Un aniversario sirve para (re)visar, para analizar qué pasó y qué lecciones se pueden aprender. Por eso retomamos la historia de la IX Marcha Indígena en Bolivia en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isibooro Sécure (TIPNIS) en Bolivia. Esta es la primera entrega.
Por Trabajo colectivo
Fuente: otramerica.com
Los Moré que llegaron a Santa Bárbara para unirse a la Novena Marcha Indígena relataron que en la época de las dictaduras de los 70, uno de los gobiernos de facto llegó con avionetas hasta su territorio, a orillas del gran río Itenez en el departamento del Beni y desde allí arrojaron pequeños regalos destinados a “amansar”, decían, a los Moré. Esto es parte de la larga historia de los pueblos indígenas en Bolivia, una de las formas en que la “gran transformación”[1] de territorios y economías “alternativas”, subsume a éstas al capital, el cual se impone por diferentes vías, –simbólicas, estructurales, “pacíficas” o por lo general violentas, colonialistas, a través de la intervención estatal-, en el proceso de expansión y consolidación de la sociedad de mercado.
La construcción de la carretera por medio del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), en Bolivia, continúa siendo el eje polémico donde diversas posturas políticas han concentrado el debate político. Uno de los argumentos de quienes defienden la construcción de la carretera, sobre todo en áreas urbanizadas como San Ignacio de Moxos, es el del derecho al “progreso” de todas las personas que viven alrededor del trazo carretero. Otros esgrimen la “defensa” de derechos de los vivientes del TIPNIS y las áreas alrededor de la vía, para tener agua, salud educación, que, creen, llegarán con la carretera. Del otro lado, las personas de que participan de la Novena Marcha, aducen que la carretera fue inconsulta desde un inicio y que si aquella se construye, no pasará por el área de concentración máxima de comunidades, por que de ser así destruiría las condiciones de existencia de las comunidades indígenas, ya que permitirá el ingreso de los colonos, ganaderos y empresas de explotación hidrocarburífera. Una desestructuración comunitaria en diferentes niveles, como ya ha sucedido en el área sur que limita con el Polígono 7, proceso etnocida, paradójicamente, sostenido por un gobierno con indígenas en él, que postula el discurso del “vivir bien”.
A medida que avanzamos junto a la marcha, salen a relucir los términos de discusión y las contradicciones dentro de las mismas comunidades del TIPNIS y otras regionales de los 34 pueblos indígenas, que giran en torno al “desarrollo” y el “progreso”, (en el escenario de las diversas acciones determinadas por las dirigencias y organizaciones indígenas, y el gobierno del Movimiento Al Socialismo), que es precisamente lo que queremos visibilizar en esta parte de las reflexiones que surgen en torno a estos dos últimos años de movilización indígena durante el gobierno de Evo Morales.
El XXX Encuentro de Caciques y Corregidores, que se llevó a cabo en Gundonovia en marzo de 2012, decidió asumir la defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure. La Novena Marcha, entonces, fue convocada para iniciarse en abril de este año, si bien los corregidores asistentes habían planteado otras formas de defensa del territorio, ante la decisión del gobierno de anular la Ley 180,-producto de la VIII Marcha realizada el 2011-, que protegía el territorio indígena contra el proyecto carretero-, y aprobar la Ley 222 de Consulta.
"Desarrollo" vs. "territorio": de pobreza y carreteras
En la amplia zona de la amazonía beniana, varios pueblos indígenas habitan todo este territorio conocido desde la colonia como Moxos.
Hace mucho más de 500 años, los cazadores nómadas y recolectores que vivían recorriendo esta calurosa extensión selvática, fueron parte de las civilizaciones acuáticas de los grandes ríos afluentes de la cuenca amazónica que surcan estas llanuras. En los siglos XVI y principios del XVII, los españoles perdieron innumerables hombres y caballos en la búsqueda inútil del Gran Paitití, o El Dorado.
Moxos, en la imaginación colonial, se había convertido en el espacio fuera de toda vida “civilizada”, una región de peligrosos pantanos, de mosquitos, de “indios salvajes”, lejanía en lo más profundo de su significado. Sin embargo, en realidad, las grandes culturas y organizaciones políticas indígenas antes y en los primeros años de la colonia, habían creado todo un mundo donde gestaban sus dinámicas y relaciones entre pueblos, hasta la llegada de los jesuitas quienes instalaron las primeras Misiones a fines del siglo XVII.
Los 26 grupos lingüísticos que mencionan las crónicas, entre los cuales se hallan las lenguas mojas, tsimán y yurakaré[2], fueron absorbidos por la política reduccional, la cual constituyó el primer paso hacia la sedentarización de los diversos pueblos nómadas que, hasta entrado el siglo XVII, habían huido exitosamente de la dominación española.
