Para algunos sectores, la suspensión indefinida del proyecto
Hidroaysén por parte de Colbún, se trata de un chantaje político para presionar
a las cúpulas de poder del estado chileno; Para otros, una necesidad de requerir
una política energética que cuente con un "consenso amplio", referida a las
elites políticas – empresariales; Para otros, el inicio de una transformación
profunda tendiente a cambios sobre modelos y matriz energética.
En el presente, frente a toda forma nefasta de generar lucro
desproporcionado a costa de la depredación y de los descarados subsidios
estatales a las elites empresariales en desmedro de las mayorías y sus derechos,
es un tema País, instalado por los movimientos sociales. Sí, Chile cambió.
Colbún recomendó ayer a Hidroaysén la suspensión indefinida del ingreso del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de transmisión. Anunció que suspendió de manera indefinida de éste y se señaló: "Es el momento oportuno para detenernos y que el proyecto sea analizado en el marco de una política energética nacional", enfatizó el representante de Colbún, Bernardo Matte Larraín, quien posee el 49 % de las acciones del proyecto y que se mantiene en sociedad con la transnacional Endesa.
Para algunos sectores se trata de un chantaje político para presionar a las cúpulas de poder del estado chileno; Para otros, una necesidad de requerir una política energética que cuente con un "consenso amplio", referida a las elites políticas – empresariales; Para otros, el inicio de una transformación profunda tendiente a cambios sobre modelos y matriz energética.
El gobierno por su parte salió al paso señalando que el “país” tiene una política energética definida, donde la generación hidroeléctrica tiene un lugar privilegiado: "Tenemos un comité asesor que elaboró una estrategia 2012-2030 y queremos solucionar el problema de la energía, no para este gobierno, sino para Chile", dijo el ministro de hacienda Felipe Larraín a una televisora, defendiendo los proyectos hidroeléctricos y refiriéndose a una supuesta crisis energética en Chile.
Como sea, independiente de las razones de esta caída, la resistencia a los proyectos hidroeléctricos en el País y en general a toda forma nefasta de generar lucro desproporcionado a costa de la depredación y de los descarados subsidios estatales a las elites empresariales en desmedro de las mayorías y sus derechos, es un tema País, instalado por los movimientos sociales. No en vano, el Gobierno recientemente, a través de las carteras de energía y del medio ambiente anunció un estudio para el uso de terrenos fiscales con fines de construcción de proyectos hidroeléctricos, evitando así posibles oposiciones.
Sí, Chile cambió
Parafraseando al propio Matte de Colbún, ciertamente Chile cambió porque hay conciencia, hay mayor entendimiento, mayor información de una buena parte de la población al dimensionar las redes de corrupción de sectores políticos y empresariales y las falsas campañas de manipulación a la opinión pública trasladando supuestas crisis energéticas e intentando causar pavor para conseguir la neutralidad de la ciudadanía y su aprobación y justificación a los proyectos hidroeléctricos que se pretenden imponer. Chile cambió, porque se ha detectado el abuso y las arbitrariedades de ciertos sectores que solo pretenden negociados y que nada les importa la población, los espacios de vida y el medio ambiente. Chile cambió, porque un importante sector ya no quiere que decidan las elites de poder por las mayorías sobre qué tipo de desarrollo se requiere o qué tipo de energía es la que se necesita. Chile cambió, porque la población consciente e informada, la que no se dejó atrapar por los instrumentos mediáticos del empresariado ideologizado con sus medios masivos de información comercial, ya no les compra y no quiere acciones parásitas y succionadoras.
Los proyectos Hidroeléctricos que aunque se emplazan y se justifican por “La utilidad pública” o bien, por el “interés nacional” son negocios de unos pocos, en desmedro de las grandes mayorías y sus territorios. Atentan a Derechos fundamentales y generan graves e irreversibles impactos.
Inundaciones, desplazamientos de poblaciones, pérdidas sociales, culturales, económicas y soberanías; emplazamientos de enormes maquinarias, excavaciones profundas y movimientos de tierras, intervención de bosques nativos, pérdida de flora y fauna y nuevos tendidos eléctricos, con una suma total de miles de hectáreas afectadas, incluso, emplazándose en zonas de alto riesgo telúrico, entre muchas otras consecuencias.
