Denuncian montaje para vincular a mapuches con grupos guerrilleros

El Grupo de Trabajo Mapuche por Derechos Colectivos denunció una confabulación entre medios de comunicación y empresarios de la Araucanía para vincular a las comunidades mapuches con grupos guerrilleros con el objetivo de desvirtuar las demandas territoriales históricas de los pueblos originarios. La estrategia también serviría para apoyar la represión policial de la que es víctima el pueblo mapuche.

Sergio Millamán plantea que se trata de un trabajo sistemático, el cual genera una visión en la opinión pública que termina descalificando las temáticas de fondo que están planteando las comunidades y que pasan esencialmente por un tema de restitución territorial y reconocimiento político, comentó.

Fuente: Radio Universidad de Chile

http://www.radio.uchile.cl/notas2.asp?idNota=56562
El Grupo de Trabajo Mapuche por Derechos Colectivos denunció una confabulación entre medios de comunicación y empresarios de la Araucanía para vincular a las comunidades mapuches con grupos guerrilleros con el objetivo de desvirtuar las demandas territoriales históricas de los pueblos originarios. La estrategia también serviría para apoyar la represión policial de la que es víctima el pueblo mapuche.

Vincular a organizaciones y comunidades mapuches con grupos guerrilleros como las FARC de Colombia e incluso la ETA de España, es el objetivo que persiguen empresarios en conjunto con medios de comunicación que pretenden afectar las demandas por tierras y reconocimiento que tiene la etnia.

Así lo denunció el Grupo de Trabajo Mapuche por Derechos Colectivos, instancia que sostiene que se trata de un montaje para perjudicar estas reivindicaciones y desviar la atención de lo central, como explicó uno de los representantes de esta entidad, Sergio Millamán.

"La información de que el pueblo mapuche ha estado levantando grupos armados para realizar actos de carácter terroristas, tiene finalmente según nuestra impresión el buscar justificar todavía más la represión de la que es víctima el pueblo mapuche de Argentina y Chile y de esa forma dejar de lado y no dar la importancia pública que se merecen las legítimas reivindicaciones que ha levantado históricamente el pueblo mapuche", explicó el dirigente.

Sergio Millamán plantea que se trata de un trabajo sistemático, el cual genera una visión en la opinión pública que termina descalificando las temáticas de fondo que están planteando las comunidades y que pasan esencialmente por un tema de restitución territorial y reconocimiento político, comentó.

Mientras, en La Moneda el ministro Coordinador para Asuntos Indígenas, José Antonio Viera Gallo, reiteró la doctrina del gobierno en el sentido de que quienes participen en actos de violencia no podrán ser parte de las devoluciones de tierra que se están efectuando.

"Señalar con mucha claridad el criterio y reiterarlo que respecto de las personas que se ven involucradas judicialmente en hechos de violencia, esas personas no serán beneficiarios de tierras y por eso mismo estamos buscando la fórmula jurídica que es difícil para que esto quede claramente establecido en el caso del señor Luksiger con quien estamos a días de materializar la firma de la escritura", enfatizó Viera Gallo.

No será la comunidad la afectada por los actos de un grupo que participe en hechos de violencia, afirmó Viera Gallo, aunque para el investigador del Observatorio Ciudadano, Matías Meza, condicionar la restitución territorial es una aberración.

Para Meza el gobierno equivoca de esta forma una vez más el camino ya que además valida el accionar policial el que muchas veces se equivoca al acusar a personas que terminan siendo absueltas ya que no se les puede comprobar su participación en ningún delito, precisó.

"Resulta preocupante la ligereza con que el gobierno asume eventuales responsabilidades de comuneros mapuches en los actos de violencia registrados en la Araucanía en el último tiempo, sin tener más antecedentes que las formalizaciones que realiza la fiscalía. Tenemos muchos antecedentes para saber que varios casos de formalizaciones carecen de los mínimos datos para fundar una acusación para posteriormente llevar a juicio a las personas formalizadas", subrayó Meza.

Las comunidades establecen que la violencia viene precisamente del Estado y específicamente del gobierno que ordena la represión y allanamientos donde se ven afectados todos los integrantes de estos grupos donde se muestran personas heridas con perdigones y otras marcas psicológicas que perjudican especialmente a los menores.