Diversas expresiones de representaciones de pueblos australes se han manifestado con cuestionamientos a los procedimientos de consulta: Por una parte, se califica de improvisado; y por otra, se rechaza tajantemente los decretos vigentes 66 y 40 que transgreden las estipulaciones del Convenio 169.
Imagen: "consulta" en Punta Arenas - Foto: Prensa Austral
Para el consejero kawésqar por Punta Arenas, Juan González Caro, con respecto al proceso de consulta llevado adelante por el actual gobierno, sostuvo a la prensa austral que era un proceso improvisado. “La debilidad en la región de Magallanes se centra en la forma en que se ha desplegado la información emanada desde las reuniones de planificación”, sostuvo.
Por su parte, la comunidad Kawésqar residente en Puerto Eden, en los canales australes de la Región de Magallanes viene calificando desde finales del 2013 como inconstitucional el reglamento de consulta a los Pueblos Originarios que firmó el ex presidente Sebastián Piñera, denunciándolo de atentar contra el Convenio 169 de la OIT en territorios de los pueblos indígenas. “el decreto de reglamento es inconstitucional, ilegal, inoportuno y es susceptible de ser enfrentado en sede administrativa y judicial, así como nacional e internacional. Por lo tanto hacemos un llamado a la próxima Autoridad que será elegida, quién tendrá la responsabilidad de dirigir y administrar el país a Derogar este Decreto”, señalaba en la fecha la representación Kawéskar.
Críticas a la consulta indígena y rechazo disposiciones sobre proyectos de inversión
Agrupaciones de las comunidades mapuche-huilliche de Punta Arenas se mostraron disconformes con la aplicación de los decretos relativos a la inversión en territorios pertenecientes a comunidades indígenas del país.
El tema fue uno de los abordados este 27 de septiembre, durante una reunión que constituye una etapa previa a la Consulta Indígena, que se realizó en el
Hotel
“Unas 54 personas de origen mapuche-huilliche concurrieron a la convocatoria formulada para concordar la forma más adecuada de elaborar una consulta hacia los pueblos originarios desde las entidades gubernamentales que impulsan la llamada Consulta Indígena- impulsada en todo el país por el Ministerio de Desarrollo Social y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi)”, publicaba el medio este 28 de septiembre.
La cita incluyó una asamblea interna, sólo de representantes mapuche-huilliche de Punta Arenas, quienes además fueron informados por funcionarios de la Seremi de Desarrollo Social y Conadi acerca de un calendario que servirá de guía para cumplir con el apartado establecido en el Convenio 169 de la Oit que da cumplimiento a este proceso y que Chile ratificó en septiembre del año 2008, explicaba presa austral.
El mismo medio señala: “Cabe recordar que dicho instrumento internacional obliga al gobierno a que los pueblos indígenas sean consultados en relación a temas que les pudieran afectar, sobre la exigencia que dichos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas públicas que los involucren”.
Rechazo a decretos 66 y 40
María Sonia Linco de la representación del pueblo mapuche huilliche en Punta Arenas, señaló también ha prensa austral que: “Algunos de los reparos actuales al decreto 66 de la consulta se refieren a los proyectos de inversión y administración en territorios indígenas, los cuales quedaron excluidos en este mecanismo”. Linco agregó que actualmente hay una comisión tripartita analizando estos indígenas y los representantes del estado de Chile en el bullado decreto 66.
Comenta Prensa austral: “Si bien la penúltima reunión de planificación acerca de la puesta en marcha de la Consulta Indígena desarrollada en Punta Arenas incluyó un espacio de diálogo, que permitió emular asambleas de debate interno desarrolladas en otros países multiculturales, donde los propios indígenas tienen la posibilidad de debatir “a puerta cerrada” sobre asuntos que les conciernen, esta cita no estuvo exenta de matices”.
Agrega: “En esa línea, representantes de las Asociaciones Urbanas Mapuche Huilliche “Ñuke Ruka” y “Pewu Antv” plantearon en forma clara y contundente que aceptaron participar de estas instancias, asumiendo que, en este procedimiento, se están cumpliendo por parte del Estado chileno, compromisos establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Oit). Sin embargo, dichas agrupaciones manifestaron su rechazo tajante a la puesta en marcha de los decretos 66 y 40, que también han sido repudiados en otras regiones del país donde habitan descendientes indígenas”.
Doris Manquian, secretaria de la Asociación Urbana Mapuche Huilliche “Ñuke Ruka” de Punta Arenas, sostuvo enfáticaa prensa austral: “Ser partícipes de este proceso lo catalogamos como histórico para los pueblos originarios. Sin embargo, dimos a conocer nuestros descargos en esta reunión en lo relativo a la utilización de los decretos 66 y 40, porque entendemos que ambos apartados no cumplen con estándares internacionales, para el cabal cumplimiento del Convenio 169 de la Oit, algo que, incluso, está actualmente cuestionado a nivel nacional e internacional”.
“Cabe consignar que ambos decretos provienen del gobierno anterior y refieren a proyectos de inversión que, en cuanto a su regulación, deberán ser ajustados a los plazos establecidos por el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia), algo que los indígenas del norte del país ya prevén puede generar una doble interpretación y gatillar una doble regulación que puede afectarles, en caso de imponerse proyectos de inversión que afecten a sus territorios y que dejen en segundo orden el cumplimiento del propio Convenio 169 de la Oit”, señaló prensa austral.
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