dimanche 31 mars 2013

Denuncian un nuevo caso bombas: Persecución y hostigamiento a jóvenes en Temuco


Jóvenes vinculados a un centro denominado espacio pandemia y a hogares en amanecer, han sido víctimas de allanamientos con violencia y se han denunciado secuestros, robos y montajes cometidos por parte de agentes estatales cuyo propósito ha sido de causar alarma sobre un “acto terrorista”, hecho que ha sido sindicado como “un nuevo caso bombas”. La acción político-judicial-policial mantiene en prisión a cinco jóvenes a quienes se les ha estigmatizado y condenado a través de la prensa.
Denuncian un nuevo caso bombas: Persecución y hostigamiento a jóvenes en Temuco
Por Paola Henríquez
La madrugada del día 28 de marzo, y previa a la conmemoración del día del joven combatiente policías de fuerzas especiales entran a dos espacios comunitarios ubicados en calle San Ernesto con O’Higgìns en el sector Plaza Dreve que correspondería al Espacio Pandemia, y de manera simultánea se efectuó un allanamiento en calle Capri, del sector Amanecer, realizándose la detención de 12 personas.
Cabe mencionar que la aprehensión se habría hecho bajo procedimientos irregulares e ilegales ya que no se les habría informado los motivos por lo que los afectados denuncian un secuestro señalando: “Destacamos que el allanamiento se llevo a cabo sin mostrar ninguna orden judicial. Luego nos subieron a los carros policiales y nos llevaron a la 8va comisaría de Temuco en donde pasamos las 26 horas restantes antes de llegar al tribunal de garantía de la maldita ciudad”, comentan los afectados.
De los detenidos siete se negaron a dar su identidad al no tener información clara sobre los motivos, siendo obligados a realizar un perfil genético a través de la toma de muestras de sangre y de huellas digitales. Al no poder ligarles los sucesos se les impuso una multa por ocultación de identidad y quedaron en libertad obligándoseles a pagar 2 UTM, mientras cinco de los secuestrados fueron procesados solo por la cercanía en la que se encontraban de las “supuestas pruebas”, siendo Silvana y JP por ley de trafico de drogas y Roxana Marín, Yaritza Grandón y Ariadna Torres por leyes de control de armas.
Mientras duro el encierro, según denunciaron, soportaron insultos, prohibiciones de ir al baño, negación de visitas, y “Roxana Marín, compañera con 5 meses de gestación presentó “según el hospital/cárcel” un desplazamiento en la placenta. La situación fue atendida de manera tardía por los pacos de la comisaría”, denuncian los detenidos, hasta el momento no se le ha dado ningún trato diferente por su situación.
Los cinco detenidos han sido enfáticos en mencionar que se trata de un montaje y que las “supuestas pruebas” aparecieron después de su detención, Roxana comenta “A mi pieza ingresaron con un perro que no encontró nada, mientras yo estuve ahí y sólo sacaron un notebook”, mientras Ariadna declaro “Cuando estábamos nosotras al interior de la casa, el perro nunca encontró un extintor, sino que después que a nosotras nos sacaron de la casa”
¿Un nuevo caso bombas?
Es de saber por todos que al Estado le apasionan los montajes, como lo pudimos ver en los incendios forestales en Carahue, en donde Hinzpeter y hasta el propido intendente de la Araucanía responsabilizaban a sectores Mapuche, así también son continuos los casos de quemas de camiones y propiedad privada en los fundos, donde nunca encuentran pruebas pero de igual manera culpan a las comunidades. Aunque el montaje mas parecido es el llamado Caso Bombas, que se les derrumbo de las manos a los políticos acostumbrados a la persecución y montajes, pero no les devolvió el tiempo perdido a los detenidos.
En el caso bombas hubo 10 personas detenidas por casi dos años, en donde se les presentaban pruebas y evidencias que se derrumbaban todas, mientras todo comenzó con detenciones sin explicación, supuestas investigaciones de meses que no dieron resultados, con hostigamientos, y la tónica fueron los discursos políticos amenazantes.
Ante esto, políticos de oposición como Fidel Espinoza denunciaron la intensión política detrás del hecho “Yo puedo inferir, como político, que en el momento en donde el Gobierno tenía los índices más bajo de aceptación ciudadana porque le mintieron al país diciendo que se acababa la delincuencia, yo tengo el legítimo derecho como político a inferir que se pudo haber montado una operación política, y el Caso Bombas pudo haber sido eso”.
En Temuco la historia es igual, ya que comenzaba cinco meses antes según la prensa, en donde policias se encargaron de espiar a los lugares allanados, aunque dicho conocimiento no basto y toman detenidos a personas que no residen permanentemente en los lugares. En el marco de este hostigamiento el espacio pandemia saco un comunicado difundiendo los abusos días antes de la detención, faltando el cuadro los discursos políticos, y se hizo llegar en la voz del intente “Hemos encontrado a esas personas que querían hacerle daño a la Araucanía. Así que felicitar a carabineros y decirle a la ciudadanía que este tranquila”, encaminándose así como un nuevo caso bombas.
Montaje político - judicial
La detención de los imputados es a simple vista un tongo mediático, lo curioso es la justificación que la fiscalía hace del hecho, siendo culpables solo por la cercanía a posibles “bombas”, siendo el único elemento que los incrimina, ante esto el fiscal del Ministerio Público, Cristián Paredes explica lo sucedido, "se encontraron dos bombas explosivas, una de ellas lista para armar y otra en pleno proceso de fabricación. En dicho domicilio había tres imputadas, dos de ellas se encontraban durmiendo precisamente al lado de la bomba que estaba en proceso de fabricación". Ante esto aun no hay un discurso que explique por que se liga los atentados con los espacios comunitarios, ya que supuestamente las falsas pruebas aparecieron después de la detención, así tan poco se explica porque 7 de los detenidos deben cancelar 2 UTM a pesar de ser detenidos injustamente.
Mientras la fiscalía justifica el accionar de carabineros, los detenidos ponen en evidencia el abuso de poder “Denunciamos el robo de: computadores, libros, pendrives, celulares, polerones, ropa interior, grabadora de audio, cocinilla de camping con su respectivo gas butano y sus ollas, calcetines, zapatos y zapatillas, tarjetas de memoria, tabaco, cuadernos, agendas, y $70.000 en total”, esta información junto a los abusos de violencia de la detención no han sido difundidos por la prensa ni han aparecido en los discursos políticos y jurídicos.
Aprovechamiento mediático
Ciertos sectores políticos y del poder judicial han alimentado nuevamente el morbo de la prensa burguesa, la cual es la encargada como en casos anteriores de crear la imagen de terrorismo y montar las alarmas sociales, como elementos manipulatorios se destaca la asociación de los espacios con casas okupas, aun cuando cancelaban mes a mes el arriendo de las casas, pero esta asociación persigue el fin de despertar enemistades sociales.
El general de carabineros Iván Bezmalinovic declara “Las casas son las del tipo okupa, efectivamente, son gente de esa línea”, mostrando nuevamente el perfil discriminatorio de las policías y los medios que sensacionalistamente los ligan a los ataques que califican de terroristas.
Así también, la fiscalía informó primero a los medios de los sucesos que a los propios afectados, revalidándose su discurso, mientras carabineros aseguraba tener una orden judicial para allanar que nadie vio. Despierta la atención ver que todo lo que se ligue a actos terroristas tiene relación con la Araucanía, aunque la nueva tónica de los medios es mostrar a la figura femenina como enemiga social o ligada a actos terroristas mientras en todos lados del país se denuncian los abusos sexuales llevados a cabo por carabineros en contra de estudiantes marchantes o protestantes, ¿permitirá este montaje ser una justificación a los abusos o un tongo mediático para segmentar la sociedad?
Desinformarse y desmentir
El caso bombas fue una explicita demostración de la manipulación del sector político y mediático que enjuició a 10 jóvenes no solo en los tribunales sino también lo realizó públicamente, mostrándolos como amenazas para la sociedad, la cual no fue en vano porque si cambio radicalmente la vida familiar y social de estas personas.
Hoy, ante este escenario que se traslada a la Ciudad de Temuco, se hace necesario romper el cerco informativo impuesto por sectores acostumbrados a violar derechos y a establecer persecuciones, que no tienen escrúpulos en afectar la vida y sueños de jóvenes, a sus familias y entornos, haciéndose indispensable que diversos sectores, organizaciones e instituciones respetuosos y promotores de los derechos humanos, actúen y denuncien estas aberraciones.


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