Mientras Viera-Gallo y Vodanovic se inhabilitaron por haber participado en decisiones anteriores sobre temas pesqueros, el TC revisara tres requerimientos: dos presentados por senadores y uno por diputados, los que reclaman que no se haya consultado a los Pueblos Originarios, tal como lo obliga el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que fuera ratificado por el Estado de Chile en 2008. Además, los legisladores aseguran que la nueva Ley de Pesca viola el principio consagrado en la Constitución de la República de igualdad ante la ley, y el de libertad económica, al entregarle a perpetuidad el patrimonio pesquero de la Nación a un grupo de familias de industriales.
Santiago, 02 de Enero de 2013. (Radio del Mar)—Dos ministros del Tribunal Constitucional, José Antonio Viera-Gallo y Hernán Vodanovic Schnake, se inhabilitaron para participar en las discusiones y votaciones que se iniciarán sobre la inconstitucionalidad de la nueva Ley de Pesca, luego que 30 diputados y 11 senadores presentaron sus reclamos acerca de los vicios que contiene este cuerpo legal aprobado hace unas semanas en el Parlamento.
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) sesionó el jueves 27 de diciembre. En esa reunión, donde se acogió formalmente a tramitación los requerimientos de inconstitucionalidad de la Ley Longueira, los ministros Viera-Gallo y Vodanovic no participaron.
Viera-Gallo se inhabilita argumentando que le afecta la causal de implicancia establecida por el artículo 22 de la Ley N° 17.997, por haber emitido un dictamen sobre un asunto de constitucionalidad análogo al sometido a conocimiento del TC en su calidad de senador en el "Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en la consulta formulada por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura acerca de la constitucionalidad del proyecto de ley que establece el Régimen Especial de Pesca", de fecha 6 de abril de 1999.
En tanto, al ministro Vodanovic le afecta la causal de implicancia establecida por el artículo 2 de la Ley N° 17.997, al haber emitido opiniones sobre asuntos análogos al sometido a conocimiento de este tribunal con anterioridad a su designación como Ministro en el 2006, y en virtud de haber sido asesor de organismos gremiales, de la pesca industrial y artesanal de la Región de Aysén , tales como la Federación Gremial de Industrias Pesqueras de la Macrozona X, XI y XII Regiones, Pesquera Salmar Limitada y la transnacional española PescaChile S.A., entre otros.
El TC revisara tres requerimientos: dos presentados por senadores y uno por diputados, los que reclaman que no se haya consultado a los Pueblos Originarios, tal como lo obliga el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que fuera ratificado por el Estado de Chile en 2008. Además, los legisladores aseguran que la nueva Ley de Pesca viola el principio consagrado en la Constitución de la República de igualdad ante la ley, y el de libertad económica, al entregarle a perpetuidad el patrimonio pesquero de la Nación a un grupo de familias de industriales.
Estos requerimientos parlamentarios cuentan con el apoyo de la Alianza Ciudadana por la Defensa del Mar y contra la privatización del Patrimonio Pesquero, coalición integrada por organizaciones sociales, comunidades indígenas, ONGs, pescadores artesanales, estudiantes universitarios y secundarios, y sindicatos de trabajadores.
Pescadores, Pueblos Indígenas y ciudadanía contra Ley Longueira
Frente a la discusión en el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de Defensa de la Pesca Artesanal (CONDEPP), que representa a 50 mil pescadores y sus familias, afirmó que “la Ley de Pesca es inconstitucional porque agudiza el monopolio que hoy existe en la industria pesquera y entrega por ley un recurso que pertenece a todos los chilenos, a cuatro empresas que tendrán licencias por 20 años renovables a perpetuidad”.
Nelson Estrada, presidente de los Pescadores Artesanales del Condepp, señaló que “la pesca artesanal para levantar cabeza necesita que entren nuevos actores al mercado de la pesca. Sólo así tendremos un precio justo por productos”.
En tanto, Jorge Bustos, dirigente de la zona del Bio-Bio afirmó que “esperamos que el Tribunal Constitucional corrija esta mala ley y vele por los intereses de la pesca artesanal y de Chile”.
Por su parte, el médico veterinario Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecoceanos y coordinador de la Alianza por la Defensa del Mar, señaló que “la denuncia ante el TC por la inconstitucionalidad de la Ley Longueira, sumada a los graves vicios en su tramitación, -entre el cual destaca la violación por parte del Ejecutivo y el Parlamento de un convenio internacional y Ley de la República-, evidencia ante el ciudadano de a pié lo espurio de esta ley hecha como traje a la medida de siete familias empresariales".
Cárdenas indicó que "la ley de privatización pesquera refleja lo peor del antidemocrático sistema político chileno, basado en el binominalismo de la Alianza de derecha y la Concertación. Todo esto quedará escrito en la historia de esta ley. Llamaremos a impugnarla mediante la desobediencia civil y a que sea revisada en el próximo gobierno".*****FIN*****
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire