El Estado de Chile nuevamente rendirá cuentas ante instancias internacionales acerca de la situación de los derechos humanos en el país. Hoy el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, revisará el informe del Estado de Chile, en relación al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El proceso de revisión de este examen permite que organizaciones de la sociedad civil presenten informes alternativos. Amnistía Internacional presentó su propio informe en el que ha manifestado ciertas preocupaciones en relación a diversas materias de derechos humanos.
Amnistía Internacional reconoce que en Chile se han producido cambios y reformas importantes desde que tuvo lugar el último examen del Comité de Derechos Humanos, en el año 2007. No obstante, en la actualidad a la organización le inquieta constatar que siguen existiendo deudas relevantes del Estado de Chile, de cara a los tratados internacionales de derechos humanos.
En primer lugar, Amnistía Internacional lamenta profundamente que Chile aún no haya establecido leyes que garanticen plenamente los derechos sexuales y reproductivos, y siente especial preocupación por la prohibición total del aborto. Esta prohibición persiste a pesar de las diversas recomendaciones formuladas tanto por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas como por otros órganos de la ONU. “Sin embargo, estamos expectantes ante las declaraciones de la presidenta Michelle Bachelet, quien manifestó querer avanzar en la despenalización del aborto en determinadas causales. Si realmente esto se cumple, Chile daría un paso adelante a favor de los derechos humanos de las niñas y mujeres”, menciona Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional- Chile.
Por otra parte, Amnistía Internacional reconoce que, desde el retorno a la democracia, ha habido progresos respecto a la verdad, justicia y reparación por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. No obstante, a la organización le sigue preocupando la existencia de la Ley de Amnistía, por lo que considera que se necesitan más esfuerzos y recursos para poner fin a la impunidad por los delitos cometidos durante el régimen militar.
En particular, Amnistía Internacional siente preocupación por el hecho que aún existen sobrevivientes de la tortura que no han recibido justicia y que no cuentan con el apoyo y la asistencia jurídica del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, como sucede, por ejemplo, con las víctimas de desaparición forzada. Esta situación da lugar a que haya menos investigaciones criminales y condenas en casos de tortura.
En la misma línea, Amnistía Internacional manifiesta su inquietud respecto a que la legislación chilena aún no tiene tipificado el delito de tortura, pese a la brutal y sangrienta historia que tenemos como país respecto a esta cruel práctica. “La organización espera que la promesa hecha recientemente por el Ministro de Justicia, José Antonio Gómez, de tipificar el delito de tortura en Chile, se cumpla y se lleve a cabo conforme a la definición de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, menciona Ana Piquer.
Además, a la organización le preocupan los informes sobre uso excesivo de la fuerza y de los malos tratos por parte de la policía, especialmente en el contexto de las manifestaciones sociales. “La organización contempla con perplejidad la falta de investigaciones inmediatas e independientes destinadas a garantizar que todas las personas sospechosas de ser penalmente responsables de esos delitos, comparezcan ante la justicia, y que las víctimas de violencia policial tengan acceso a una reparación justa”, menciona Ana Piquer.
En esta misma línea, Amnistía Internacional insiste una vez más en la urgente necesidad de reformar la justicia militar, para que violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas armadas o de seguridad sean sometidas a la justicia ordinaria, esto con el propósito de garantizar mayor objetividad, independencia y, en definitiva, un juicio justo.
Por último, Amnistía Internacional siente también preocupación por la aplicación de la actual normativa sobre migración. La organización ha recibido con satisfacción el debate que se está manteniendo actualmente en el Congreso sobre una propuesta de ley sobre migración, y pide al Estado que garantice que el texto propuesto cumpla plenamente las obligaciones internacionales contraídas por el país.
En definitiva, Amnistía Internacional se encuentra expectante ante esta nueva evaluación internacional a la que deberá someterse el Estado de Chile, y espera que las recomendaciones del Comité recojan estas preocupaciones.
Información de contexto
El Comité de Derechos Humanos es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Partes.
Todos los Estados Partes deben presentar al Comité informes periódicos sobre la manera en que se ejercitan los derechos. El Comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones al Estado Parte en forma de “observaciones finales”.
El Comité de Derechos Humanos se encuentra celebrando su 111º periodo de sesiones, del 7 al 25 de julio, en el que considerará los informes correspondientes a los siguientes Estados: Chile, Georgia, Irlanda, Japón, Malawi y Sudán.
Aquí puede revisar el informe completo preparado por Amnistía Internacional: www.amnistia.cl/web/prensa/InformeDDHHparaONU.pdf
http://mapuexpress.org
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