La muerte de la emblemática Nicolasa Quintremán
en las aguas de la central, reflotan su polémica instalación, sobre la que pesan
diversos incumplimientos del acuerdo amistoso alcanzado hace 10 años entre el
Estado y cuatro mujeres pehuenches ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
Entre otros, la aprobación de una nueva hidroeléctrica en la zona o las
malas condiciones de las tierras entregadas. Como en el caso de la hermana de
Nicolasa, Berta, quien recibió un predio que no tiene agua.
Un cartel con la dirección para llegar a la casa
de la ñaña Nicolasa Quintremán en la entrada del acceso a la comunidad Ralco
Lepoy, recibía el viernes a quienes llegaban a despedirla. Junto al cartel, un
contingente de fuerzas especiales –sin armas a la vista– esperaba por si las
cosas se ponían violentas.
Pero nada pasó. Y el centenar de personas que
caminó al menos una hora acompañando los restos de Nicolasa hacia el cementerio,
vivió una jornada cargada de emociones. Pero “también de mucha indignación
de que ella muriera, porque no fue una muerte natural”, relata José Araya,
del Observatorio Ciudadano.
Los discursos, que en su mayoría fueron en
mapudungún y oficiados por dirigentes mapuches, reflejaban las dudas que levantó
la muerte de la pehuenche de 74 años en las aguas de Ralco, la misma central
contra la que peleó arduamente, convirtiéndose en todo un símbolo del movimiento
mapuche.
La mujer junto a su hermana Berta, movieron
cielo, mar y tierra para detener el proyecto hidroeléctrico de
Endesa aprobado durante el gobierno de Eduardo
Frei tras un intrincado camino, que incluyó presiones directas del
entonces Presidente, y que entre otras cosas terminó con la remoción de tres
directores de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) que se
oponían a su realización.
RALCO Y FREI
Según detalla el historiador Martín Correa,
“hubo una intervención abierta y descarada del Presidente Frei,
personalmente. Tanto la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) como la
Conadi, desecharon el proyecto Ralco porque no cumplía con los requisitos
legales, medioambientales y sociales. Ambas fueron intervenidas por el Gobierno
Central, encabezado por Frei. En el caso de Conadi ‘si no está de acuerdo tiene
que irse’, señaló respecto del entonces director. Y así fue. Y por Lagos en el
caso de Conama, descabezando a sus máximas autoridades y poniendo funcionarios
que aprobaran el proyecto a como diera lugar”.
Según el coautor del libro Territorio y
Comunidades Pehuenches del Alto Bío Bío, eso se explica “por las
vinculaciones directas de funcionarios del gobierno con las empresas implicadas:
el ex ministro del Interior de Frei, Edmundo Pérez Yoma, era presidente del
directorio de Chilectra Metropolitana, empresa vinculada al grupo Enersis, al
igual que Endesa. El Presidente Frei era accionista importante de la empresa
Sigdo Koppers, cuya bandera flameaba en la Central Pangue en su inauguración por
el propio Presidente. Jorge Rosenblut ejercía como subsecretario en el
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, del cual depende la CONAMA, y
luego sería presidente del directorio de Chilectra Metropolitana. Ejemplos hay
muchos, y todos hablan de vinculación entre el poder político y el poder
económico, y de una abierta intromisión de uno en otro para construir centrales
hidroeléctricas en el territorio pehuenche”.
Complementando todo aquello, explica Correa,
“así como en el último año de la dictadura se privatizó Endesa, en el último
día de gobierno de Eduardo Frei, el 10 de marzo del 2000, se despacha el decreto
que otorga la concesión eléctrica para la construcción de la central Ralco –aún
existiendo recursos judiciales pendientes–, último permiso administrativo para
seguir adelante con la obra”.
Pese a la aprobación de Ralco, las hermanas
Quintremán continuaron buscando fórmulas para evitar su instalación. La vía
judicial fue importante, tanto a nivel nacional como internacional. Fue así como
en diciembre de 2002 presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), junto a Mercedes Huenteao, Rosario Huenteao
y Aurelia Marihuan, por graves violaciones del Estado de Chile a la
Convención Americana de Derechos Humanos, cometidos a raíz desarrollo del
proyecto Ralco. Lo que terminó en un acuerdo amistoso con el Estado de Chile en
octubre de 2003.
Pero cuando se firmó este acuerdo Nicolasa ya no
era parte del grupo. Un tiempo antes, negoció directamente con Endesa.
El abogado Álex Quevedo recuerda que “doña
Nicolasa no estaba. En el acuerdo final no aparece porque se bajó. Al final
tiene un drama con su hijo y la pareja de su hijo que la obligaron a negociar
con Endesa”.
Para Martín Correa, “Nicolasa Quintremán era
una mujer de campo, una mujer mapuche, y se convirtió en líder sin haber sido
jamás dirigente, y lo hizo por defender su tierra y la de sus hermanos. Ella se
hizo líder a fuerza de circunstancias, resistiendo a los embates de Endesa y a
las presiones de los gobiernos de Frei y Lagos.
Ella y seis mujeres defendieron
la dignidad de un pueblo entero, el pueblo pehuenche, y si en un momento ella,
su hermana Berta, y las cinco mujeres que resistían se quebraron, fue fruto de
la tremenda presión que sobre ellas se hizo, de Endesa, día a día, del gobierno
y sus agencias, del propio presidente Lagos, que se trasladó en helicóptero a su
ruca a decirle que se tendría que ir sí o sí. A Nicolasa los funcionarios de
Endesa y aquellos pehuenches que la empresa cooptó le tiraban sus camionetas, la
amenazaban, en las noches le tiraban piedras a su casa… Nicolasa resistió cuanto
más pudo”.
Uno de los abogados que llevó el caso, Roberto
Celedón, explica que el acuerdo alcanzado, que contemplaba seis ejes
principales, “permitió levantar el último obstáculo para poner en ejecución
y en marcha a Ralco”.
Y agrega que la negociación con Ralco “es un
caso emblemático internacionalmente, estudiado en las universidades porque dicen
que es la más exitosa que ha tenido un grupo indígena con ningún
Estado”.
Todo, “atendiendo que la voluntad de ellos
era no ser relocalizados, porque eso significó la extinción de dos comunidades,
pero en el contexto en que sólo quedaban pocas familias resistiéndose fue un
buen acuerdo”.
Para Quevedo “como acuerdo es extraordinario,
porque es un verdadero tratado que logran cuatro personas. Desde el punto de
vista económico, las otras familias recibieron en conjunto menos que las cuatro
en cuanto a bienes. Pero además se logró que el Estado se comprometiera ante la
CIDH. Sin embargo, hasta hoy ha sido muy negligente en el cumplimiento de estos
compromisos”.
LA DEUDA
Según explica Roberto Celedón, los
avances del acuerdo “han sido extraordinariamente lentos y,
hasta la fecha, a pesar que ya van a ser 10 años, aún no se cumple íntegramente
todo y en el último tiempo no ha habido contraparte a nivel
gubernamental”.
Y es que si bien hay varios puntos que sí se han
concretado, como la ratificación del Convenio 169 de la OIT o la creación de una
comuna en el sector Alto Biobío, hay varios compromisos que están lejos de
cumplirse.
Así lo refleja un informe enviado en octubre de
2012 al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Santiago Canton, por las cuatro demandantes y el abogado, lo que contrasta
bastante con la información que el Estado chileno entregó al organismo
internacional y que se recoge en el informe Anual de la CIDH relativo a ese
año.
Entre los compromisos adquiridos por el Estado
aún pendientes se encuentra el reconocimiento institucional de los pueblos
indígenas.
