Por disputa de tierras colono amenaza de muerte a pehuenche en Lonkimay

Según la versión de Marco Cayuqueo, se trata del colono Miguel Depolo, quien provisto de armas de fuegos irrumpió ayer en la mañana al predio que habitantes pehuenche demandan. En la acción delictiva participó un carabinero de civil, quien incluso exhibió su placa, y luego quedó detenido en la Comisaría de Icalma.

Por Elías Paillan, Observatorio Ciudadano.

El particular de profesión abogado Miguel Depolo, junto a otros acompañantes, entre ellos un civil que se identificó como carabinero, irrumpieron ayer en la mañana en el predio que la familia Cayuqueo demanda como propias en el sector La Península de la localidad de Icalma, en la Región de la Araucanía, amenazándolos de muerte.

En contacto telefónico con Marcos Cayuqueo, integrante de la comunidad Pedro Cayuqueo, señaló que el hecho se habría motivado porque a Depolo se le ha solicitado la entrega de las tierras que tenía en arriendo, por contrato suscrito en dictadura, y que caducó el 2008. Sin embargo, “en la madrugada con varios acompañantes votó el cerco que nosotros habíamos hecho”, portando “armas de fuego y uno de ellos vestido de civil, dijo que era carabinero, mostrando su placa”, comentó. Añadió que ellos lograron arrebatarle el arma e hicieron la denuncia a carabineros, quedando éste detenido en la Comisaría de Icalma.

Finalmente, lograron establecer un acuerdo con Depolo para que el abogado retire sus pertenencias del terreno, con plazo que expira este 13 de enero. Integrantes de las comunidades Pedro Cayuqueo, Wenu Kanivante, Icalma Pehuenche, entre otras de la zona, aseguran que estarán atentos al actuar del particular, y que se autoconvocaron en el lugar el próximo 10 de enero.

Marcos Cayuqueo hizo extensiva la invitación a observadores tanto para el día 10 como 13 de enero próximos, a fin de que se garantice la seguridad de las familias y la concreción de la restitución de estas tierras.

Contratos en dictadura de dudosa legalidad

José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano, con quien la familia Cayuqueo se contactó, calificó lo acontecido como de “la mayor gravedad”, aclarando que hechos como los ocurrido en Icalma “tienen como antecedente contratos de arrendamiento de larga duración, cesiones de derecho u otros celebrados en dictadura por particulares inescrupulosos con personas mapuche luego de la división forzada de las tierras comunales indígenas ocurrida durante los ochenta”.

De acuerdo a antecedentes recabados, el particular en este caso alega precisamente derechos basados en contratos de arrendamiento de larga duración celebrados en dictadura. “Contratos que no solo son de dudosa legalidad, sino que además son éticamente reprochables, por cuanto fueron utilizados en esa etapa de la historia del país para apropiarse de tierras de familias mapuche empobrecidas y sin conocimientos jurídicos, en espacios de gran valor turístico, como son las del lago Icalma”, recalcó.

Violencia de particulares con asistencia de carabineros

La violencia de particulares en contra de familias y comunidades mapuche por conflictos por tierra se ha hecho frecuente en el sur en el último tiempo. En un hecho similar ocurrido hace pocas semanas en Traitraico, comuna de Panguipulli, “particulares armados, protegidos por carabineros, destruyeron una vivienda mapuche, y amenazaron a sus moradores en tierras ribereñas al lago Calafquen, también de propiedad legal y ancestral mapuche, usurpadas por particulares en virtud de contratos fraudulentos”, recordó Aylwin.

Por lo mismo, advierte el especialista en derechos humanos y de pueblos indígenas, “estos hechos no solo deben ser condenados categóricamente, sino también investigados y sancionados por la justicia con urgencia. Pues de no ponerse freno a este tipo de hechos abusivos e ilegales, estos podrían repetirse derivando en situaciones de violencia mayor”, subrayó.

“Instamos a las autoridades a analizar los numerosos casos de usurpación de tierras mapuches que ocurrieron en ese periodo a través de estos mecanismos fraudulentos, y proponga mecanismos para poner término a ellos, a fin de reestablecer la propiedad indígena de la que nunca debieron ser privados“, finalizó.

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