Gobierno de Bolivia ha iniciado una ola de cacería en contra
de activistas que apoyan la marcha del Tipnis, acusándolos de terroristas y de
ser parte de una red internacional, al más puro estilo de la ultra derecha
chilena y sus políticas represivas bajo la instrumentalización del aparato
público del estado. Preocupante es el desvío que el régimen de Morales ha venido
sosteniendo en materias de derechos humanos, medio ambiente y economía.
Cuando Morales asumió la presidencia en Bolivia, diversos sectores respetuosos de los Derechos Humanos, de Pueblos indígenas, de organizaciones del medio ambiente, de movimientos sociales, aplaudían este logro como un enorme avance a los procesos de descolonización, de levantamiento de los derechos de los pueblos bajo la concepción de un País plurinacional con la matriz de libredeterminación y de nuevas formas de economías con la llamada “revolución agraria”, incluso, con el respeto a los derechos de la “madre tierra” como en diversas ocasiones se han asumido en el discurso, bajo un nuevo proceso constituyente con amplia participación social, sin embargo, preocupante es ver en el presente cómo, de manera progresiva, el gobierno viene alejándose cada vez más a los lineamientos que dieron fundación a su mandato y que se origina en los movimientos sociales.
Durante el 2011, se ha venido imponiendo el proyecto Tipnis, mega carreteras que intervendrían amplias zonas de la amazonía boliviana en el marco del proyecto IIRSA para favorecer a las industrias extractivas y energéticas, en su mayoría transnacionales y que causarían graves impactos a los espacios de vida de comunidades indígenas, atentando contra sus derechos.
La libredeterminación, que se indica en la misma constitución es la matriz de los derechos colectivos y es el derecho de los pueblos a decidir libremente sobre sus formas de vida y desarrollo, consagrado en la declaración de la ONU sobre los derechos de los Pueblos indígenas y en conexiones en el Convenio 169 de la OIT, normas obligatorias al estado boliviano y que han sido invocadas por familias y comunidades amenazadas por el proyecto Tipnis quienes exigen su garantía y respeto, lo que significó masivas movilizaciones durante el año pasado y una dura represión estatal a la protesta social que arrojó incluso asesinatos.
Las justas reivindicaciones de las comunidades indígenas ha tenido la solidaridad de diversos grupos, organizaciones a nivel local e internacional, sin embargo, recientemente, el Gobierno de Bolivia, al más puro estilo de las políticas represivas estatales de Chile ha iniciado un montaje para perseguir y criminalizar a grupos solidarios, lo que ha sido catalogado como “montajes”.
Recientemente, el gobierno boliviano apresó a cuatro activistas de movimientos culturales y artísticos, acusados de cometer actos terroristas en varias ciudades de Bolivia. Son “terroristas con nexos internacionales”, dijo el ministro Carlos Romero. Por su parte señalaban como respuesta: “No son terroristas sino defensores del TIPNIS, retrucaron los compañeros de los detenidos”.
La acción del Gobierno ¿coincidencia con Chile?
Pareciera que la Escuela de Concón en Chile, base militar de estados unidos para la formación de fuerzas armadas locales, no solamente se ha implementado para estrategias represivas y de criminalización en Chile sino, se ha hecho extensiva a países vecinos.
El Ministro de Gobierno Carlos Romero, haciendo una relación en cadena de diversos hechos de violencia contra empresas y luego de “meses de investigación”, señalaba a la prensa: “Esta ola de ataques violentos básicamente configuran actos terroristas dirigidos a grupos de poder económico, con la finalidad de crear terror y por algunas reivindicaciones sociales de esos grupos anarquistas”, explicaba Romero y aseguró que los aprehendidos “tienen nexos internacionales” y “básicamente responden a una estructura organizada”, publicaba BolPress.
Cabe señalar que en esta semana hubo nueve detenidos, de los cuales cinco fueron liberados, y este miércoles fueron presentados a la prensa Henry Segarrundo, Nina Marcia Mancilla, Víctor Hugo Gironda y Renato Vincenti, todos ellos imputados y remitidos a la justicia ordinaria.
Activistas Culturales defensores de los Derechos de las Comunidades
Varios colectivos de izquierda y movimientos culturales del país aseguran que los acusados Zegarrundo, Gironda, Vincenti y Mancilla no son “terroristas” sino conocidos activistas que luchan contra el capitalismo y apoyan la movilización indígena en defensa del TIPNIS.
“Manifestamos nuestra indignación por el allanamiento de sus domicilios, posterior detención y acusación de terrorismo de los compañeros Nina Mansilla Cortez y Henry Zegarrundo. Nina y Henry son activistas sociales y culturales y todos nosotros lo somos; Nina y Henry han participado y participan en la defensa del TIPNIS y todos nosotros lo hacemos; Nina y Henry ejercen su derecho a expresarse libremente mediante la música, la literatura, el teatro, el performance, y todos nosotros lo hacemos; Nina y Henry aportan desde los estudios académicos como muchos de nosotros”, expresaron Virginia Aillón y Humberto Quino, reconocidos poetas y escritores bolivianos, publicaba Bolpress.
Otras fuentes revelaron a este medio que Mancilla (Nina Aruma en el mundo cultural) perteneció a los grupos de estudio de Álvaro García Linera en 2001-2002, cuando estudiaba Sociología en la UMSA.
El colectivo TerritoriosEnResistencia deploró el “abuso de poder” y la “persecución, amedrentamiento y violación de derechos por parte del gobierno de Bolivia y el Servicio de Inteligencia de la Policía”.
Aillón y Quino denunciaron que “el gobierno está criminalizando a quienes pensamos diferente, a quienes ejercemos el elemental derecho democrático de nuestra libre expresión, a quienes nos vestimos diferente, a quienes desde el arte y la cultura nos oponemos a toda forma de discriminación e injusticia”.
En su criterio, “en realidad, el gobierno está criminalizando a quienes rechazamos sus políticas extractivistas y la violación de los derechos de los pueblos indígenas del TIPNIS; a quienes hemos participado en la vigilia de la VIII Marcha indígena; a quienes rechazamos las políticas culturales elitistas y sin embargo organizamos espacios de libre expresión con las únicas armas que tenemos: nuestra creatividad y nuestra creencia férrea e indeclinable en la libertad. No es un delito pensar diferente; no es un delito luchar por los derechos de las trabajadoras del hogar; no es un delito luchar por la justicia…”, publicaba el medio Bolpress.
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