“Los términos militarización, represión y criminalización se convirtieron en parte del lenguaje cotidiano. Un nuevo disfraz de una antigua amenaza se cierne sobre los movimientos populares de la Argentina y de Nuestra América; nos referimos a las grandes empresas (extranjeras y locales), sumadas a los Estados (nacional y provinciales), que determinan las políticas cuyo objetivo es defender la seguridad jurídica e institucional para los capitales, siempre traducidas en inseguridad para los pueblos. En otras palabras, viejos y nuevos verdugos que nos siguen oprimiendo”.
Extedemos la declaración pública de la Unión de Asambleas ciudadanas de Argentina.
Declaración de la Unión de Asambleas Ciudadanas
Desde la Unión de Asambleas Ciudadanas repudiamos la avanzada represiva desde el poder político y económico, expresada en leyes y políticas que tienen como objetivo neutralizar la protesta social y perseguir a los sectores sociales considerados “peligrosos”, de acuerdo a los discursos mediáticos y políticos sobre la “seguridad”, entre los cuales figuramos quienes venimos resistiendo al avance contaminador y depredador de las grandes empresas sobre nuestros territorios.
Los términos militarización, represión y criminalización se convirtieron en parte del lenguaje cotidiano. Un nuevo disfraz de una antigua amenaza se cierne sobre los movimientos populares de la Argentina y de Nuestra América; nos referimos a las grandes empresas (extranjeras y locales), sumadas a los Estados (nacional y provinciales), que determinan las políticas cuyo objetivo es defender la seguridad jurídica e institucional para los capitales, siempre traducidas en inseguridad para los pueblos. En otras palabras, viejos y nuevos verdugos que nos siguen oprimiendo.
En una dinámica que abarca todo el continente, en Argentina se aprobó en diciembre de 2011, con una velocidad sorprendente, una ley antiterrorista (en rigor una modificación al Código Penal, ley 26.734) que promulga un incremento de la escala penal para delitos que tengan por finalidad aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Además, establece que será reprimido con prisión de 5 a 15 años el que directa o indirectamente recolectara o proveyera bienes o dinero a sabiendas de que serán utilizados para financiar un delito con finalidades terroristas.
Si bien el texto de la ley aclara que quedan excluidos de su aplicación los hechos de protesta social que reclamen derechos individuales o colectivos, esta norma es peligrosa porque los conceptos que consagra son imprecisos y arbitrarios y facilitan la aplicación de figuras penales frecuentemente utilizadas para criminalizar la protesta social, como sucede en los casos de resistencia a desalojos, cortes de vías de circulación o actos de protesta en el espacio público. Además, se invierte la carga de prueba ya que deberán ser los líderes sociales los que tengan que demostrar que no son terroristas en los procesos penales. Este tipo de leyes responden a una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como condición para calificar a la Argentina como destino seguro para inversiones externas directas, tal como lo explicitó el bloque oficialista en el parlamento durante su aprobación, “es el costo de pertenecer”. De esta manera, se subordina el derecho a la protesta social a las exigencias impuestas por los organismos financieros internacionales. Es necesario aclarar que esta ley fue aprobada a pesar de las denuncias en su contra que manifestaron la mayoría de las organizaciones populares, los organismos de derechos humanos e incluso periodistas, escritores y funcionarios allegados al gobierno nacional.
En este sentido, la Presidenta de la Nación expresó, en la apertura de las sesiones legislativas de este año, la necesidad de crear una norma contra los cortes que se realizan en el marco de una movilización social en el espacio público, con el propósito de que no alteren la libre circulación. La Presidenta equiparó el derecho a la protesta con el derecho a la libre circulación y se declaró a favor de “que se regule la convivencia” y que “no puede ser que diez personas, por más razón que tengan, corten el tránsito y perjudiquen a miles”. Destacó, a su vez, que el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, fue procesado por haber desalojado un corte en la Panamericana, mientras que a los manifestantes “no les pasó nada”.
Este anuncio presidencial se tradujo en un proyecto de ley oficialista, llamado de convivencia en manifestaciones públicas, conocido como “ley antipiquetes”, en la cual se pretende distinguir manifestaciones legítimas de aquellas que no lo son, diferenciación a cargo del Estado frente a quien se elevan las protestas. Según el proyecto, una manifestación es legítima cuando no impide el normal funcionamiento de los servicios públicos ni obstaculiza totalmente la circulación de personas y vehículos; permite la libre circulación de grupos vulnerables; cuando los manifestantes no cometen delitos previstos en el Código Penal; y cuando es notificada a las autoridades policiales con una antelación no menor de 48 horas.
