El gobierno Chileno ha venido levantando un viciado procedimiento para establecer una reglamentación con respecto a la consulta en atención al Convenio 169 bajo la denominación “mesa de consenso”, sin cumplir en su implementación con los estándares internacionales de derechos, lo que a la postre ha significado verdaderos voladeros de luces para no asumir su obligación, actuando de mala fe y levantando interlocuciones a su medida, omitiendo las exigencias y sentires de amplias y diversas organizaciones y comunidades que piden que se respeten los derechos.
Asimismo, por otro lado, diversos proyectos continúan emplazándose sobre tierras indígenas y los órganos públicos continúan omitiendo el deber de consultar a pesar que existen varios precedentes en diversas materias que se refieren a esto, donde han surgido otros formas viciadas de implementaciones como ha sido el reglamento SEA y el DL 701.
Más de cien organizaciones indígenas le hicieron saber al gobierno este reciente 21 de marzo, su disconformidad frente a la manera que se ha venido implementando los procedimientos de consulta, señalando: “Somos PUEBLOS ORIGINARIOS UNIDOS (POU), una orgánica indígena nacional, a la cual están ligadas más de 100 organizaciones desde Arica hasta Chiloé, la que nace durante el Encuentro Nacional Indígena de los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2012, organizado por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), para la Consulta sobre la Consulta, como una reacción a la deficiente labor de Marcial Colín, Matías Abogabir y Joaquín Lavin, para organizar y desarrollar dicho evento…”
Agregan: “Como es sabido, la consulta indígena es un mecanismo de diálogo, de negociación entre los indígenas y el Estado cuando éste pretenda dictar una norma, cualquiera sea y que afecte o sea susceptible de afectar los derechos e intereses de los pueblos indígenas. El mecanismo de consulta se aplica a tierras indígenas, medio ambiente, educación, salud, y todos los derechos que se nos reconocen en leyes y tratados. La consulta es un puente hacia el cumplimiento efectivo de nuestros derechos. Mutilar o destruir ese puente nos aleja de los derechos, amenaza y augura nuestra extinción, y genera políticas indígenas ineficientes, sin pertinencia y racistas, situación que ha venido ocurriendo en Chile desde los inicios de la República…”
Como un reflejo de los incumplimientos y de la falta de información previa y libre, con actuaciones de buena fe, las organizaciones ejemplifican: “Es del caso que el día 30 de noviembre, nos percatamos que la mayoría de los hermanos asistentes al Encuentro Nacional ni siquiera habían revisado, leído o bien se les había explicado el complejo contenido de la "propuesta de gobierno" acerca de la Consulta Indígena, la cual fue objetada en numerosos artículos por el Relator sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, Sr. James Anaya, en un informe hecho público el día 29 de noviembre, por vulnerar los estándares del Convenio 169, objeciones motivadas por el envío de esta propuesta por el mismo gobierno de Chile al Relator, y por una denuncia internacional de la Alianza Autónoma de Pueblos Indígenas. Los únicos indígenas que fueron asesorados para ese proceso fueron los de la Región Metropolitana, quienes leyeron y analizaron la propuesta de gobierno, y llegaron con profundos cuestionamientos a la misma…”
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