Ayer fue el avasallamiento directo, el genocidio perpetrado por los estados chileno – argentino en contra del Pueblo Nación Mapuche con diversas secuelas: reducción, empobrecimiento, colonialismo, esclavitud. En el presente, la territorialidad, no entendida como aspecto simbólico, sino como el soporte material y espiritual para la existencia Mapuche, sigue siendo víctima de políticas con graves consecuencias en términos ambientales, culturales, sociales y económicos.
Territorialmente, podemos observar que la instalación de diversos proyectos industriales y la ejecución de actividades peligrosas para el ambiente y la salud se llevan en lugares donde habitan comunidades.
Esta situación, atenta contra el Pueblo Mapuche en sus Derechos, principalmente en establecer su propio desarrollo contemplado en las normas internacionales de derechos como el Convenio 169 de la OIT y la declaración ONU sobre Pueblos indígenas. Sin embargo continúan multiplicándose proyectos neocolonialistas y así, una multiplicidad de profesionales de diversas áreas, principalmente de las Ciencias Sociales para velar por los intereses empresariales en desmedro de los intereses colectivos de Comunidades.
Por Mapuexpress
En Noviembre del año 1998, organizaciones defensoras de los derechos Mapuche, entre ellas, Konapewman, Kalfulikan, Aukinko Zomo, Meli Folil Küpan y la Casa de la Mujer Mapuche, realizaron una dura crítica a profesionales de la antropología en el marco del tercer congreso de antropología que se desarrolló en la Universidad Católica de Temuco. Allí sostuvieron con una lista en mano a quienes consideraban que habían avalado proyectos avasalladores del territorio y la cultura Mapuche indicando “Consideramos inaceptable la existencia de antropólogos con tendencia colonialista hacia la sociedad Mapuche, quienes han avalado el exterminio etnocida de nuestro Pueblo, como fue en los casos de la construcción de las represas Pangue, Ralco y el Bypass de Temuco”.
Señalaron que en estos y otros casos los profesionales con sus respectivos informes, han provocado daños irreparables para el futuro del Pueblo Mapuche y exigieron al Congreso de antropología y a los colegiados que se pronunciaran sobre esos hechos y establecieran un código de ética. Entre los denunciados se encontraban: Manuel Dannerman y Scott Robinson por el caso hidroeléctrica Pangue de Endesa. Este último a través de un fax desde México realizó sus descargas y reflexiones. Juan Lebert, Daniel Quiroz y Leopoldo Bartolomé por su rol en el proyecto hidroeléctrico Ralco de la misma transnacional Endesa; Y a varios por el caso By Pass de Temuco, incluyendo al antropólogo José del Tránsito Saavedra, donde se realizaron estudios que no valoraron aspectos sociales, culturales, arqueológicos en el lugar y luego, al momento de su ejecución con excavaciones, apareció un cementerio Mapuche de más de 2.500 años intervenido por las obras.
El caso del antropólogo José del Tránsito Saavedra
Llama la atención que desde el año 1998, a modo de ejemplo, el mismo profesional denunciado por el caso By Pass vuelva a repetirse en una serie de denuncias. José del tránsito Saavedra fue identificado como consultor para la transnacional de origen Noruega Sn Power y su proyecto que tuvo en la zona del Maihue – Rupumeika, territorio Williche. En efecto, en enero del año 2008 es denunciado por la dirigente de la comunidad Elsa Panguilef señalando: “Sin autorización ingresan a nuestras tierras, haciéndose los ignorantes, -estas tierras son mapuche- no son tierras fiscales para que ellos vengan y pasen”.
Luego en el año 2006 comienza el proyecto poblacional “Portal San Francisco” que se emplazó sobre tierras Mapuche y que involucró la participación del mismo profesional Saavedra. Allí se señalaba desde las comunicaciones Mapuche. “Este proyecto sin embargo, ante esta necesidad de múltiples familias sin casa, se hace a costa de tierras de comunidades empobrecidas y que sin lugar a dudas causará un gran deterioro cultural, social y de desarrollo. Para más, dicha mega población, para 1.800 viviendas, con más de 9.000 personas que habitarán, “justificará” la expansión de los límites urbanos de Temuco, abarcando una enorme franja de suelo de comunidades”. Dicho proyecto fue aprobado por resolución Exenta Nº 218 el 6 de Septiembre de 2006 en Temuco.
