La falta de acceso a la Tierra y la lucha por una distribución justa y digna. La desaparición progresiva de la vida rural y la lucha por su existencia frente al desplazamiento que hacen depredadores y contaminantes mega industrias. Las exigencias por un medio ambiente libre de contaminación y por el acceso al agua como un Derecho Humano y para todos los seres vivos, son luchas que van por la vida, por la existencia, por el buen vivir, por el bienestar social, por la soberanía y seguridad alimentaria, por los derechos, por la salud, por el respeto a la madre tierra, los derechos de la naturaleza y por la paz.
Imágenes: 1) Pewen – cordillera araucanía – 2) Río Truful Truful – Melipeuco – 3) Columna – marcha del norte llegando a Santiago por la “defensa y recuperación de las aguas” (Foto: Adolfo Romero – RAN)
El día por (o de) la Tierra, 22 de abril, es un día reconocido por diversos sectores políticos, sociales, ambientalistas, de Derechos humanos, estudiantiles, artísticos y culturales de diversos pueblos, preocupados por la vida y existencia del planeta y los impactos que vienen ocurriendo en diversos territorios a causa de prácticas dañinas. Asimismo, ha sido reconocido y declarado oficialmente por organismos internacionales como las Naciones Unidas.
En este día, los movimientos sociales en Chile se están expresando masivamente, con delegaciones provenientes desde diversas regiones, del norte y sur, quienes han convergido en Santiago por las aguas, DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRAL CON RESPECTO A LO QUE OCURRE EN LOS TERRITORIOS, ante la crisis que se vive y la mercantilización de este vital elemento, apropiado indebidamente por corporaciones privadas que la controlan, depredan y contaminan.
LAS AGUAS EN CHILE
El agua es un elemento vital. Puede sonar a lugar común, pero nadie discute la importancia que tiene para el desarrollo de la sociedad. ¿Es el acceso a ella un derecho fundamental de la población?
La mayor parte de los derechos de aguas en Chile está en manos de privados de forma gratuita y a perpetuidad. El Código que norma el uso de los recursos hídricos permite que se regulen de acuerdo al mercado y la Constitución consagra al agua como un bien privado.
Este marco regulatorio ha permitido que diversas actividades de la mega industria se desplacen a la región de la Araucanía e intervengan recursos hídricos ya sea succionando este vital elemento o bien contaminándolo.
Es el caso de la industria forestal y de celulosa, que en el centro sur de Chile tienen más de 3 millones de hectáreas de monocultivos de plantaciones de pino y eucaliptus y que pretende duplicarse, actuando como verdaderas bombas de agua, reemplazando tierras agrícolas, frutícolas, de bosque nativos, espacios fundamentales para la vida, la soberanía alimentaria y el desarrollo de la vida rural.
Las localidades forestales entre el Bio Bio y la Araucanía, a pesar de las abultadas utilidades que perciben las compañías, son lugares donde se concentran los mayores niveles de pobreza. Asimismo, pueblos que son centros medulares de la actividad forestal prácticamente son poblados “fantasmas” y donde existe un notable aumento emigratorio.
Asimismo, decenas de proyectos se emplazan en las zonas cordilleranas buscando captar e intervenir fuentes de agua, tal es el caso de la industria salmonera con múltiples pisciculturas; O bien de corte energética como diversas centrales hidroeléctricas y de geotermia; O la propia expansión de la industria forestal.
A esto se suma la privatización de servicios básicos de agua y alcantarillado con empresas que solo buscan lucro, generando fuertes aumentos de costos en las zonas urbanas y contaminaciones en sectores rurales vulnerables. Lo mismo con descontrolados vertederos en las diversas comunas que contaminan las aguas necesarias para la agricultura y la vida.
Para graficar la situación crítica en la región, entre enero y febrero del 2012, fueron más unas 46.000 personas de zonas rurales las afectadas por la falta de agua y con serios trastornos a su agricultura de subsistencia , hechos que llevaron a establecer un decreto de emergencia agrícola a finales, siendo las mujeres y niños y niñas las más afectadas por estas situaciones.
Como se señalaba, el aspecto más crítico del Código de Aguas de 1981 es que define el agua como “un bien nacional de uso público”, pero al mismo tiempo como un “bien económico, autorizando la privatización del agua a través de la concesión de derechos en forma gratuita y a perpetuidad, no fijando límites a dicha concesión”. Es aquí donde está el problema, ya que deja en entre dicho el uso público del agua dejando el espacio para su usufructo privado lo que ha derivado a diversos mega proyectos, especulaciones y palos blancos que han causado estragos a territorios y al agua.
Hoy, en Chile, el 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas (no devuelven un caudal al río), en el norte, se encuentra en manos de empresas mineras y agroexportadoras, mientras que prácticamente el 100% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos (devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de transnacionales como ENDESA (más del 70 %).
Del total del recurso hídrico existente en el planeta, el 97 por ciento corresponde a agua salada y sólo un 3 por ciento a dulce, sin embargo, sólo un 1 por ciento está disponible para los ecosistemas y el consumo humano y animal. El 2 por ciento restante está congelado en glaciares y Polos. El 20 por ciento de la población mundial carece del agua necesaria para una vida sana y se espera que para el 2025 esta situación afecte a un 30 por ciento de los seres humanos. Hoy, 5 millones de personas mueren al año por enfermedades asociadas a aguas contaminadas.
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