Asimismo, este modelo, expandido en plenitud durante la dictadura militar chilena, tiene diversos antecedentes que demuestran cómo las redes de poder político en Chile, transversalmente en el bloque binominal, están fundidos con los intereses económicos y comerciales en este tipo de inversiones, por ello, no es de extrañarse que las acciones para imponer este tipo de proyectos se hagan con la promoción, complicidad y amparo de instituciones del Estado, fuera de toda moral, ética, sentido de justicia y de democracia, con un descarado saqueo, como ha sido, por ejemplo, la aprobación ambiental de hidroaysén, o como fue años atrás con Ralco y Pangue en los Altos de Bio Bio a favor de Endesa, con el intervencionismo de los presidentes concertacionistas Frei y Lagos; O Angostura (Colbún) con Bachelet, respectivamente.
El actual Presidente de Chile, el empresario Sebastián Piñera, fue accionista de Enersis, matriz empresarial de Endesa en Chile, siendo además de la misma cuna ideológica de los Matte (Colbún). Asimismo, un militante del Partido por la Democracia (Concertación), Daniel Álvarez, es ejecutivo de Hidroaysén; Y tanto Endesa como los Matte, han venido financiando campañas políticas electorales de sectores de la Alianza por Chile y de la Concertación. ¿Para quién gobiernan estas coaliciones políticas?
En Chile no hay crisis energética para la población
En Chile, el cerco informativo pro empresarial y diversas vocerías políticas partidistas del bloque binominal se han referido a la crisis energética del País como un tema urgente, sin embargo, ante esta ofensiva mediática es importante señalar, categóricamente que: En Chile no hay crisis energética para la población quien consume un mínimo en comparación al consumo de las mega industrias extractivas. Un 16 % versus más del 50 % aproximado de relación.
Lo que existe realmente son subsidios estatales solapados que sectores de poder del estado chileno pretenden expandir a favor a ciertos grupos empresariales, por una parte, para beneficiar mayoritariamente los intereses de la expansión de la industria minera y por otra, para la especulación y lucro de sectores económicos dedicados a la energía, todas con un mismo fin, ya sea en hidroeléctricas, termoeléctricas o incluso ahora, las llamadas geotermias. Todas apuntando a la matriz energética central con los mismos propósitos.
Con relación al emplazamiento y cuestionamiento sobre consumo de energía a través del plan energético que viene promoviendo el Gobierno, ésta, sobre ahorro, es trasladado exclusivamente a la población, no así a las industrias, ni tampoco se les exige autosuficiencia energética a pesar de toda la fortuna que acumulan, porque existe un descarado candado de negociados que progresivamente va llegando a su límite, desmoronándose.
Hidroaysén es un síntoma y un llamado de Alerta
El freno a la imposición de este tipo de proyectos ha sido posible a la acción consciente de los movimientos sociales y la discusión que se comienza a generar se basa en las exigencias al Estado chileno a que cumpla sus obligaciones en el respeto, garantía y reparación de los derechos vulnerados y que están consagrados en diversos pactos y tratados internacionales de Derechos Humanos y que busca la defensa de los territorios como espacios de vida, para el desarrollo de economías locales en beneficio de una amplia mayoría.
Es asimismo, frenar la usurpación a las soberanías que grupos de poderes fácticos de poder vienen haciendo sobre los intereses colectivos, como el 80 % de las aguas de Chile que están bajo el control de la transnacional Endesa y que han venido imposibilitando el ejercicio del derecho a la libredeterminación de Pueblos, comunidades y poblaciones, para que sean éstos quienes determinen qué tipo de desarrollo se quiere para el País y que tipo de energías son las que se quiere desarrollar, en pro de una diversificación de la matriz energética, autonomías para los sustentos locales, la descentralización y democratización en pro de las necesidades e intereses de las mayorías. Es un llamado para decir ¡YA NO MÁS!, no tan solo para el proyecto hidroaysén y el resguardo de la Patagonia, sino también para el retiro de nefastos y arcaicos proyectos en Neltume (Endesa), en el río San Pedro (Colbún), en el río Puelo (Endesa), en el río Pilmaiquén, entre otros. Es un llamado a la reinvención y a una justa transformación.
Alfredo Seguel
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