Mientras, la comunidad de Totoral, representada por el
abogado Álvaro Toro, rechazó el proceso de conciliación y exigió que se
ratifique el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, argumentando que
“los derechos vulnerados no son factibles de
avalúo económico, vivir en un ambiente libre de contaminación no tiene
precio”, abogados vinculados a Conapach, están aceptando mitigaciones y
compensaciones económicas, además del pago de sus honorarios por parte de la
compañía brasileña.
Fuente: www.radiodelmar.cl
La Tercera sala de la Corte Suprema no falló hoy sobre la instalación de la Central Termoeléctrica Castilla. El juez Sergio Muñoz, que debe ratificar o rechazar la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que anuló los permisos ambientales a este proyecto industrial, solo se limitó a mantener la inédita oferta de iniciar un proceso de conciliación entre la empresa y las comunidades de la región de Atacama.
En la audiencia los abogados Andrés Jana Linetzky, en representación de CGX Castilla Generación S.A, titular del proyecto, y Pedro Pablo Gutiérrez Phillippi, abogado en representación de OMX Operación Marítima Ltda. (OMX), titular del proyecto Puerto Castilla, presentaron en conjunto su propuesta de compensaciones económicas y mitigaciones ambientales para que las comunidades acepten la construcción de la central a carbón más grande de América Latina
Mientras, la comunidad de Totoral, representada por el abogado Álvaro Toro, rechazó el proceso de conciliación y exigió que se ratifique el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, argumentando que “los derechos vulnerados no son factibles de avalúo económico, vivir en un ambiente libre de contaminación no tiene precio”, abogados vinculados a Conapach, están aceptando mitigaciones y compensaciones económicas, además del pago de sus honorarios por parte de la compañía brasileña.
El recurso de protección presentado en contra de la aprobación ambiental de la central termoeléctrica, fue acogido en primera instancia por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la que dejó sin efecto la calificación asignada por la autoridad de “molesta” del proyecto para dejarlo como “contaminante”, lo que impediría su ejecución, atendido el ordenamiento jurídico actual.
La próxima audiencia quedo fijada para el 24 de julio, cuando La Tercera sala de la Corte Suprema deberá pronunciarse sobre el proceso de conciliación que siguen intentando imponer los abogados empresariales.
MAL MENOR, MAL MAYOR Y PAGO DE COSTAS
Frente a esta propuesta de la Termoeléctrica, los abogados vinculados de la Conapach Ignacio Poblete y Cristian Tapia, y Lorenzo Soto, representando a otro sindicato de pescadores, continúan aceptando parte o el total del proyecto.
El abogado Tapia, quien es también el principal asesor de la presidenta de la Conapach, Zoila Bustamante, señaló en su escrito que sus clientes rechazan el proyecto termoeléctrico, pero están por conciliar por “el mal menor”, el denominado Puerto Castilla.
“La presente solicitud de los pescadores artesanales tiene por objeto conciliar por el ‘mal menor’ denominado Puerto Castilla”. Y “rechazar ‘el mal mayor’ denominado Central Termoeléctrica Castilla”, dice la hoja presentada por Tapia a la Corte Suprema.
Por su parte el abogado Ignacio Poblete también presentó al tribunal una sola hoja en la que pide mitigación ambiental en la que propone “disminución de daños al medio marino por dispersión de residuos industriales sólidos en el embarque y desembarque de minerales”. Además de “encapsulamiento de presión negativa en la correa de acopio”.
Poblete también pide “cursos de perfeccionamiento para pescadores y cursos a los hijos de pescadores en institutos y universidades”. Esto además de un fondo solidario y “pagar las costas incurridas por abogados para poder retirarse”.
En tanto el otro abogado de los pescadores, Lorenzo Soto, también presenta un petitorio de mitigaciones ambientales en base a estudios técnicos independientes, compensación socio-económicas basadas en seguros ambientales, fondo de desarrollo para la pesca artegsanal, compensación directa al sindicato y quienes acrediten actividad pesquera, además de becas de estudio para hijos y nietos de sus representados.
Soto, al igual que Poblete, también precisa que la compañía pague “los costos y honorarios en que ha incurrido o se ha obligado al sindicato y sus miembros con motivo de la litis”.
Mientras esto ocurría, trascendió que varios pescadores estaban en desacuerdo con el papel jugado por estos abogados, y rechazan el proceso de conciliación, por lo que le quitaron su representatividad.
EIKE BAPTISTA QUIERE REPARTIR 8 MILLONES A CADA AFECTADO
El escrito de los abogados la Termoeléctrica también abarca la línea de peticiones de los abogados Tapia, Poblete y Soto. Además de eliminar la segunda unidad de generación eléctrica en base a diésel, y evitar la dispersión de cenizas con cercos más altos y capas de bischofita (sal de magnesio), la empresa contratará seguros por daños en la construcción y se someterá a certificaciones internacionales.
Adelantándose incluso a la decisión de la Justicia, la Termoelectrica Castilla además tiene ya calculada cuanta es el total de los afectados para entregar comenzar a repartirles 8 millones de pesos, más becas para hijos y nietos.
Todo esto va acompañado de la oferta del pago de las costas para los abogados reclamantes.
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