Las participaciones de este profesional en este tipo de proyectos no terminan allí. Un proyecto de piscicultura salmonera en el territorio del Llaima, Comuna de Melipeuco, denominado “Molejones” se intentó imponer en tierras Mapuche a través del Servicio de evaluación ambiental por ingreso de una declaración el año 2012, lo que fue rotundamente resistido por las Comunidades Mapuche del sector: Comunidad Tradicional Juan José Ayenao, Antonio Huilipan, Hilario Lienlaf, Francisco Huenchumil, Maquilef Hueche, Mariano Melillan. En efecto, en una concurrida reunión las comunidades expresaron lo siguiente: “El objetivo de la reunión fue manifestarle y reiterar al SEA (Servicio Evaluación Ambiental), a través de sus funcionario, el total y absoluto rechazo al proyecto Piscicultura Molejones de la empresa Novatec S.A. y el rechazo al informe antropológico presentado por la empresa, que contiene entrevistas descontextualizadas, y de mala fe, teniendo como objetivo crear un clima de desconfianza, y división al interior de las comunidades. Para ello se les solicito a los funcionarios escuchar las personas mencionadas en dicho informe y que se encontraban presente, siendo ellos el Lonko y dirigentes de la comunidad Juan Jose Ayenao”, manifestaron a través de un comunicado con fecha 4 de agosto del 2012. El informe en cuestión, era el antropológico realizado por José del Tránsito Saavedra.
Paralelamente, Saavedra, también participaba para realizar una consultoría al empresario Madrid en su proyecto hidroeléctrico que involucraba las aguas de un trayenko, lugar sagrado Mapuche llamado “Truful Truful” en las cercanías de la localidad de Melipeuco, denominado “Central de pasada el Rincón” y también se denunciaron una serie de irregularidades en el informe antropológico ingresado al SEA, en efecto, el dirigente Mapuche de la zona de Alpehue señaló públicamente en conferencia de prensa en febrero del 2013: “La consultora que está haciendo el levantamiento antropológico, que encabeza don José Saavedra, el antropólogo, él fue a tomar fotografías a la Comunidad, en la Comunidad nuestra Andrés Huenupi, al Aliwen, fue a tomar fotografías al cementerio indígena, le tomó una fotografía al lonko de la Comunidad, que es una persona mayor de más de 85 años, abusando de su enfermedad ya que en esos momentos estaba enfermo y lo hizo pasar a su casa y allí le tomó una foto y eso nos parece grave, nos parece que es una violación al Pueblo Mapuche, una violación a la Comunidad y no se está aplicando el Convenio 169”.
Se multiplican los casos
Casos como los del antropólogo José del Tránsito Saavedra no son aislados. En los últimos años se han multiplicado una serie de proyectos de inversión atentatorios a los derechos de las Comunidades Mapuche, principalmente de corte energéticos como hidroeléctricas o de crianza de monocultivos salmoneros y que ha involucrado la participación como consultores u operadores políticos a una serie de profesionales de las Ciencias Sociales e inclusive a varios profesionales que han actuado como funcionarios públicos dentro de organismos que han tenido como eje los derechos indígenas.
