Jorge Nahuel, referente de la zonal Xawunko de la Confederación Mapuche de Neuquén, repasa en diálogo con el OPSur los impactos y conflictos que han causado los últimos veinte años de explotación hidrocarburífera y lo que ha significado el nuevo avance de la frontera petrolera a partir de la explotación de yacimientos no convencionales. La falta de reconocimiento jurídico, la no regularización de sus tierras y la ausencia de aplicación del derecho a la consulta son, a su juicio, los tres pilares de la privación de garantías que viven las comunidades en desmedro de la industria petrolera.
“Hay una política de absoluta impunidad y la principal víctima de esa situación son los Pueblos Indígenas”, sostiene el dirigente mapuche.
-Del relevamiento que hizo el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas en 2012 se desprende que aproximadamente 20 comunidades atraviesan conflictos por la concesión de sus territorios para la exploración y explotación de hidrocarburos o por los impactos que esta actividad. Da la impresión de que en otros momentos la conflictividad estaba más vinculada con la apropiación de tierras por parte de particulares y que en los últimos años ese lugar lo ocupan los proyectos extractivos.
JN: Sí, claro. El primer problema que tenemos los Pueblos Indígenas es con las extractivas, después hay problemas con vecinos, con terratenientes, municipios, empresas o la forestación. El problema principal es con las extractivas, sobre todo porque exige un campo desocupado, libre, y la petrolera entra y necesita que esa tierra sea desocupada, por lo tanto va generando una política de desplazamiento a las buenas o a las malas.
La cuestión de los Pueblos Indígenas y la industria extractiva es un problema global, porque la [frontera] extractiva avanza de manera completamente impune, amparada en las políticas que los Estados han asumido. No hay estrategia de defensa de la soberanía ni tampoco una estrategia para garantizar la seguridad y el ambiente para las generaciones futuras. En el campo indígena hay una normativa excepcional en cuanto a reconocimiento de derechos, pero todos esos avances son letra muerta al lado de la impunidad con que estos grupos económicos, que sostienen el extractivismo, establecen las reglas del juego. Y nos encontramos con este panorama actual, donde de pronto se entrega una concesión sobre un área que está ocupada por comunidades indígenas, pero como previamente a esa comunidad se la despojó de todo lo que sea reconocimiento, no tiene garantías territoriales: no tiene título de propiedad, no tiene personería jurídica, y está siendo cuestionada hasta su propia existencia cultural.
En este caso, el responsable fundamental es el Gobierno Provincial. ¿Por qué el provincial y no nacional? Porque el provincial es el que tiene la competencia, la facultad para reconocer personerías jurídicas, regularizar la tierra y aplicar el Derecho a la Consulta, que son los tres ejes del conflicto. El Gobierno Nacional, por supuesto, tiene la responsabilidad de estar promoviendo un modelo global de explotación y de híper producción, cueste lo que cueste.
-El reconocimiento, las personerías jurídicas, son reivindicaciones permanentes; incluso el relevamiento que ordena la Ley 26.160, que en Neuquén todavía el gobierno debate si aplica o no la norma.
JN: La Ley de Relevamiento Territorial no es una mensura de la tierra, ni la titularización de la tierra, es un paso previo, que es relevar la demanda que los Pueblos Indígenas están planteando desde siempre. Con la realización del relevamiento quedaba claro qué es lo que quieren los Pueblos Indígenas. Sin embargo, se aprobó en el 2006 y recién en 2014 se implementa, pero con un condicionamiento tremendo, porque es una ley que tiene como eje la participación y la consulta, dos principios fundamentales en la normativa indígena. Y ni la consulta ni la participación están garantizadas en la realización del relevamiento, las decisiones políticas las toman Nación y Provincia, y recién en el aspecto técnico hay participación indígena. Es una ley que nació bien pero que se está aplicando de una manera totalmente restrictiva y hoy avanza a pasos muy lentos. El otro condicionamiento que tuvo la ejecución de la ley es que solamente se van a relevar las comunidades que tienen personería jurídica.
-Según la Confederación Mapuche, en Neuquén hoy existen sesenta y cuatro comunidades, ¿la provincia cuántas reconoce?
JN: Cincuenta, porque hace 14 años que no entrega personerías jurídicas, hay catorce comunidades que están reclamando su personería jurídica. Una cosa que no tiene lógica desde ningún punto de vista, porque no se puede negar una personería jurídica; es como que nace una persona y se le
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