Mencionan en otro punto: “La nueva Consulta Indígena- como enésima vez- , consultará la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas; el Consejo de Pueblos Indígenas; la Agenda para el Desarrollo y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Sin embargo, nos EXCLUYE como pueblos de materias tan relevantes como la creación del Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas; el Ministerio de la Mujer; Reforma al Sistema Electoral, Reforma Educacional y al mismo tiempo nos pasan la aplanadora y la retroexcavadora con la rectificación de Leyes promulgadas durante la administración de la Derecha y que se encuentran actualmente en el tapete por su contradicción y abierta vulneración de los Derechos de los Pueblos Indígenas como la Ley de Pesca, la Ley de Concesiones Eléctricas, entre otras”.
Con respecto al viciado decreto 66 sobre consulta general indígena y el 40 sobre evaluación ambiental, las representaciones dan a conocer lo siguiente: “El gobierno, ha anunciado la Consulta Indígena extremando recursos comunicacionales, pero no dice lo más importante, que constantemente hemos denunciado: el mecanismo que se utilizará es el mismo ilegitimo DS 66 y RSEIA, que no cumplen con los estándares de calidad requeridos. Es de público conocimiento, que este reglamento ha sido rechazado categóricamente. No sólo por los pueblos indígenas sino que también por los organismos de derechos humanos y parlamentarios, que en plena campaña política presentaron requerimientos en la Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional”.
A continuación la declaración,
Julio 2014
EL GOBIERNO DE MICHELLE BACHELET DESPLIEGA UNA POLITICA INDIGENA COMO CONTINUIDAD HISTORICA DEL COLONIALISMO, IMPONIENDO INSTITUCIONES ESTATALES Y NEGANDO EL DERECHO A NUESTRA LIBREDETERMINACION COMO PUEBLO NACIÓN INDIGENA.
La política indígena del Estado chileno, sigue siendo discriminatoria y colonialista que, a través de meros actos administrativos, se permite transgredir derechos fundamentales de los pueblos indígenas, dejando en la impunidad los daños que ha ocasionado la utilización de la reglamentación perversa del Decreto Supremo 124, transmutado hoy en el ilegitimo DS 66 y DS 40 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA).
Las prioridades establecidas en el sacrosanto Programa de Gobierno no reflejan las aspiraciones de los pueblos indígenas. Las llamadas obligaciones de campaña no tienen mayor alcance que los compromisos de un sector indígena vinculados a los partidos políticos de la Nueva Mayoría, cuyo peso político está por debajo de los intereses de una elite cuyo único propósito es incorporarnos a la estructura social, política, cultural y económica hegemónica del Estado Nacional chileno. Este enfoque basado en la exclusión, discriminación y subordinación, solo concibe la relación Estado-Pueblos Indígenas de manera alienante y paternalista que ha servido para el desarrollo de políticas que han terminado en la depredación y apropiación de nuestras tierras, territorio y patrimonio natural.
No confiamos en el Estado chileno y sus autoridades, que no han cumplido con los tratados internacionales de Derechos Humanos y de los PueblosIndígenas, tendientes a proteger y garantizar derechos que han estado en permanente vulneración tanto por el Estado y su oligarquía neoliberal, que sostienen la inequidad y la injusticia social.
El gobierno, ha anunciado la Consulta Indígena extremando recursos comunicacionales, pero no dice lo más importante, que constantemente hemos denunciado: el mecanismo que se utilizará es el mismo ilegitimo DS 66 y RSEIA, que no cumplen con los estándares de calidad requeridos. Es de público conocimiento, que este reglamento ha sido rechazado categóricamente. No sólo por los pueblos indígenas sino que también por los organismos de derechos humanos y parlamentarios, que en plena campaña política presentaron requerimientos en la Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional.
Para los Pueblos Indígenas, durante la administración de Piñera, fue un reto detener gran parte de la institucionalidad que se deseaba implantar utilizando para ello organismos estatales como CONADI. Se logró detener la propuesta de Reconocimiento Constitucional que no nos reconocía, el Consejo Nacional de Pueblos (órgano que se atribuía funciones consultivas y de representación, impidiendo el derecho a la participación política autónoma) y el cambio de CONADI en Agencia neoliberal. A pesar de la fuerte oposición de los Pueblos Indígenas, al final del periodo del Gobierno de la Derecha se promulga de mala forma la reglamentación de consulta (DS66) y la institucionalidad medioambiental indígena (DS40-RSEIA).
