Dirigentes indígenas de Santiago Poniente solicitaron a las autoridades que se retiraran de la sala principal de Teatro Municipal. Exigen que se deroguen los decretos supremos 66 y 40.
Por Sergio Benvenutto Palacios
El sábado 6 de septiembre se dio inicio en la Región Metropolitana a la Consulta Indígena propiciada por el gobierno.
De acuerdo al sitio oficial: “La Consulta Indígena es un mecanismo de participación que facilita el diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
En la ocasión mencionada, el Intendente de Santiago Claudio Orrego “llamó a las comunidades a avanzar en el proceso iniciado por el Ministerio de Desarrollo Social, haciendo oír su voz para mejorarlo” (ver noticia).
Conforme al cronograma, hoy sábado 13 de septiembre de 2014 se realizaría en el Teatro Municipal de Maipú la consulta para las comunas de Maipú, Calera de Tango, Cerrillos, Cerro Navia, Estación Central, Isla de Maipo, Lo Prado, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Peñaflor, Pudahuel y San Pedro.
En el Teatro Municipal de Maipú
Y en efecto, muy temprano en la mañana comenzaron a llegar los asistentes, a quienes se recibió con un desayuno.
Posteriormente se pasó a la sala principal, donde se invitó a cada uno a presentarse a través de un micrófono. Entre las autoridades presentes estaban la SEREMI de Desarrollo Social, María Eugenia Fernández; la Gobernadora de la Provincia de Talagante, Graciela Arochas; el Alcalde de Maipú, Christian Vittori, y; el Director de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), Jaime Azúa. Finalizada esta parte, se pasó de la primera a la segunda diapositiva, relativa a la manera en que se había invitado a la consulta.
Y hasta ahí llegó el asunto, al menos en cuanto al programa oficial, porque Yolanda Segura Cayún, werken de la comunidad mapuche de Lo Prado, pidió la palabra y refirió una experiencia reciente tras la que, dijo:
“No podemos ser parte de este nuevo show del gobierno”.
Comunicado público
Con posterioridad leería un comunicado, que señalaba (textual):
Las comunidades Mapuche, asociaciones indígenas y dirigentes del sector Poniente de la Región Metropolitana, que a continuación firmamos, exponemos lo siguiente en torno a la Consulta indígena, a la cual hemos sido convocados:
Kiñe:
Rechazamos el actual proceso de consulta impulsado por parte del Estado chileno, ya que es imposible llevar a cabo un proceso de esta envergadura, teniendo vigente el Decreto supremo 66 y el Decreto supremo 44, ya que las consultas deberían realizarse mediante “Procedimientos apropiados a través de las instituciones representativas de cada pueblo” y de buena fe.
Epu:
Exigimos que se cumplan los estándares internacionales que están adscritos en el Convenio 169 de la OIT en torno a los pueblos indígenas.
Kila:
Exigimos la derogación de los decretos supremos 66 y 44, y exigimos por sobre todo, se respete el principio de buena fe por parte del Estado chileno.
Meli:
Denunciamos las prácticas intervencionistas y la utilización por parte de funcionarios públicos, de las asociaciones indígenas, en espacios tales como mesas regionales, que en nuestra región recae en el Sr. Dagoberto Ramírez. Por otro, rechazamos la asesoría de la Universidad Diego Portales, ya que es u órgano que no es validad por los pueblos indígenas.
Trawun
Tras ella varios dirigentes indígenas hablaron en un sentido similar. La alocución más enfática vino de parte de María Catrileo, quien exclamó:
“¡Libertad a nuestro pueblo! ¡Queremos nuestro territorio! ¡Queremos ser libres!”.
Manuel Hauyon Cotile, del Consejo Indígena Amotuyin (“Avanzando juntos”, “Caminemos juntos”, “Vamos juntos”) de Melipilla, por su parte, emplazó a la presidenta Michelle Bachelet:
“Dé una señal clara para restablecer confianzas con los pueblos indígenas: No es casual lo que está ocurriendo a lo largo de todo el país, de rechazo a la Consulta Indígena. Evite el costo político, porque muchos mapuche, aymara y rapanui votamos por usted. Usted se comprometió a estudiar a revisión del decreto 66 y derogarlo. No ha dado ninguna señal (…) Es lo mínimo”.