En esa notificación escrita deben constar los siguientes datos: lugar donde se llevará a cabo, el tiempo estimado, el objeto de la manifestación y el nombre de un manifestante delegado. Según el proyecto, una vez que las autoridades policiales reciben la notificación, otorgan una constancia de recepción y dan aviso al personal civil designado del Ministerio de Seguridad. A su vez, expresa que toda manifestación no podrá ser desalojada por las fuerzas de seguridad sin una mediación obligatoria y previa a cargo de personal civil del Ministerio de Seguridad. Un dato a tener en cuenta es que la mediación no puede extenderse más allá de dos horas, pasadas las cuales se entiende que la manifestación es ilegítima; lo mismo ocurre en caso de que los manifestantes se nieguen a participar de la mediación. En caso de que no se cumplan todos estos requisitos, la manifestación es considerada ilegítima.
A través de este proyecto de ley, que fue duramente criticado desde un amplio arco político y social, se pretende ampliar el control estatal sobre el derecho a la protesta, ya que el Poder Ejecutivo se arroga la facultad de decidir la legitimidad o no de una manifestación social. Es una clara violación del derecho a la protesta, mediada según el proyecto por una notificación y una mediación obligatoria, y de que sean las organizaciones y movimientos sociales los que decidan cuándo y porqué es necesario expresarse y movilizarse en el espacio público. La otra cara de este proyecto, es la impunidad de muchos casos de violencia institucional y represión violenta de manifestaciones, incluyendo asesinatos de manifestantes.
En este contexto represivo en aumento, y a contramano de lo que se dice defender, consideramos como agravante y objeto de preocupación el mantenimiento en su cargo del Jefe del Ejército General César Milani por parte del gobierno nacional, ya que existen sobrados testimonios y pruebas de su vinculación en delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar de 1976.
Estas políticas y leyes criminalizantes son algunas de las expresiones de la represión a nuestras rebeldías que también se manifiestan a través de la actuación de fuerzas públicas y privadas que militarizan los territorios en conflicto, de patotas pagadas por las empresas o pertenecientes a la burocracia sindical que agreden a las comunidades en protestas, de grupos de operaciones especiales de las policías provinciales silenciando a balas a los pueblos, de matones a sueldo de los terratenientes que asesinan a integrantes de comunidades originarias porque se niegan a entregar sus territorios ancestrales, de la gendarmería en las calles para cuidar la tranquilidad de quienes consumen según las lógicas del sistema. Y esa represión se manifiesta también en el gatillo fácil ejercido sobre niños y jóvenes en situación de marginalidad, que ven sus derechos vulnerados por el propio estado y son a su vez, víctimas de las redes de narcotráfico y de delincuencia; en cárceles efectivas para quienes se movilizan en demanda de promesas incumplidas y de posibilidades de sobrevivencia; en cárceles cerradas para los responsables de las redes de trata de personas y para los agresores y asesinos de mujeres; en órdenes judiciales que desestiman derechos humanos y ancestrales; en discursos políticos y mediáticos que descalifican las luchas sociales y las asocian a la delincuencia o al terrorismo. Se trata de un amplio abanico de estrategias desplegadas para eliminar los obstáculos que representan los pueblos organizados ante los avances de un modelo capitalista, colonial y patriarcal.
Repudiamos, muy puntualmente, las represiones fatales sobre pueblos originarios y la prisión de luchadores sociales, en particular la que sufren los trabajadores petroleros de Las Heras, comparada por Osvaldo Bayer con la ejecución de Sacco y Vanzetti.
Frente a esta avanzada represiva en aumento, los movimientos populares tenemos desafíos que crecen día a día, entre los cuales se destaca la consolidación de redes de resistencia que fortalecen nuestras luchas territoriales. Estas redes son nuestra arma más poderosa porque son creadas desde la solidaridad concreta y cotidiana, y permiten enfrentar a empresas, gobiernos y al poder judicial que pretenden avanzar sobre nuestros territorios y la autodeterminación de nuestras vidas a favor de una lógica economicista al costo de más represión y más muertes. Porque se trata de defender la vida, nuestras luchas territoriales y cotidianas, seguirán creciendo empecinadamente, de la mano de nuestro deseo de que la dignidad sea la que guíe nuestra manera de estar en el mundo.
Unión de Asambleas Ciudadanas
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