La resolución de los legisladores viene a sostener la demanda de representantes mapuches de la región sureña, frente a la posible instalación de dos centrales hidroeléctricas en el río Pilmaiquén. En la oportunidad, los diputados también recibieron a dirigentes de Petorca, quienes reclaman por cambios legales en materia de aguas.
Fuente: CAMARA /
Su apoyo entregó esta semana la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados a la demanda manifestada por dirigentes mapuches de la Región de Los Lagos, en orden a paralizar las obras de construcción de dos centrales hidroeléctricas en el río Pilmaiquén y salvar, por esta vía, un centro espiritual y sagrado de este pueblo originario.
Así lo informaron los diputados Sergio Ojeda (DC) y Sergio Aguiló (IC) tras el encuentro celebrado con los representantes mapuches, algunos de ellos, familiares de comuneros detenidos en la cárcel de alta seguridad de Valdivia, formalizados tras protestar en contra de la instalación de las citadas centrales.
“Como primera medida, acordamos visitar la cárcel de Valdivia, para conocer cuál es el estado en que se encuentran los cinco detenidos en este recinto penitenciario, para garantizar condiciones carcelarias dignas. Oficiaremos, además, a Gendarmería de Chile para que se gestione el traslado de estos detenidos desde Valdivia hasta Osorno o Río Bueno; igualmente oficiaremos para que se realicen acciones tendientes a avanzar en la recuperación de sus tierras donde están sus campos sagrados, actualmente en manos de particulares”, especificó Ojeda.
El parlamentario indicó que están pidiendo que se aplique como corresponde el Convenio 169, para resguardar los principios culturales, espirituales y territoriales de las comunidades, pidiendo, entre otras cosas, la suspensión inmediata de los trabajos en Pilmaiquén y que se informe sobre los pasos que se han seguido en esta obra, para verificar si se cumplió o no con la debida consulta a los pueblos originarios
Para el diputado Aguiló, lo mínimo que le compete al Estado es apoyar la defensa de los lugares sagrados y de culto de las comunidades representativas de los pueblos originarios, en este caso, amenazados por la construcción de dos hidroeléctricas. “En esta línea se adoptó unánimemente un conjunto de resoluciones, entre otras, señalar que a juicio de la Comisión de Derechos Humanos no debiera llevarse adelante este proyecto porque irrespeta los lugares sagrados de un pueblo ancestral”, remarcó.
Respecto de la situación de los comuneros detenidos, señaló que es importante que la autoridad entienda que no se trata de delincuentes sino de “luchadores por lo que ellos consideran legítimas reivindicaciones”.
Juan Huichalaf, padre de una de las machis detenidas, se manifestó satisfecho con la recepción de la Comisión, estimando que hubo sensibilización y entendimiento sobre el tema. Sostuvo que se ha producido un virtual montaje para criminalizar una cultura y defendió, en ese sentido, el derecho de su pueblo de reclamar por el mantenimiento de un lugar sagrado.
MODATIMA
La Comisión de Derechos Humanos también recibió en audiencia a representantes de Modatima (Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua y a la Tierra y Protección del Medioambiente) de la provincia de Petorca, quienes reclaman cambios legales al Código de Aguas que permita a la autoridad fiscalizar efectivamente los cursos de agua y garantizar a la población el acceso a este apreciado recurso.
El diputado Aguiló dijo que la dramática situación de falta de agua que se presenta en la provincia se debe a una sequía importante que afecta a la zona desde hace algún tiempo, combinada con la acción de empresarios particulares que, eventualmente, estarían haciendo uso ilegítimo de los cauces subterráneos.
Aguiló planteó que, si los vecinos presentan una querella judicial, la Comisión de Derechos Humanos debiera sumarse a la acción. Además, llamó a aunar esfuerzos para cambiar la Ley General de Aguas, “que es una normativa profundamente equivocada, ya que declara el agua prácticamente como un bien de consumo transable en el mercado, y no un derecho humano”.
Rodrigo Moncada, secretario general de Modatima, señaló que la situación de la zona está llegando a niveles críticos, dado que la gente ya no tiene agua ni para la bebida ni para los servicios higiénicos básicos, debido al delito de usurpación de derechos de agua que se comete en forma impune desde hace muchos años en la provincia.
Consideró que es deber de los legisladores impulsar cambios legislativos en el tema, recuperar el carácter público del agua y entregar facultades y competencias reales a la Dirección General de Aguas para fiscalizar los ríos del país y evitar los abusos.
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