Este fin de semana, un altercado durante la visita del gobernador Scioli a “Vaca Muerta” escribió otra página en la historia de disputas territoriales en la zona centro de la Provincia de Neuquén en donde avanza la explotación de hidrocarburos no convencionales y la criminalización del Pueblo Mapuche.
Unos días antes de la visita del gobernador Scioli, el gobernador Sapag y el CEO de YPF, Miguel Galuccio, a Vaca Muerta, la comunidad mapuche Campo Maripe, junto con otras comunidades de la Zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche Neuquina, había anunciado que iba a alambrar el perímetro de su territorio comunitario para protegerlo de la invasión y la especulación.
Según sostienen en un comunicado: “No estamos dispuestos a pagar con nuestra vida y cultura, los objetivos de alta producción que anuncian Sapag y Galuccio”. La decisión de alambrar se debe a que según denuncia la comunidad distintas personas -vinculadas al poder político local- se han ido instalando este último tiempo en su territorio y esto va a representar un problema al momento de realizar el Relevamiento Técnico Jurídico Catastral de la Ley Nacional 26.160 (que aun no ha comenzado en la Provincia, a pesar de que la Ley es del año 2006).
El encuentro de la comunidad Campo Maripe con la comitiva oficial terminó con denuncias cruzadas: el gobierno provincial anunció que va a denunciar civil y penalmente a la comunidad por agresiones y por actuar en forma violenta contra los funcionarios.
Por su parte, la comunidad sostiene que al llegar la caravana, los funcionarios ni siquiera saludaron a las autoridades comunitarias, ni pidieron permiso para recorrer el territorio mapuche. Intentaron que Sapag les brindara una audiencia pero la respuesta por parte del gobernador fue ordenar la retirada y, en el proceso, su camioneta aplastó los pies de algunos jóvenes mapuche, por lo que el resto comenzó a golpear el vehículo oficial para que retrocediera. Esto es lo que el gobierno provincial define como “actos patoteriles”.
Hace exactamente un año, distintas comunidades mapuche, junto con la Confederación Mapuche Neuquina y varias organizaciones sociales agrupadas en la Multisectorial de Neuquén contra el fracking ocupaban pozos petroleros en “Vaca Muerta”. Esta acción expresaba el rechazo al acuerdo YPF-Chevron para la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica de “fracking” o “hidrofractura”.
Lo sucedido este fin de semana es parte de esta disputa territorial desatada por el interés económico para la explotación hidrocarburífera del yacimiento “Vaca Muerta”, territorio ancestral de varias comunidades mapuche. Esta disputa obliga a un debate sobre la soberanía de nuestros recursos naturales y la participación popular, pero también nos permite repensar muchas falacias construidas acerca del Pueblo Mapuche.
Es común escuchar que los mapuche se oponen al desarrollo y al progreso y que quieren seguir viviendo en el salvajismo, o por oposición, si se sientan en una mesa de negociación con las empresas y el Estado entonces están perdiendo su cultura y son meros oportunistas con intereses económicos. Ambos argumentos sirven para negar los derechos que este Pueblo tiene sobre territorios que actualmente cobraron valor económico con el avance del modelo extractivista.
Poner en cuestión si son o no “verdaderos” mapuche es el primer argumento.
El más fácil, el más rápido y el preferido de la familia Sapag. No es raro escuchar que “se acuerdan ahora que son mapuche porque les conviene”, que “antes eran criollos”, que “no son una comunidad indígena”.
En muchos lugares de Neuquén se reconoce a las familias como antiguos o primeros pobladores, pero no como comunidades indígenas, porque esto implicaría reconocerles derechos diferenciales plasmados en la Constitución Nacional y en convenios internacionales. De hecho, en muchos casos una comunidad es reconocida por el Estado Nacional pero negada por el provincial, limitando sus derechos y posibilidades de acción política.
Lo que el Pueblo Mapuche está reclamando, y el Estado (tanto provincial como nacional) e YPF parecen no querer entender, es la aplicación del derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado para poder participar y decidir en las actividades que se desarrollen en sus territorios, sobre todo si éstas implican algo tan discutido como el “fracking” que va a afectar directamente la vida de los habitantes de esta zona. Este derecho se encuentra reconocido en convenios internacionales ratificados por nuestro país, pero no se aplica en la práctica concreta, menos en los casos de explotación de hidrocarburos no convencionales.
En estos casos, lejos del reconocimiento de derechos se repite un argumento que ya sostuvo Roca antes de emprender su conquista del supuesto “desierto”: son un obstáculo para el desarrollo de la Nación. Antes las tierras eran necesarias para el desarrollo del modelo agroexportador, ahora para el extractivista, en manos de multinacionales como Chevron. Entonces, frente al planteo mapuche, que no es en contra de la extracción de petróleo, sino de los métodos para su explotación y del riesgo que esto implica para la vida de quienes habitan la zona, se sostiene el fantasma de la desinversión de capitales, un argumento que permite criminalizar las protestas y luchas mapuche.
Los mapuche, por otra parte, explican que no están en contra del progreso, sino de que el mismo se cobre la vida de quienes habitan los territorios. Lo irónico es que el desarrollo y el progreso, tal y como están planteados actualmente en el marco del modelo extractivo y de la mano de empresas multinacionales, implica para las comunidades mayor marginación y pobreza, contaminación, falta de agua, enfermedades y la imposibilidad de seguir desarrollando la crianza de animales, de la que han vivido históricamente. Tal vez todos nos debemos el repensar a qué nos referimos cuando hablamos del tan mentado desarrollo.
Florencia Trentini, antropóloga (UBA) – @flortrentini
http://www.mapuexpress.org/
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