La vida en las misiones, (reducciones), bajo dirección religiosa, trajo consigo la cría a pequeña escala de ganado vacuno, actividades agrícolas, la evangelización y la creación de los Cabildos Indigenales como forma de concentración de la población y eje organizacional social, cultural y político indígena en cada misión, a la vez también se dio la paulatina, aunque no siempre exitosa, unificación de la lengua. A pesar de la expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII y la abolición de la administración de las Misiones en 1805, éstas dejaron su huella permanente, ya que modificaron la forma de percibir el espacio y la vida cotidiana en los pueblos reducidos, aunque de que algunos de ellos habían decidido vivir libres, fuera de las misiones.
Sin embargo, la rebelión de los indígenas mojeños a la cabeza de Pedro Ignacio Muiba en 1810[3], no fue eliminada de la memoria indígena, como tampoco lo fueron sus tradiciones de organización social, a pesar de las condiciones en que bajo la égida de la nueva nación boliviana, las comunidades pasaron a depender de las autoridades criollas y asumieron la división territorial que se dio a partir de entonces. Los trabajos colectivos forzados y la aparición de los primeros grandes ganaderos en Moxos, señalaron el avance agresivo sobre los territorios indígenas.
La marca del “desarrollo” llegó con la explotación de la quina y luego el caucho a fines del siglo XIX. Empresarios y busca fortunas europeos, comenzaron a llegar para establecerse y formar lazos con las poderosas familias enriquecidas en Santa Cruz y Beni, conformando las élites que construyeron imperios multimillonarios por la explotación de la goma, y controlaron y aún controlan la política en el oriente boliviano[4]. Estos “pioneros” sostenían que las tierras que conquistaron, eran vacías y baldías, cuando en realidad estaban pobladas por indígenas que irían como mano de obra semi-esclava, para trabajar en las barracas gomeras y en otros menesteres precisados por las haciendas.
Las nuevas divisiones políticas republicanas, también afectaron al territorio indígena ya invadido. La provincia Mojos, creada en 1937, a su vez, es un Municipio que se divide en cuatro cantones: San Francisco, San Lorenzo, San Ignacio y Desengaño. Allí crecieron las élites mestizas y blancas, desplazando nuevamente a la población indígena que se asentó en otras comunidades más alejadas, aunque no se fueron totalmente de San Ignacio y, es más, asumieron parte de las nuevas identidades territoriales (ser mojeño –trinitario, mojeño– ignaciano, por ejemplo). En esas primeras décadas del siglo XX, en San Ignacio de Moxos, con la llegada de poderosas familias cruceñas, la identidad ignaciana, adquirió un significado nuevo ligado no con lo indígena, sino con el espacio local, que representaba un centro urbano importante, asumido por estancieros, ganaderos y también por los indígenas[5].
En esta época se asentaron las grandes extensiones latifundistas en Mojos, que es uno de los primeros factores fundamentales que son causa de la pobreza de los pueblos indígenas de la región. La ganadería extensiva no desapareció con la Reforma Agraria de 1953, por el contrario, se consolidó y creció, también a través la apertura de rutas camineras como la de Santa Cruz–Trinidad y el gran impulso estatal al desarrollo capitalista en tierras bajas, creando grandes problemas de fronteras con las comunidades. El segundo gran factor estructural que afecta a las familias indígenas son los asentamientos de campesinos colonos, que durante los 80, por las condiciones económicas en el altiplano andino, llegaron a regiones como el sur del entonces Parque Nacional Isiboro Sécure, (PNIS), generando modificaciones de las comunidades indígenas en sus formas de vida, ya que al sur del Parque, jurisdicción del departamento de Cochabamba, se establecieron cultivos de coca y se abrieron caminos financiados por la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés). En el TIPNIS, ya se han vivido durísimos enfrentamientos entre comunarios y campesinos colonos que en el 2009 terminaron con la muerte de una persona[6]. El tercer factor fue la explotación maderera, como la dada el Bosque Tsimán, lo cual significó una gran afectación para la vida cotidiana indígena, también porque varias familias de las comunidades se vieron inmiscuidas en el tráfico de maderas preciosas, abundantes en dicho bosque.[7]
El desarrollo en oriente, entendido como barraca gomera o como agroindustria e infraestructura, después del 52, afincó su esencia en los tiempos y el espíritu capitalistas y coloniales. En efecto, el estado post–revolucionario, con el dinero estadounidense, aplicó la política agraria que impulsaría la economía capitalista, con la gran meta de crear una burguesía agraria: el sueño desarrollista para ese lejano oriente, a la par que propagandizaba el discurso del mestizaje y lo campesino. En cambio, se logró en tierras bajas, fue empoderar a la hacienda, los pueblos indígenas de tierras bajas no figuraban en estos proyectos.