Contrario a lo establecido por las normas internacionales de derechos, como lo estipulado por el Convenio 169 de la OIT, ratificado en Chile desde el 2008, donde estos profesionales, varios de los cuales hacen referencia a que son defensores derechos indígenas, con su ingreso a las comunidades en pro de los intereses empresariales hacen transgresiones directas ya que es el estado y sus órganos públicos son quienes deben ser garantes de manera previa, sin embargo, lo que ha venido ocurriendo, es que son las empresas y sus operadores o consultores quienes ingresan a dividir familias y comunidades a través de políticas de cooptación (negociación o asistencialismo), por lo tanto la buena fe ya no existe y la parte informativa previa, libre, eficaz y sin presión, no se cumple y el consentimiento se limita al actuar empresarial, existiendo responsabilidad directa en este tipo de transgresiones por parte de diversos profesionales cuyo actuar ha sido reiteradamente situado como: Neocolonialista, donde muchas veces, sus informes, buscan avalar la instalación de los proyectos sin que se dimensionen las consecuencias.
Asimismo, casos como el de Christián Cayuqueo, ex Gobernador de la provincia de Valdivia, militante del Partido socialista, y Juan Pablo Álvarez García, antropólogo y ex director del Servicio Nacional de Menores de la Región de los Ríos, son un ejemplo de cómo personas que tuvieron cargos de interés público luego actúan para intereses privados ya que ambos, según denunciaron familias y comunidades, junto al Parlamento de Koz Koz durante el año 2012, realizaron en calidad de consultores, acercamientos con comunidades que serían afectadas por el proyecto complementario a la Central Neltume de la transnacional Endesa-Enel, el de la línea de alta tensión Neltume – Pullinque, que uniría a la Central Pullinque que también pertenece a Enel; y desde ahí al Sistema Interconectado estación Ciruelos. Situación similar es la Jorge Millaquen, militante partido socialista, ex asesor del coordinador de políticas indígenas durante los años 2009 y 2010; Ex Asesor Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas del 2008 al 2009; Ex Asesor Ministra de Planificación (Mideplan) durante el abril del 2007 hasta enero del 2008; Fue jefe de Gabinete de CONADI de marzo del 2006 hasta marzo del 2007, entre otros cargos, quien públicamente da a conocer su perfil de experiencia laboral señalando: “Profesional del área de las Ciencias Sociales y Gubernamentales, con amplio conocimiento y experiencia en: Participación ciudadana, consulta indígena, gestión de políticas públicas; negociación y resolución de conflictos sociales; relaciones comunitarias; alcances jurídico y sociopolítico de la implementación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para pueblos indígenas ratificado por Chile; manejo y coordinación de equipos de trabajos multidisciplinarios”, y hoy, actúa como encargado de Relaciones Comunitarias en RP GLOBAL CHILE (RP El Torrente) con un proyecto hidroeléctrico en la zona de Curarrehue “Pangui”, aprobado este año.
Así, una larga lista de profesionales de las Ciencias sociales está en la actualidad involucrada en una serie de proyectos empresariales sin que se estén resguardando los derechos de las Comunidades. Algunos de ellos son:
- Claudio Ibarrola con operador empresa
- Ximena Alarcon en reunion a nombre de Valle Allipen
- Claudio Ibarrola
Para la Empresa GHD, encargada de levantar Estudio de Impacto Ambiental del Tendido Eléctrico Carén-Melipeuco: Alvaro Gutierrez. Sociólogo y Paulina Araya. Antropóloga
Para la Empresa ENACON/Manuel Madrid. Encargada de presentar Estudio de Impacto Ambiental para la Central de Paso el Rincón y que involucra el lugar sagrado “Truful Truful”: Alvaro Lavoz. Antropólogo. Anteriormente fue José del tránsito Saavedra.
Otro, fue el desempeño de José Marcos Martínez. Antropólogo. Quien realizó el Informe Antropológico para aprobación central de paso Tacura y que fue aprobado el 2008 y que en el presente está con modificaciones y resistido por comunidades del territorio.
Más allá de los nombres señalados y que en su mayoría forman parte de la antropología donde se apelan a los criterios de formación, es importante señalar que estos proyectos, neocoloniales, industriales, dirigidos para el lucro a costa de la depredación e intervención de territorios, también involucra a diversos profesionales de diversas áreas y que con sus participaciones, directa e indirectamente, se hacen cómplices de transgresiones a los derechos colectivos.
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