Esto, según informaban al CIDH las pehuenches, pese a que se
enviaron proyectos de ley al Congreso durante los gobiernos de Ricardo Lagos y
Michelle Bachelet, pero no prosperaron. En el último caso “por la negativa
de parlamentarios de la actual coalición de Gobierno al empleo de la voz pueblos
indígenas”.
Al respecto, en enero de 2012 el gobierno
informaba a la CIDH que estaba “comprometido con las organizaciones
indígenas del país para avanzar en su reconocimiento constitucional”, para
lo cual se requiere realizar un proceso de consulta.
Un punto muy sensible que no tuvo eco, fue el
relativo al compromiso de impulsar mecanismos que aseguraran la no instalación
de futuros mega-proyectos, particularmente hidroeléctricos, en tierras indígenas
del Alto Bio-bío.
“Como ha sido denunciado, existe un gravísimo
incumplimiento de este punto, toda vez que el Estado de Chile, ha aprobado un
megaproyecto de central hidroeléctrica en el sector del Alto Bio-bío, denominado
Central Angostura”, informaban Quintremán y Marihuan y las dos
hermanas Huenteao.
Paradójicamente, el informe del gobierno señala
que este compromiso “ha sido cumplido”.
En cuanto a fortalecer la participación indígena
en el Área de Desarrollo Indígena (ADI) del Alto Bío Bío, las pehuenches
relataban en 2012 que “a pesar de diversas iniciativas que vienen desde
enero de 2009 y participación de dirigentes indígenas en una mesa de diálogo
convocada por el Gobierno, hasta la fecha no se ha constituido el directorio del
Área de Desarrollo Indígena, por lo que estimamos que el Estado de Chile no ha
cumplido este compromiso”.
Según el co-director del Observatorio Ciudadano,
José Aylwin, “esa área de desarrollo indígena –declarada en 1997– no
funciona, no existe un proceso colectivo que permita fortalecer el desarrollo
indígena. De hecho, según cifras de la Casen 2009, Alto Bío Bío era la comuna
más pobre de Chile, con 45% de la gente bajo la línea de pobreza”.
Además, explica que “lo que hay es una
agricultura familiar empobrecida”, lo que no mejoró con la llegada de
Endesa, “que contrata a 20 personas. Una de sus promesas era generar empleo
y no hay ningún pehuenche. No genera empleos en la zona, los que genera son
mínimos y no son para ellos”.
La versión estatal es que “para el año 2013
se encuentra programada la reactivación del Área de Desarrollo Indígena de Alto
Bío Bío”.
En cuanto a acordar los mecanismos que
permitieran solucionar los problemas de tierras que afectan a comunidades
indígenas del sector del Alto Bío Bío, el Estado señaló ante el CIDH que se
habían comprado tierras a casi la totalidad de las comunidades Pehuenche de la
comuna, y que durante 2011 la Conadi licitó el estudio de preinversión para la
adquisición de tierras en el sector Cajón de Queuco.
Aylwin detalla que se han comprado cuatro
predios, “la mayoría en el valle del Queco y uno en el valle del Biobío. La
información que uno conoce es que igual sigue habiendo en el área un porcentaje
significativo, de 30% o 40%, de las tierras que siguen en manos de particulares
y sigue existiendo conflicto, habiendo reclamaciones de parte de los pehuenches.
Diez años después del acuerdo”.
En cuanto a las medidas tendientes al desarrollo
y preservación ambiental del Alto Bío Bío, que incluyen mecanismos para asegurar
que las comunidades sean informadas, escuchadas y consideradas en el seguimiento
y control de las obligaciones ambientales del proyecto Central Hidroeléctrica
Ralco, fortalecer el desarrollo económico del sector e impulsar fórmulas que
faciliten y mejoren el aprovechamiento turístico de los embalses, las
demandantes son tajantes en su evaluación, ya que señalan que “han sido
incumplidas en términos absolutos, y no existe hasta hoy un mecanismo que nos
permita conocer cómo y qué se fiscaliza respecto del cumplimiento ambiental del
proyecto Central Ralco”.