Si es que se tornaron en uno de los movimientos indígenas más importantes del país, fue por su propio esfuerzo colectivo. Luego de las migraciones en búsqueda de la “Loma Santa”, lugar de paz y tranquilidad, según estos pueblos, el movimiento indígena se reestructuró ya en los años 80 y la gran movilización indígena Tsimán a partir de la defensa de sus bosques y territorio, en 1986, fue parte de un ciclo largo de movimientos indígenas de oriente, que sellaron en definitiva la última parte del siglo XX en Bolivia. Asumiendo su identidad y su derecho a un territorio, los pueblos mojeños, tsimanes y yurakarés del Beni, y los que habitan el ahora Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, TIPNIS, participaron de la primera gran Marcha de 1990, que marcó un hito en la lucha indígena[8]. Si bien las políticas multiculturales, el reconocimiento estatal de los derechos indígenas a través de convenios internacionales como el 169 y la participación de varias Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), habían jugado un papel importante, lo central estuvo definido por la actuación mayoritaria de las comunidades indígenas, quienes a partir de entonces pelearon por la titulación de Tierras Comunitarias de Origen (TCOs), reconocidas en la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria de 1996 y denominadas en la Nueva Constitución Política del Estado aprobada el 2009, Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOCs), a través del llamado “saneamiento de tierras”.[9]
Aunque la palabra “indígenas” generalmente tiende a esconder la diversidad de culturas, formas políticas y organizativas de las civilizaciones que están en tierras bajas, y sus relaciones interculturales, la lucha de los últimos 30 años por identidad y el derecho al territorio, muestran la senda conflictiva recorrida por los 34 pueblos, reconocidos como parte integrante de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB).
La lucha indígena en El Beni y Cochabamba, logró el reconocimiento de tres TCOs (entre otras que existen en otros departamentos): el Territorio Indígena Multiétnico (TIM), el Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI) y el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), afectados los dos primeros por la presencia ganadera y el último fundamentalmente por la presencia de los colonizadores. Esta lucha por el territorio, ha sido sinuosa y contradictoria, en los vendavales “modernizadores” que están cruzados siempre por los elementos colonialistas grandes y minúsculos, como sucedió con el crecimiento de las haciendas ganaderas, la agroindustria y en diferentes medidas, la colonización, que implicó la agresión a los territorios indígenas. Esto sucede también en el caso de grandes proyectos de explotación petrolera y minera dentro de TIOCs, y, el polémico proyecto carretero por la zona núcleo del TIPNIS.
La investigadora Sarela Paz, afirma que con el tema de la construcción de la vía asfaltada por el TIPNIS, se juegan varias historias de tensiones entre dos formas de asumir lo que se conoció como “desarrollo” económico y social, al interior de los mismos pueblos indígenas: la ligada a pueblos que viven en torno a una economía de subsistencia ligada aún a la caza y la pesca, ganadería y agricultura a pequeña escala; y la unida en el sur, al crecimiento de la economía de la coca y todas las políticas de colonización impulsadas por la ideología y políticas estatales post 52.
La pregunta que ahora recorre constantemente a todas las comunidades, es la de cómo discutir y afrontar el “desarrollo”, en un marco nacional donde se vivieron las movilizaciones comunitarias, campesinas e indígenas más grandes e importantes de estos últimos 60 años y posteriormente el primer gobierno indígena, en el que si bien se efectuó un alto porcentaje de saneamiento de tierras beneficiando a pueblos indígenas, y se constitucionalizaron los derechos indígenas y las autonomías indígenas, paradójicamente, se han emprendido varios proyectos modernizantes de infraestructura y explotación petrolera y minera, persistiendo aún las principales causas de desestructuración comunitaria y de agresiones a territorios indígenas.
La consulta, la carretera y las dimensiones de la pobreza
Con la demanda central de la abrogación de la ley 222 de Consulta, y en defensa de la ley 180, la Novena Marcha, inició en la ciudad de Trinidad el pasado 27 de abril. Partió con menos cantidad de participantes que la marcha del año pasado, la gente del Isiboro Sécure tuvo muchas dificultades al negárseles el acceso al combustible para los motores de los botes.
Pero hubo otros dos factores más: primero, por efecto de la crítica interna a la actuación repudiable de una parte de las dirigencias indígenas luego de la VIII Marcha. Las bases de varias regionales no se han hecho presentes por los motivos evidenciados ampliamente por la prensa: los pactos de dirigentes de la CIDOB con el gobernador y el alcalde cruceños Rubén Costas y Percy Fernández. Segundo, por la masiva propaganda y campaña gubernamental pro carretera emprendida por un Evo sonriente que regala poleras, antenas parabólicas, víveres y promesas a las mismas, con éxito en comunidades como Oromomo, del lado norte del TIPNIS[10].
