El pasado viernes 22 de junio el ministro Alejandro Vera,
dela Cortede Apelaciones de Temuco, recibió a un grupo de niños y niñas mapuche
para conocer directamente de ellos lo ocurrido dos semanas antes, cuando
Carabineros allanó la comunidad Wente Winkul Mapu. Un recurso de amparo
interpusola Defensoría PenalMapuche haciendo presente la violencia usada en este
hecho por las fuerzas policiales yla Corte, como una de las medidas para mejor
resolver, pidió oír a los niños y niñas afectados.
BOLETÍN PICHIKECHE /
POR COMUNICACIONES ANIDE
Al margen de este testimonio escuchado por el tribunal de alzada, existen dos versiones sobre esa operación de madrugada que condujo el fiscal Luis Chamorro para detener a un joven comunero acusado de participar en el homicidio frustrado de un policía en 2011.
Según el prefecto de Carabineros de Malleco, Iván Vega, sus hombres fueron atacados con palos y hachas, resultando heridos cuatro uniformados. Y de ahí la represión con disparos de escopetas y de bombas lacrimógenas.
El Werken de la comunidad allanada, Daniel Melinao, lo desmiente: “Ellos llegaron violentamente, agrediendo a niños, golpeando a mujeres y disparándole a un anciano. No ha habido ninguna agresión hacia ellos y lo que están haciendo es justificar su violencia”. Fotografías de personas baleadas fueron difundidas por las redes sociales como evidencia.
Según el relato de la comunidad, la institucionalidad del Estado siguió maltratando a los lesionados cuando fueron conducidos al hospital de Collipulli, donde se les declaró “heridos leves” a pesar de la seriedad de sus lesiones. En el caso del Kimche Venancio Montoya, esta condición le fue reconocida más tarde en el Hospital de Victoria, adonde debió ser llevado debido a su agravamiento por los disparos de escopeta que recibió en las piernas. Erick Montoya, de 20 años, hijo del Kimche y objetivo del allanamiento, recibió impactos de perdigones en el cuello, tórax y una pierna, además de una fuerte golpiza y, pese a su estado, fue encarcelado en el presidio de Angol.
Distinto trato recibió el carabinero Miguel Lagos: fue llevado en helicóptero al Hospital de Angol con una contusión provocada por el golpe de un palo en la cabeza.
Reivindicando derechos ancestrales
Unas 30 familias viven en Wente Winkul Mapu. En su mayoría están formadas por parejas jóvenes con sus hijos que comparten con padres y abuelos en viviendas muy modestas. Sus escasas tierras se han ido agotando y, como no tienen otros espacios donde trabajar, muchos se ven obligados a emigrar, aunque sus expectativas afuera tampoco son buenas pues pocos de ellos han podido alcanzar el octavo año de enseñanza básica.
Desde el año 2009 los comuneros vienen reivindicando derechos ancestrales sobre 2.500 hectáreasde terreno que antiguamente ocupaban los caciques Lizama y Naweltripay y que hoy se encuentran en poder de las forestales Mininco, Arauco y Cautín y del particular Juan de Dios Fuentes. No han conseguido nada y, al contrario, “por el hecho de levantar nuestra bandera de dignidad, el 80 por ciento de los hombres de nuestra comunidad están procesados por diversos hechos en los tribunales”, explicaba el Werken Melinao en abril, tras el allanamiento que concluyó en un confuso incidente del que salió herido de muerte del carabinero Hugo Albornoz. Los comuneros insisten en atribuir el fatal episodio a disparos realizados por los mismos agentes del orden, en el marco de un violento allanamiento a la comunidad.
La localidad, ya se ve, sabe de violencias excesivas y esto lo constatabala Cortede Apelaciones Temuco el 16 de diciembre de 2011 en un dictamen referido a otros violentos allanamientos ocurridos el mes anterior, en el cual cuestionaba el “accionar, al aparecer desprovisto de racionalidad” de Carabineros, y disponía que esta institución “deberá abstenerse de realizar actos de violencia contra mujeres y niños y de lanzar bombas lacrimógenas en las patios de las viviendas particulares de la comunidad indígena ya referida”.
Como se recordará, bajo el nuevo contexto generado por la muerte del policía Albornoz, la apelación de Carabineros fue acogida porla Corte Supremaque, en fallo dividido, estableció que “no resulta procedente dar órdenes de carácter general ala Policíaacerca de su conducta futura en hechos que puedan afectar el orden público”.
De allí que el abogado Nelson Miranda, defensor de los mapuche en diversos casos, atribuya ahora a la justicia buena parte de culpa en esta reiteración de la violencia policial.
Responsabilidades y disposición al diálogo
A su vez el Fiscal que condujo éste y otros operativos policiales que suman más y más comunidades violentadas, es cuestionado también e incluso se pide su salida del cargo. Tras el reciente episodio, el Defensor Público Gregory Schubert planteó que “es momento de que el Ministerio Público, en resguardo de los valores del sistema de justicia, evalúe el comportamiento funcionario del Fiscal Luis Chamorro”, por llevar adelante una acción “desproporcionada, en la medida que afectó por igual no sólo a los imputados que el procedimiento buscaba detener, sino que a miembros inocentes de la comunidad, incluidos niños y ancianos que resultaron incluso gravemente heridos”.
Pero la responsabilidad superior en esta situación de abuso de derechos que sufren las comunidades mapuche recae finalmente sobre el Ejecutivo, y de manera directa sobre su Ministro del Interior, encargado del orden público, del actuar de Carabineros y del respeto a los principios humanitarios y de los instrumentos internacionales suscritos por el Estado en materia de derechos de los pueblos originarios y de derechos de los niños.
Así lo entienden los líderes mapuche y el Werken Daniel Melinao, que viajó a Santiago y llegó hastaLa Moneda para entregar una nota escrita exponiendo los graves hechos de violencia acontecidos y la situación de angustia en que viven su comunidad: “Con esta carta repudiamos públicamente los violentos allanamientos y también queremos pedirle una explicación al ministro Hinzpeter por la grave situación que vive la comunidad”. Agregó que esta situación de violencia es única responsabilidad del Gobierno, y también dela Corte Suprema. “Hemos agotado todas las instancias, siempre hemos estado dispuestos a conversar y no hemos sido escuchado, porque son ellos (las autoridades del Gobierno) que no han tenido la capacidad política de responder a nuestras demandas de tierras que son de nuestros antepasados”.
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