vendredi 13 décembre 2013

Senador electo denuncia que Reglamento Ambiental cercena Convenio 169

El parlamentario Alfonso de Urresti, elegido como senador a partir del periodo 2014, anunció que pedirá citar a la Cámara de Diputados a la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, para solicitarle formalmente que revise dicha normativa. El actual diputado en ejercicio, manifestó su “profunda preocupación”, ante la inminente entrada en vigencia del nuevo reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental (SEIA), calificando como “una barbaridad”, las normas que se refieren a la consulta indígena, ya que, a su juicio, “se cercenan todos los derechos que establece el Convenio 169 de la OIT”.

Fuentes: Radio del Mar y Cámara de diputados

urresti

Imagen: Urresti / Foto: Elnavegable.cl

“Por la vía reglamentaria, el Gobierno deroga la Convención de Washington sobre protección de monumentos naturales y parques nacionales, de Basilea, respecto a residuos peligroso y tóxicos, así como el Convenio 169 de la OIT, violando además, la palabra del Estado en el concierto internacional, dijo el diputado De Urresti.

El legislador PS recordó que en 1992 Chile se hizo parte del Convenio de Basilea, que precisamente se ocupa de este tema y que costó más de 10 años sacar adelante el reglamento de manejo sanitario de residuos peligrosos, el cual, salió finalmente el 2004.

La actual norma que obliga el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en estas materias, permite que se cumpla la normativa ambiental, entre ellas, las pocas normas sobre residuos, incluido el reglamento de residuos peligrosos. Con el nuevo reglamento los residuos tóxicos y peligrosos que fueron liberados de pasar por el SEIA, no tendrán Resolución de Calificación Ambiental y, por lo tanto, se liberarán de la fiscalización por la Superintendencia de Medioambiente.

El diputado De Urresti explicó que por esta razón se citará a la Ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, a la Cámara, con el fin de que explique en detalle este tema. De paso, espera que “se postergue su entrada en vigencia a objeto de revisar la normativa y tomar los resguardos pertinentes, para que respete los derechos de la naturaleza y los pueblos originarios”.

El legislador socialista precisó finalmente que en el caso de que el Gobierno no acceda a esta solicitud, mandató al equipo jurídico de la Bancada PS, para que interpongan un recurso de nulidad y, en su caso, una reclamación ante el Tribunal Ambiental.

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