Allí, la prensa oficialista llevada en avionetas por el gobierno, ha hecho varios reportajes sobre la “pobreza indígena” que justificaría la construcción de la carretera y la desaparición del parque, cuyos argumentos son un conjunto de criterios profundamente coloniales, en los que la condición de “pobreza” de muchos de estos pueblos se debería a su carácter de “indígenas”, “sin zapatos” de la “edad de piedra”[11], ¡como si no fuera precisamente el vínculo con lo “moderno”, con la colonización, las haciendas ganaderas y la explotación maderera, lo que los incorpora y sume en la condición de subalternidad y desprecio colonial en la cual viven actualmente! Y la mixtificación continúa, pues se supone que el único nivel de bienestar legítimo es el dado por las formas y el nivel de consumo en las ciudades, y se presume también que la puerta de este “El Dorado” para indígenas se abrirá con una carretera, que aparentemente los llevaría a la modernidad de los “zapatos” y las “postas sanitarias”.
¿Pero qué ofrece la carretera si no más explotación, subalternidad y subordinación? A ciencia cierta, no se sabe si los pueblos indígenas podrán acceder a zapatos y postas sanitarias, pero eso no será lo central ni lo importante de la invasión capitalista, a la que no le importará si en las madereras o en las haciendas, sus semi-esclavos usan zapatos o no, si reciben atención médica, si tienen derechos humanos y laborales o no, sino si aún están dispuestos a trabajar cambio de un jornal mísero. Todo eso mientras la ola colonizadora (la estatal) avanza no sólo sobre el TIPNIS, sino sobre todos los territorios con seres humanos y riqueza natural explotable y productora de valor.
Fruto mismo de esta historia de conquistas territoriales están las conquistas simbólicas y políticas sobre estos pueblos, que ahora enfrentan –y desafían a la sociedad boliviana- un turbulento debate interno en los que todas las fuerzas, tanto las gubernamentales y las sociales, estamos tomando partido: el debate sobre qué es el “desarrollo”, y si la misma pregunta no nos lleva a cuestionar los anhelos, las necesidades y los horizontes de vida que la colonialidad imprimió sobre todos nosotros. La pobreza, por otro lado, tan unida a la trama del discurso desarrollista, parece llevarnos al mismo corredor clausurado, en el que la única forma de “salir” adelante, es alimentar la insaciable maquinaria del capital -a la que llamamos despegue industrial, salto industrial, etc.-, que requiere no sólo consumidores o productores, sino creyentes, masas convencidas de que la única forma de “bienestar”, “dignidad” y “riqueza” es la que el capitalismo y el capital nos imponen. Entonces ¿qué es ser pobre?, ¿es no cumplir con los estándares materiales, políticos, simbólicos y culturales de las clases medias y altas? ¿o es más bien, quedarse sin comunidad, sin posibilidad de reconstruirnos componiendo un mundo y unas relaciones donde lo indígena -así como otras condiciones y propuestas emancipatorias- no sea incorporado para su aniquilación y refuncionalización?
Sin negar las razones asumidas por muchas comunidades para apoyar la vía (trasladar sus productos para insertarse de mejor manera en el mercado, apertura de posibilidad de tener postas sanitarias, educación, etc.), se ha demostrado que la carretera no pasará por el área de mayor concentración de las comunidades. Pero la pobreza es un problema mucho más profundo: en el TIM, – comunidades como El Bermeo y El Algodonal, que se unieron a la marcha, situadas al lado de la carretera central que une centros citadinos como Trinidad y San Ignacio de Moxos, no cuentan con electricidad, agua potable, ni servicios médicos y Bermeo tiene una conexión telefónica para toda la comunidad, más aún, se hallan en constante conflicto por límites con los enriquecidos ganaderos de la zona.
Para muchos que han estado muy en contacto con el área “colla”, de colona y campesina en el “Polígono 7” del TIPNIS o con los centros urbanos, las carreteras y las mismas ciudades, representan un “avance” y “desarrollo” para poder sacar a vender sus productos, (entre ellos la coca), pero los términos están en lucha por su significación, precisamente porque vivir la urbanización y la desintegración comunal (política, cultural, material, etc.), para unos puede ser vista como progreso necesario, acompañado de un lento proceso de renuncia a la identidad indígena. También puede significar la otra dimensión de la “pobreza”: ser “wajcha”, como dicen en tierras altas, no tener comunidad, no tener tierra-territorio, ser huérfano, que es mucho más grave que carecer de zapatos.
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