El carácter de la política Indígena del Gobierno no es diferente, a lo planteado, por la Presidenta al finalizar su mandato el año 2009. Evidenciando que el nuevo ciclo político no es para los Pueblos Indígenas y que seguiremos sufriendo de la retroexcavadora neo-colonial.
II.- EL ESTADO CHILENO REALIZA CONSULTAS INDÍGENAS SOLO A PROYECTOS DE LEY QUE REFUERZAN LA INSTITUCIONALIDAD ESTATAL A TRAVES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTRARIO A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
No existe la buena fe, cuando en forma unilateral se determina lo que se consultará junto con negar el derecho a la consulta Previa de las medidas administrativas y legislativas que nos afectan bajo el principio de un dialogo genuino, representación de las instituciones ancestrales en un marco de autonomía y participación amplia de los pueblos indígenas. Asimismo, el consenso debe estar libre de manipulaciones políticas y de presiones por medio de la utilización del monopolio estatal de premios y regalías.
La nueva Consulta Indígena- como enésima vez- , consultará la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas; el Consejo de Pueblos Indígenas; la Agenda para el Desarrollo y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Sin embargo, nos EXCLUYE como pueblos de materias tan relevantes como la creación del Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas; el Ministerio de la Mujer; Reforma al Sistema Electoral, Reforma Educacional y al mismo tiempo nos pasan la aplanadora y la retroexcavadora con la rectificación de Leyes promulgadas durante la administración de la Derecha y que se encuentran actualmente en el tapete por su contradicción y abierta vulneración de los Derechos de los Pueblos Indígenas como la Ley de Pesca, la Ley de Concesiones Eléctricas, entre otras.
Sin embargo, estos proyectos fortalecen precisamente lo que es cuestionado por los Pueblos Indígenas. No se asume las demandas de participación política autónoma. Ni menos se potencian los pueblos naciones originarias. Se avanza en un sentido contrario de lo expuesto en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y que defiende la necesidad de reforzar nuestras propias instituciones. Al respecto citamos tres artículos de la Declaración:
Artículo 3: Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.
Artículo 4: Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como los medios para financiar sus funciones autónomas.
Artículo 5: Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez sus derechos a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.
III.- DENUNCIAMOS Y RECHAZAMOS FORMAS CAUDILLISTAS PARA LEGITIMAR LA POLÍTICA INDÍGENA ESTATAL.
Los Pueblos Indígenas no avanzan, por el contrario retroceden y se estancan, si siguen adelante las malas prácticas políticas. Efectivamente, una de las formas que retrata la mala política indígena es aquella que refuerza el aparato burocrático por medio de la partidocracia, de los compadrazgos, y la condescendencia estéril. Ya que esta forma retrograda de entender las políticas indígenas provocan la cooptación indígena, permite negociaciones cerradas y genera elitismos mal concebidos para finalmente erosionar políticas públicas de calidad.
LLAMAMOS A FORTALECER EL PODER AUTONOMO DE LAS COMUNIDADES Y TERRITORIOS, A CONTINUAR LEGITIMANDO NUESTRAS AUTORIDADES ANCESTRALES Y NUESTRAS PROPIAS INSITUCIONES, A MULTIPLICAR LAS ACCIONES DE DENUNCIA DE ESTAS FLAGRANTES MANIPULACIONES, A NO DEJARSE ENGAÑAR YA QUE LOS PUEBLOS INDÍGENAS TENEMOS PODER, POR ESO NOS QUIEREN DOBLEGAR, LOS DIRIGENTES DEBEN OBEDECER Y DEFENDER EL TERRITORIO OPONIÉNDOSE A LAS MEDIDAS QUE SE ESTAN CREANDO PARA QUITÁRNOSLO O DESTRUIRLO.
¡FORTALEZA A LAS AUTORIDADES ANCESTRALES Y PRESOS POLÍTICOS MAPUCHES ENCARCELADOS EN DEFENSA DEL TERRITORRIO ANCESTRAL!
http://mapuexpress.org
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