En un acto unilateral y arbitrario la Ministra de Desarrollo Social Fernanda Villegas firmó convenio con la Universidad Privada UDP para que hagan de supuestos "observadores" de la polémica "consulta indígena" que pretende imponer ese ministerio. El convenio fue firmado con el Instituto ICSO-UDP. La contratación de "observadores" privados viola los más elementales principios de imparcialidad e idoneidad que debe cumplir la labor de observación en derechos humanos.
El Ministerio de Desarrollo Social, una vez más, impuso una medida arbitraria sin consentimiento previo, libre e informado de parte de los pueblos originarios. El Ministerio de Desarrollo Social no informó previamente, ni cuenta con el consentimiento para introducir a "observadores" privados, menos aun cuando estos no dan garantías
En la práctica el Ministerio busca "avales" académicos para que respalden su cuestionada consulta, y fue a buscarlos a una universidad privada, conocida por lucrar con los temas indígenas. La universidad privada UDP, conocido foco intelectual del bacheletismo neoliberal, tiene un largo historial de actos que afectan derechos de los pueblos indígenas.
El Instituto ICSO-UDP es parte del consorcio privado denominado " Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales e Indígenas" que fuera duramente cuestionado por cientistas sociales mapuche por su elitismo, sesgo racista en la selección de investigadores y la apropiación de millonarios fondos estatales para investigación de materias indígenas, teniendo "escasa relación, compromiso y conocimiento de las diferentes culturas de los pueblos indígenas". (ver declaración)
En el año 2009 la UDP prestó servicios al Ministro Viera-Gallo con "informes en derecho" sobre el Convenio 169, que terminaron alimentando el Decreto 124. En 2011, la misma UDP fue cuestionada por organizaciones indígenas por sus intervenciones ante Mideplan en materia de consulta. (ver declaración)
Mapuche advierten que la Universidad UDP fue uno de centros ideológicos del Decreto 66 que limita las consultas indígenas en Chile. En 2012 y 2013 operadores de la UDP asesoraron la polémica "mesa de consenso" del Gobierno de Piñera , que tuvo como resultado el repudiado Decreto 66, que ahora aplica el Ministerio de Desarrollo Social. Los operadores UDP del Decreto 66 fueron contratados por Conadi en 2014 como "asesores de consulta".
Ahora la Ministra de Desarrollo Social contrata a la misma UDP para que preste servicio de "observadores", a la medida de los intereses del ministerio. Sin consentimiento de los pueblos "observados".
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