Agregando que “esto es de especial gravedad
ya que, como ha sido divulgado en los principales medios de prensa nacional e
internacional, la situación de los desplazados por la construcción de la Central
Ralco, es deplorable y constituye un impacto que no fue debidamente evaluado en
el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de este proyecto, existiendo por parte del
Estado de Chile la obligación de imponer a Endesa la obligación de atender y
subsanar todo daño y perjuicio ocasionado a raíz del proyecto. En el mismo orden
de ideas debemos señalar a usted que la operación de los embalses ha generado
graves riesgos a la vida de los usuarios ubicados agua abajo de las presas,
entre los cuales nos encontramos”.
Además, recalcan que “la operación del
embalse Ralco no ha cumplido con su obligación de atenuar las crecidas generadas
por el río Bío Bío, condición ambiental bajo la cual fue aprobado el proyecto.
Con profundo disgusto hemos podido comprobar que, contrariamente a lo acordado
(…) la operación de las centrales ha generado la destrucción de nuestra
identidad cultural y ha coartado el desarrollo turístico de la zona, causando
extrema pobreza en términos tales que ha convertido a la comuna de Alto Bío Bío
en la más pobre de Chile. Es inaceptable que ante la generación de tanta riqueza
exista tanta pobreza”.
El informe del Estado aseguraba a la CIDH que
“el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), durante el año 2012 había
avanzado en el proceso de seguimiento de las obligaciones ambientales del
proyecto”, y solicitaba el pronunciamiento de diversos organismos sobre
varios informes, como la auditoría ambiental independiente realizada en 2010. En
este contexto, se “continúa trabajando en la reunión de los antecedentes y
por ello no dispone aún de resultados finales que se puedan informar a los
municipios y comunidades interesadas”.
En cuanto a las medidas para satisfacer demandas particulares de las familias
afectadas, hay varios puntos pendientes.
Según explica Roberto Celedón, “lo importante
es que el Estado era el garante del acuerdo” y se comprometió velar por el
cabal cumplimiento de las obligaciones asumidas por Endesa para atender las
demandas particulares de las peticionarias.
Un problema que persiste se relaciona con la
calidad de las tierras entregadas en permuta por Endesa. El informe de las
mujeres pehuenches señala que “tampoco el Estado ha cumplido el rol de
garante al cual se obligó”. Principalmente porque “las tierras tienen
graves problemas con la disposición del agua”. Esto, tanto en el sector
Santa Inés, donde se ubican las tierras de Berta Quintremán, como en La Suerte,
donde están las otras mujeres y sus familias.
“El caso más grave afecta a la señora Berta
Quintremán, quien se encuentra impedida, hasta el día de hoy, del uso del
terreno, por el hecho de no tener agua que es un elemento esencial para la
subsistencia y poder desarrollar actividades agrícolas en el predio entregado en
compensación en Santa Inés”, detalla el informe.
La hermana de Nicolasa “ha estado varios años
tratando de encontrar una solución a la carencia de agua en su predio. Ha
informado al gobierno y sostenido múltiples reuniones sobre el tema con sus
funcionarios. Hay incluso informes oficiales de gobierno, de la Comisión
Nacional de Riego, que verifican las quejas de la señora Berta, pero, hasta el
día de hoy, no se ha encontrado ni implementado una solución. La Sra. Quintremán
alega además que debe compensársele por las pérdidas que ha significado no haber
podido ejercer labores agrícolas en su nuevo campo”.
Para Celedón este es uno de los puntos más
graves. “Todo ha sido muy difícil. Con este Gobierno nunca fue posible
reunirse con el ministro de Desarrollo Social. Lavín, Bruno Baranda, Felipe
Kast, ninguno de los tres las recibió nunca, sólo fue a nivel de encargado de
asuntos indígenas”.
