En el marco de la llamada consulta del gobierno sobre institucionalidad indigenista en el estado (Ministerio y consejo), el proceso se ha visto seriamente mermado y empañado a causa de la vigencia de atentatorios decretos supremos como el 66 que reglamenta la participación general indígena y el decreto supremo 40 del sistema de evaluación ambiental. Ambos decretos transgreden los derechos humanos de los Pueblos indígenas y el estándar internacional.
Las exigencias se han establecido en cada rincón de los territorios ancestrales.
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