó que “la democracia está capturada por la elites. Así como ocurre en otros sectores de la economía chilena, el mar también está monopolizado por los grupos económicos. El mar chileno al estar dividido en cuatro macrozonas y tener un alto nivel concentración de la industria, donde siete familias tienen un gran porcentaje de las cuotas de las principales pesquerías, se ha transformado en un verdadero fundo marítimo”.

“Las condiciones de vida, de trabajo y económicas son definidas por la lógica de la hacienda, del patrón de fundo, que hacen y desasen porque las leyes están hechas a la medida y porque realizan todo el lobby para que las instituciones funciones de acuerdo a sus propios intereses”.

Según el economista, “la pesca artesanal vendría siendo el pariente pobre de este fundo marítimo, donde más de 60 mil hombres y mujeres se ven enfrentados a estos grupos económicos que concentran los mercados, ven como el mar es depredado y amenazan la sustentabilidad de los recursos en el mediano plazo, que podría poner fin a su fuente laboral”.

Para Marco Kremerman, “el proyecto de ley de pesca, así como otros del Ejecutivo, como la reforma tributaria, en discusión en el Parlamento, vienen a perpetuar la lógica privada y concentración de la economía chilena. Las cuotas de poder se exacerban o se perpetuán. Es lo que está pasando con los derechos históricos del proyecto de ley de pesca, un derecho heredado por el solo hecho que se capturó hace 20 o 30 años, y se mantiene esa cuota de manera sagrada, cuestión que no corresponde a un país que se dice democrático y da cuenta de instituciones capturadas y que responden a patrones más bien autoritarios”.

Felipe Thomas, del Centro de Estudios Pesca Sustentable, dijo que “el proyecto de ley de pesca apunta al “gatopardimo” cambiarlo todo para que nada cambie. Parece una declaración de buenas intenciones, pero en la práctica no hay nada, no hay un articulado que asegure la sustentabilidad de los recursos. El diagnóstico de las pesquería es devastador, si sigue el modelo de límites máximo de captura por armador va a empeorar y la pesca corre el riesgo de desaparecer”.

Para el expositor, “en la Ley de Pesca debe quedar claro la propiedad de los recursos, que éstos no se entreguen gratuitamente a los industriales – lo que calificó como ilícito-, y que se capture su renta, asociada a la explotación”. En ese sentido, agregó que “es necesario que la sociedad sea retribuida por el uso de los recursos de mar porque son bienes de todos los chilenos. El Estado debe ser imparcial e impermeable a los grupos de presión”.

El diputado Fidel Espinoza criticó la presión que está ejerciendo el ministro Pablo Longueira para aprobar el proyecto de ley de pesca en el mes de julio, y anunció que presentó 102 indicaciones a la iniciativa. “Debe ponerse límite a la concentración de todas las pesquerías, no es posible que los recursos del mar queden en manos de siete familias, una cosa son las patentes y otra es el derecho a usufructuar de los recursos de todos los chilenos. No a las cuotas perpetuas, ni heredadas”, sostuvo el parlamentario.

PUEBLOS INDÍGENAS

El tema de los pueblos indígenas también estuvo presente en esta actividad de análisis de las modificaciones Ley de Pesca que tienden a privatizar los peces. Y en las diversas exposiciones se evidenció que esta Ley no está respetando el derecho internacional indígena expresado principalmente en el Convenio 169 de la OIT.

En el trabajo de grupos además se presentaron dos posiciones. La primera de ellas presentada por la organización Identidad Territorial Lafkenche, en la que resalta la participación de ex alcalde de Tirua, Adolfo Millabur, y que pide “cuotas colectivas” de pesca para las comunidades Lafkenche.

Pero el Grupo de Trabajo por la Defensa de los Derechos Colectivos, rechaza la solicitud de asignación de Cuotas pesqueras, aunque sean colectivas, porque “esto avala el proyecto privatizador del patrimonio pesquero tanto de la sociedad chilena como del pueblo mapuche”. Esta organización y el Colectivo Mapuexpress, además de varias comunidades costeras, exigen que se respete el derecho a consulta que obliga el Convenio 169 y que se defiendan los derechos de “acceso y uso”, más que la asignación de cuotas.