En medio de irregularidades: / Cuatro recursos de protección presentados por separado por diversos actores sociales y ambientales que se oponen a la construcción de la termoeléctrica de Endesa en Huasco, serán vistos en conjunto por la justicia. Sin embargo, la resolución que formalizaría la aprobación del polémico proyecto, aún no ha sido emitida por el Comité de Ministros lo que genera indudable desconcierto sobre el tema.
Comunicaciones OLCA
La semana pasada, luego de que el Comité de Ministros presentara sus descargos ante la Corte de Apelaciones de Santiago frente a los recursos de protección interpuestos, Endesa decidió hacerse parte en el juicio, solicitando, al igual que las comunidades que la confrontan, que se agruparan los recursos presentados por el Municipio, los pescadores, diversas organizaciones socioambientales y por parlamentarios de la zona. En este entendido, hoy la primera sala de la Corte decidió acumular los recursos en una sola causa.
Uno de estos recursos solicitaba una orden de no innovar que fue acogida, lo que supone la paralización de actos administrativos y faenas que signifiquen cualquier avance en la implementación del proyecto hasta que no se resuelva el juicio. Sin embargo, y esto es lo que llama poderosamente la atención de quienes están apoyando a las comunidades en conflicto, hoy se descubrió que el Comité de Ministros mantiene pendiente una pregunta a la Corte, relativa a si no habiendo sido emitida por ellos la resolución exenta, la orden de no innovar impide o no notificar la resolución correspondiente.
Para Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), la institucionalidad ambiental desconcierta a la ciudadanía al develarse que el Comité de Ministros, pese a haber aprobado la termoeléctrica en diciembre de 2012, aún no emite la resolución que oficializa esta decisión. Esto que podría ser un tecnicismo, es de suma importancia, pues los pasos legales operan en plazos que corren luego de ejecutados los actos, y por lo tanto la ausencia de esta resolución puede dilatar más de la cuenta decisiones que comprometen la vida de las personas, es decir, se extiende en el tiempo la incertidumbre y la vulnerabilidad que hoy afecta a las comunidades de Atacama.
“Tras el accionar de la máxima autoridad ambiental del poder ejecutivo, el Comité de Ministros, o hay desinformación y desidia, lo que sería sumamente grave, o peor aún, hay un afán de ganar tiempo jugando con la vida, la salud y la confianza en el sistema democrático de las comunidades de la región de Atacama. Sea cual sea la razón, nos parece inaceptable que se opere de este modo”, remata Cuenca.
Es decir, el debut de la nueva institucionalidad ambiental no solo ha sido políticamente cuestionable al pretender viabilizar inversiones contra todos los informes técnicos disponibles que señalan que las mismas atentarían contra los derechos básicos de las personas; sino que además, procedimentalmente, está demostrando no tener ningún apego a la normativa vigente, contribuyendo con ello a ralentizar el proceder del Estado, y a confundir los legítimos procesos ciudadanos en defensa de los derechos que nos asisten constitucionalmente.
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