Por otra parte, hay un compromiso por parte de
Endesa de la disponibilidad de 1.500 Unidades de Fomento para asistencia
productiva. “Parte de estos recursos fueron entregados a algunos
propietarios de La Suerte, pero de manera inadecuada y en momentos inapropiados,
por lo que se ha pedido que se entreguen en forma directa los recursos. Sin
embargo, Endesa mañosamente trató de entregar estos recursos en forma notarial
siempre y cuando los beneficiarios renunciaran a cualquier otra demanda, lo que
es inaceptable”, detallan las mujeres a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
La conclusión de las pehuenches es tajante:
“Los incumplimientos son múltiples, reiterados y a pesar de haber plena
consciencia de la efectividad de los mismos el Estado de Chile persiste en una
actitud a lo menos negligente”.
VIVIR EN EL BARCO
De las 93 familias afectadas por la llegada de
Ralco, que inundó 90 de sus predios equivalentes a más de 630 hectáreas
–incluido el
cementerio
Quepuca, que sin autorización dejó bajo el agua a sus muertos–, 70 fueron
relocalizadas. Varias llegaron al fundo El Barco, ubicado en los confines de la
cordillera de la VIII Región.
El Barco, según explica el historiador Martín
Correa, es un territorio de “veranada, al cual las familias pehuenches suben
entre los meses de octubre y marzo a la recolección de piñones, buscando el
sustento para el resto del año. Al momento de desalojar a las familias
pehuenches de los lugares donde se hizo la represa, se envió a 38 familias hacia
allá, en circunstancias que ese mismo año don José Rodríguez Marihuan bajó con
su familia porque no cabían las 5 familias que allí vivían. En el fundo El Barco
caen 2 metros de nieve en el largo invierno cordillerano, se mueren los
animales, no hay agua, las familias mapuche no tienen cómo sobrevivir, no hay
leña. Todo eso lo sabía Endesa y lo sabía el gobierno, y aun así enviaron a las
familias pehuenches hacia allá, condenándolas a la pobreza”.
Situación que quedó reflejada en un reportaje
publicado en 2011 por la “Revista Sábado” de El Mercurio, titulado
“Los Pehuenches después de Ralco”.
Correa destaca el rol de la Fundación
Pehuén de Endesa, “que de acuerdo a lo que se convino, apoyaría con
alimentos y materiales a las familias pehuenches por 10 años. Hoy día nadie se
hace responsable por ellos, y de aquello también existía conocimiento. En ese
momento lo importante, para Endesa y para el gobierno, era sacar a las familias
pehenches del cajón del río Bío Bío, y construir a como diera lugar la Central
Ralco”.
Según el historiador, Pehuén fue “creada para
invisibilizar la voz disidente pehuenche a la construcción de Centrales
Hidroeléctricas en el Alto Bío Bío, entregando migajas a través de pequeños
proyectos y trabajos temporales, legitimando la labor de Endesa y del Estado
chileno a través de los discursos del historiador Sergio Villalobos, quien niega
la presencia mapuche en el área, y escondiendo la real situación de las familias
pehuenches, en beneficio de un supuesto desarrollo. Recuerdo la imagen de un
Lonko trabajando de banderero, en los caminos que conducían a la entonces
Central Ralco en construcción. Eso es el desarrollo y modernidad que defendían
la fundación Pehuén, Endesa, y que legitimaba Villalobos”.
En su opinión, “lo que es de la mayor
gravedad es que todo lo que está pasando en el Alto Bío Bío se dijo ya hace
muchos años. Que significaba la muerte del pueblo pehuenche, que era imposible
sobrevivir en el fundo El Barco, que terminadas las faenas los pehuenches que
fueron contratados para construir caminos y obra gruesa quedarían sin tierras y
sin trabajo. La muerte de Nicolasa Quintremán en el lago artificial que se
construyó es la imagen más clara de los resultados para el pueblo pehuenche de
la construcción de Ralco. Nicolasa siempre dijo que hacer Ralco era matar al
río, y con ello a su gente”.
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