Amnistía Internacional presentó ayer la campaña “Presidenta Bachelet, que los derechos humanos no queden en el papel”. Como evento de lanzamiento, autoridades y activistas de la organización asistieron a La Moneda para hacer entrega de la Agenda de Derechos Humanos para Chile (2014-2017), dirigida a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet y que incluyó varios aspectos relacionados a los Derechos de los Pueblos indígenas en Chile.
(Mapuexpress) Seis son los ejes temáticos que promueve Amnistía: Institucionalidad y Derechos Humanos, el fin a la impunidad, Protesta social y derechos humanos, Derechos de los pueblos indígenas, Derechos sexuales y reproductivos y la no discriminación.
En materia de Derechos de los Pueblos indígenas, Amnistía internacional solicita al gobierno chileno “Aplicar adecuadamente el derecho a ser consultados para conseguir su consentimiento previo, libre e informado antes de aplicar medidas legislativas o administrativas que les puedan afectar, incluyendo la revisión de la normativa sectorial que regule, por ejemplo, evaluaciones de impacto ambiental; tomar medidas concretas para facilitar la participación real de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y garantizar que puedan manifestarse públicamente sin temor a represalias”.
“Amnistía Internacional estará trabajando para asegurar que los derechos humanos no se queden en el papel y se conviertan en una realidad. Buscaremos espacios para colaborar en la implementación de las diversas medidas y asegurar que éstas permitan avanzar en la protección de los derechos humanos en Chile. Asimismo, daremos seguimiento continuo a la implementación efectiva y adecuada del programa de gobierno en lo que se refiere a derechos humanos”, menciona Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional- Chile.
En el siguiente enlace se puede acceder al documento completo de Amnistía Internacional y a continuación el extracto del capítulo “Derechos de los Pueblos Indígenas”.
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Derechos de los Pueblos Indígenas
Asegurar el pleno respeto, protección y cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Chile. Si bien Amnistía Internacional celebra que Chile haya votado a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y haya ratificado el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio 169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es fundamental que este reconocimiento sea implementado adecuadamente a nivel nacional. Por ello, es necesario avanzar a lo menos en los siguientes asuntos:
a) Aplicar adecuadamente el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados para conseguir su consentimiento previo, libre e informado antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles.
Tras ratificar en 2008 el Convenio 169 de la OIT y apoyar en 2007 la Declaración ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Chile ha sido incoherente en su aplicación del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y a dar su consentimiento previo, libre e informado sobre las leyes o proyectos de inversión que les afectan. La OIT, el INDH y las comunidades indígenas criticaron en su momento el Decreto 124 de 2009, que regulaba la consulta con pueblos indígenas, en lo que respecta a procesos significativos de toma de decisiones. Por ello, constituyó un avance que éste se dejara de aplicar.
El gobierno del Presidente Piñera dirigió una “mesa de consenso”, cuyo objetivo era generar una nueva normativa de consulta indígena. No obstante, esta mesa terminó sin acuerdo en puntos clave del reglamento, pese a lo cual se avanzó en la aprobación del reglamento. En su momento el relator especial de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas expresó su preocupación por el proyecto de reglamento, especialmente por carecer éste de un enfoque basado en derechos.
La importancia de respetar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y a dar su consentimiento previo, libre e informado, va más allá de un aspecto puramente formal de cumplir con la obligación de consultar. Se ha documentado que el incumplimiento de esta obligación en muchos casos lleva a violaciones de otros derechos humanos y conflictos sociales que podrían haberse evitado. Por lo tanto, será necesario que exista un esfuerzo coordinado del gobierno y medidas claras y consensuadas con los pueblos indígenas en la toma de decisiones de cuestiones que les afecten, para que Chile pueda lograr un cambio real y sustancial en la realización de sus derechos.
El programa de gobierno de la Presidenta Bachelet propone replantear y revisar el derecho a la participación y consulta, consensuar mecanismos en un proceso participativo “a partir de procesos ya encaminados”. Considera adecuar los marcos regulatorios a la normativa del Convenio 169, incluyendo la revisión y eventual modificación – con consulta – del reglamento general de consulta y del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y propone además evaluar un mecanismo de financiamiento para los procesos de consulta.
Adicionalmente, considera expresamente el asegurar la participación de los pueblos indígenas en el futuro debate sobre una nueva Constitución y se compromete con realizar un proceso de consulta para garantizar la participación de los pueblos indígenas en distintos niveles de toma de decisiones, con espacios de autonomía y autodeterminación mediante Estatutos Especiales de Autonomía.
Para Amnistía Internacional, resulta esencial comenzar por revisar a la brevedad la normativa actualmente vigente. Tanto el Decreto 124 como el reglamento que surgió de la fallida “mesa de consenso” en el gobierno del Presidente Piñera, no han cumplido debidamente con la normativa internacional sobre la materia. Es importante que no se dé el proceso por terminado, ni se dé la normativa existente por validada, sino que se debe continuar trabajando con plena participación de los pueblos indígenas, para asegurar que la regulación que se adopte en definitiva cumpla íntegramente con los estándares internacionales.
