Por Geoaustral
Fuente: Ecosistemas
La ilegal convocatoria de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos, bajo la administración del gobierno de Sebastián Piñera, el día 26 de Febrero del 2014, califico de favorable el proyecto de Central Mediterráneo en aguas binacionales del Rió Manso, y con el único fin de beneficiar a sus amigos y socios. Producto de este irregular acto, la ciudadanía local, presento 7 recursos de protección para anular la calificación y sancionar otras violaciones a la ley, cometidas por estos organismos del Estado y la Empresa Mediterráneo propiamente tal. Estas causas, las cuales aun se encuentran en trámites en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, fueron acumuladas en uno solo recurso y corresponde a la Causa Rol 159-2014.
Las ilegalidades cometidas por Comité de Evaluación Ambiental, el Servicio Ambiental de la Región de Los Lagos y la Intendencia Regional, para favorecer la aprobación y calificación de favorable al proyecto de central hidroeléctrica Mediterráneo, están en directa relación con el tráfico de influencias y presión política ejercida sobre los mediocres y permeables servicios públicos locales con competencia ambiental, a través del lobby de Ricardo Bachelet Artigues (primo de la actual presidenta), José Cox Donoso, Roberto Hagemann, Ignacio Guerrero, y otros secuaces, y en general todos socios y amigos de Sebastián Piñera.
En resumen, una vez calificado de favorable el proyecto de Central Mediterráneo por parte de los servicios públicos, la ciudadanía presento varios recursos de protección en contra del Servicio de Evaluación Ambiental y la Comisión de Evaluación presidida por el Intendente, debido a las responsabilidades que les compete al respecto de violaciones a reglamentación ambiental, los derechos ciudadanos y las leyes de la nación. Extrañamente, una vez admitidos a trámite estos recursos en la corte de apelaciones local, la empresa Mediterráneo se hace parte en todos estos recursos y solicita a los magistrados rechazarlos, porque van en desmedro de su aprobado proyecto, e incluso elaboran un formulario tipo, que hace firmar a una centena de campesinos de la cuenca del Puelo (quienes desconocen el destino de lo que han firmado).
Posteriormente, el abogado local que representa a Mediterráneo, toma todas estos formularios, previamente “fotocopiados” repetidas veces, y los ingresa en cada uno de los 7 recursos de protección, con la venia de los magistrados. Pero peculiarmente, estos magistrados, rechazan todas las peticiones de aquellas personas que se hacen parte a favor del recurso.
Debido al peculiar proceder de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en lo relativo a estas causas, que a toda vista beneficia a la empresa Mediterráneo y de quienes han faltado a la ley, el día 5 de junio del 2014, fue ingresada en esta misma corte, una solicitud de Acceso de Información Pública, en base a la Ley N°20.285, donde se pidió en forma específica, informar si los magistrados o funcionarios de esta corte local, se reunieron con los dueños y empleados de la Empresa Mediterráneo S.A., además de solicitar las bases de datos históricas computacionales de los recursos de protección presentados entre el 24 de febrero y 4 de junio del 2014.
Posteriormente, los ministros de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, el día 10 de junio del 2014, y mediante en una escueta nota electrónica, evaden responder a lo pedido en forma detallada y especifica, en base a la Ley de Transparencia N°20285.
La imagen de la derecha corresponde a la respuesta dada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, y en ella se puede visualizar en el primer párrafo, la respuesta dada por el pleno de los magistrados que componen la corte de Apelaciones de Puerto Montt, cuestión que pone en tela de juicio la Transparencia de quienes están obligados a hacer cumplir la ley.
Debido a que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, no ha respondido adecuadamente a la petición ciudadana de acceso a la información, se presenta ante el Consejo para la Transparencia, un Recurso de Amparo contra la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, por faltas a la ley de Transparencia N°20.285.
La imagen de la derecha corresponde a la carátula y primera hoja de las 4 carillas, que conforman el Recurso de Amparo interpuesto, el cual puede ser solicitado al correo
electrónico: treehouse.patagonia@gmail.com
La constitución, la lógica y la ética, indican que aquellos que han recibido la autoridad y atribuciones para velar por la correcta aplicación las leyes de la nación, proteger las garantías y derechos constitucionales de los ciudadanos, deben ser los primeros en cumplir con los principios que rigen los actos de los órganos de la administración del estado, y muy especialmente en lo relativo a la transparencia y el derecho de las personas.
http://mapuexpress.org
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