“Aquí hay que evidenciar que el alcalde empezó a invitar gente, adultos mayores no indígenas, o sea gente de la ciudadanía, a un proceso de consulta que solo le concierne a los indígenas. O sea, ahí tú estás viendo que también hay una cuestión que no debiera ser”, dijo Yolanda Segura.
A la postre, los dirigentes indígenas solicitaron a las autoridades que se retiraran.
Cosa que hicieron. La cita se transformó entonces en un trawun. Un encuentro, una conversación; esta vez sin cámaras. “De donde van a salir lineamientos de trabajo -nos dijo Marco Aguilera, quien participa en la asociación indígena katriwala, de Cerro Navia-, para organizar a la gente del sector poniente”.
A las afueras
A las afueras del Teatro Municipal conversamos con Francisca Díaz, jefa de gabinete de CONADI Santiago, quien declaró:
“El propósito de esta primera convocatoria era informar, y que la gente entienda de qué se trata el proceso que estamos llevando a cabo… Ahora están debatiendo ellos en asamblea”.
¿Quiénes fueron convocados?
Fueron convocadas las organizaciones que están legalizadas con personalidad jurídica por parte de CONADI, y agrupaciones que pertenecen a municipalidades, y personas naturales. Y autoridades ancestrales: lonkos, machis.
Hubo una crítica en el sentido de que habrían llegado adultos mayores…
Sí, lo que pasa es que ha habido un error, porque hay tres actividades en paralelo. Hay una actividad que tiene connotación con seguridad (…), hay otra actividad que es el izamiento de la bandera, que también estaban convocados indígenas de la zona; y también estaba nuestra propia actividad aquí como consulta indígena.
“Hay varias actividades en paralelo, que en el fondo hacen que no sepa bien la gente dónde asistir…”, sostuvo.
También conversamos con Carolina Acun, una de las asistentes a la consulta, quien nos manifestó que sí estaba dispuesta a participar de ella:
“Lo que pasa es que hay muchos lamienes que no se informan bien lo que está pasando, entonces no tienen idea, sino que el otro les dice vamos y denunciemos esto, denunciemos esto otro, pero no tienen idea. Eso es el problema que está sucediendo. Ahí hay dos, tres líderes que están en contra del gobierno. Claro, nosotros tenemos problemas con el Estado de Chile, pero no con cada gobierno, ni gobiernos locales tampoco”.
Consultado por La Batalla, acerca de si resultaba previsible una situación como la que ocurrió en Maipú, el Intendente de Santiago Claudio Orrego indicó que:
“Nosotros sabemos que en todas las comunas hay situaciones distintas y complejas, y hay dirigentes que pueden estar a favor o en contra de esta iniciativa. Ahora, me parece que es extraño que una situación como esta, que fue tantas veces reclamada por el pueblo indígena, es decir, que no se legislara sobre por ejemplo un ministerio o sobre un consejo de pueblos indigenas sin su consulta, una vez que se realiza la consulta esta sea rechazada”.
Convenio 169 y decretos supremos 66 y 40
El citado Marco Aguilera se refirió a la consulta como una “pseudoconsulta”, “porque esta consulta se realiza en el marco del Convenio 169 de la OIT, al que Chile adscribió en la década del noventa, y según el convenio, las consultas indígenas son auto-ejecutables. Esto quiere decir que si una comunidad indígena se ve amenazada por un proyecto, como un proyecto minero, hidroeléctrico o de piscicultura, o de monocultivos, debería automáticamente el pueblo originario organizarse y hacer válida su opinión sobre el tema”.
“Donde se vicia esto es por los decretos que se levantaron en el gobierno de Piñera. El decreto 66 y el decreto 40, que van ligados directamente a restarle fuerza al Convenio 169. O sea, si nosotros adherimos a esta consulta y reconocemos estos decretos, como que nos van a regir en las consultas, vamos a estar renunciando a los derechos y a las garantías que nos da el 169″.
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