Señalan: “El condenable episodio de violencia en que perdieron la vida el empresario Werner Luchsinger y su esposa, ocurrido el viernes 4 de enero en Vilcún, ha contribuido a agudizar el clima de represión en que viven las comunidades mapuche en diversos sectores de la Región de la Araucanía. El gobierno ha abordado la situación invocando la aplicación de la Ley Antiterrorista y disponiendo el reforzamiento del aparato policial que opera en la zona”.
Fundación ANIDE y la Red de Organizaciones No Gubernamentales de Infancia y Juventud, ROIJ-Chile, observan con preocupación el efecto que ejercerán estas disposiciones sobre las comunidades mapuche. La situación de discriminación, violencia y vulneración de derechos en que ellas viven se agrava por el trato represivo que permanentemente da el Estado de Chile a sus demandas y reivindicaciones. Y son en especial los niños, niñas y jóvenes de estas comunidades en quienes se focaliza el maltrato y el abuso.
Los propios tribunales de justicia, por lo demás, en diversas resoluciones han reconocido los excesos de las instituciones policiales y de sus agentes, y han ordenado a dichos organismos que se atengan a las disposiciones constitucionales y legales en su trato con las comunidades mapuche.
Por otra parte, especialistas y organizaciones humanitarias han advertido nuevamente el efecto violatorio de derechos que facilita la aplicación de la Ley Antiterrorista, que el gobierno invoca ahora para investigar los sucesos ocurridos en Vilcún.
En estas circunstancias, Fundación ANIDE y ROIJ-Chile destacan la responsabilidad y la obligación que tiene el gobierno en la defensa y promoción de los derechos humanos y exigen a las autoridades el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y el respeto de los instrumentos internacionales a las que ha adherido el Estado de Chile, en especial la Convención de Derechos del Niño.
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