Con todo, es importante tener presente que la obligación de consultar y de obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas emana de la normativa internacional, por lo que la inexistencia o deficiencia de la normativa interna no puede ser excusa para vulnerar este derecho de los pueblos indígenas, debiendo buscar maneras de cumplir con esta obligación, aun estando pendiente la aprobación de los reglamentos.
b) Revisar además la normativa sectorial que regule, por ejemplo, evaluaciones de impacto ambiental, otorgamiento de concesiones o autorización de otros proyectos de desarrollo, de manera de integrar la consulta indígena a dichos procesos siempre que resulte aplicable.
El Reglamento que regula el sistema de evaluación de impacto ambiental, pese a que debiera estar integrado plenamente a la consulta indígena en todos los casos que sea pertinente, fue tramitado separadamente, sin que sea materia de discusión de la “mesa de consenso” sobre consulta. El propio relator especial de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas hizo presente sus preocupaciones sobre este reglamento. No obstante, fue aprobado sin considerar estas preocupaciones.
No es suficiente aprobar o revisar la normativa interna que se refiera específicamente a la consulta, sino que se debe también revisar la normativa sectorial asegurando que se incorpore la consulta indígena de manera adecuada y siempre que sea pertinente.
El programa de gobierno de la Presidenta Bachelet considera la adecuación de los marcos regulatorios al Convenio 169, incluyendo el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Como se señaló respecto del punto anterior, para Amnistía Internacional resulta fundamental avanzar en esta línea, y no sólo respecto del reglamento de consulta propiamente tal, de manera de asegurar que la debida consulta a los pueblos indígenas se realice siempre que sea pertinente y de acuerdo a los estándares internacionales.
c) Tomar medidas concretas para facilitar la participación real de los pueblos indígenas en decisiones que les afectan y garantizar que pueden expresar sus opiniones libre y públicamente y sin temor a sufrir represalias ni violencia, asegurando el pleno respeto a sus derechos humanos.
Un aspecto fundamental en garantizar los derechos de los pueblos indígenas y asegurar que puedan participar de los diferentes procesos de toma de decisiones, es garantizar la posibilidad de manifestarse libre y públicamente para reclamar por los derechos que consideren vulnerados si así lo estiman pertinente, asegurando el pleno respeto de todos sus derechos humanos.
Por ello, resulta especialmente preocupante las denuncias de habitantes de comunidades mapuche de ser víctimas de violencia policial reiterada, ya sea en el contexto de allanamientos por investigaciones judiciales penales, o en el contexto del control de protestas por sus reivindicaciones territoriales y/o la realización de proyectos de desarrollo.
Durante los años 2012 y 2013, Amnistía Internacional recibió informes de violencia policial en las comunidades mapuche al menos una vez al mes. Algunas de estas comunidades se ven sometidas habitualmente a redadas policiales en el curso de investigaciones judiciales, las que suelen ser violentas y afectan a toda la comunidad. A Amnistía Internacional le preocupa que no se investiguen adecuadamente tales abusos de la policía y que aún no se haya hecho justicia en casos en los que han muerto personas que protestaban. Se reclama también un aparente uso discriminatorio de la ley antiterrorista en contra de personas mapuche, dando lugar a preocupaciones acerca del respeto a las normas del debido proceso.
En esta materia resulta aplicable lo señalado en la sección anterior: Amnistía Internacional reconoce el deber del Estado de hacer frente a eventuales actos delictivos y controlar el orden público, pero debe hacerse siempre respetando los derechos humanos. Amnistía Internacional insisten en la urgencia de adoptar medidas adecuadas para investigar y asegurar que se detenga la violencia policial en las comunidades mapuche. Este es un paso fundamental para asegurar que la tensión del conflicto puede transformarse en un avance hacia la resolución de la problemática más de fondo relacionada con los reclamos de tierra.
El programa de gobierno de la Presidenta Bachelet se pronuncia expresamente sobre estas preocupaciones. Por un lado, señala expresamente el compromiso de no aplicar la Ley Antiterrorista a actos de demanda social indígena. Por otra parte, propone la creación de una comisión de personalidades representativas, que estudiará los casos judiciales en que se haya aplicado la Ley Antiterrorista, investigará denuncias de violencia y abuso policial contra comunidades indígenas (especialmente mapuche y rapa nui) y dará especial atención a las familias indígenas y pequeños parceleros afectados por la tensión del conflicto. De acuerdo al programa, esta comisión, transcurridos 6 meses de constituido el nuevo gobierno, debe proponer propone medidas y recomendaciones para atender esto de manera adecuada.
Amnistía Internacional valora el hecho de que se reconozca expresamente la existencia del problema y la necesidad de abordarlo de manera integral, e insta a que se dé a conocer la manera concreta en que se implementará, y en particular la composición y forma de trabajo de la comisión anunciada.
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