"La verdad es que la capacidad fabuladora de este gobierno para sacar conejos de la galera en función de los intereses de las elites no reconoce límites ni deja de impresionar. Con la pompa y cincunstancia del caso, el Ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, anunció la formalización de la mesa negociadora con los nueve pueblos originarios del país, en busca de acomodar las exigencias del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT sobre la participación de los pueblos originarios en las materias que les afectan. El detalle es que fabrica y/o divide a los representantes reales de los pueblos originarios, porque éstos hace rato que abandanaron las tratativas con el Gobierno..."
Fuente: RED DIARIO DIGITAL
El convenio, que fue ratificado por la ex presidenta Michelle Bachelet en 2008, obliga al Gobierno a la consulta efectiva a los pueblos indígenas en proyectos de impacto ambiental que afecten sus territorios.
Desde 2008, las negociaciones se habían mantenido quebrajadas entre los nueve pueblos, Aymara, Atacameña, Colla, Quechua, Rapa Nui, Mapuche, Yámana, Kawashkar y Diaguita, y el Gobierno.
Sin embargo, tras variadas negociaciones, la versión oficial indica que se pactó la mesa que desde el Ejecutivo pretende establecer un acuerdo a fin de mes, tal como lo señaló el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín.
La idea del Gobierno es que las consultas no sean vinculantes, pretensión que alegan los pueblos, como lo apuntó el consejero de Conadi, Marcial Colín.
A la propuesta del Gobierno, la cual recibió nueve contrapropuestas, no estaría incluida la del pueblo Aymara, puesto que la coordinadora general de la consulta de ese pueblo, Nicole Ramos, señaló que recién la última semana de marzo lograrán establecer un borrador.
La formalización de la mesa de trabajo los días 25, 26 y 27 de marzo, serán los días clave para revelar algún consenso entre los nueve pueblos y el Gobierno de Sebastián Piñera.
Hasta ahí, la historia oficial. Pero muy distinto es lo que argumentan los representantes reales de esos pueblos.
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Declaración Pública de Iván Carilao
Iván Carilao Ñanco, Consejero Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), en relación a la "Cumbre Indígena" que el Gobierno ha programado para hoy martes en La Moneda, y tras los anuncios del ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, me permito declarar lo siguiente:
1. Durante el año 2012, en el marco de la necesaria derogación del Decreto 124, que mutila la aplicación del Convenio 169, el Gobierno del empresariado intervino supuestamente para dar término a este Decreto, sin embargo, en la práctica se ha continuado con las acciones que vulneran los derechos de los Pueblos Originarios, sin dar muestra de una mínima concordancia entre lo que públicamente se anuncia y lo que finalmente se realiza; concluyendo así un año de una horrorosa política de engaños y de discriminación hacia nuestros pueblos, y que explícitamente quedaron de manifiesto en el proceso de modificación de la Ley de Pesca, en el Reglamento SEIA, en la Ley del Litio y la Ley de Fomento Forestal, por nombrar algunos casos.
2. En este escenario, fueron innumerables las ocasiones en que indicamos la necesidad de abordar nuestra situación en un plano de respeto a lo que el propio Convenio garantiza, sin embargo, el doble discurso avanzó y se instaló en las políticas dirigida hacia nuestros pueblos.
3. A la luz de lo anterior, el Gobierno, fiel a su comportamiento de doble estándar e intervencionismo en beneficio de sus mezquinos intereses, se ha valido de un puñado y pseudo-dirigentes, quienes se han prestado para avalar y continuar con esta historia de despojo, y que hoy participan de esta cumbre que servirá de cosmético para la imagen de unos pocos.
4. Debo expresar una vez más que, desafortunadamente, este Gobierno jamás ha mostrado voluntad real para abordar las problemáticas de nuestros pueblos y, por lo mismo, quienes sostengan lo contrario los invito a leer los escenarios que en la actualidad se han dado, por lo mismo debo decir que no soy parte de estos anuncios rimbombantes ni de los resultados de esta convocatoria en la ciudad de Santiago.
5. Cabe hacer mencionar que el proceso y propuestas del Gobierno ha quedado deslegitimados en la llamada "Autoconvocatoria de Santiago", en donde la mayoría de los asistentes manifestaron su rechazo a la forma como se ha desarrollado dicho mecanismo, como consta en la “Declaración Pública de Santiago, de los Pueblos Originarios Unidos”, del 2 de diciembre de 2012, antecedente que al no ser considerado invalida los resultados y alcances que se impongan por otra vía.
Por un trato digno, justicia y reconocimiento,
Iván Carilao Ñanco, Consejero Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI)
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A continuación la Declaración que oculta el Ministro Lavin, ale decir, la Declaración de Santiago rechazando la propuesta del Gobierno sobre reglamentación del Convenio 169
Declaración de Santiago de los pueblos originarios unidos
Los pueblos indígenas Aymara, LickanAntai, Quechuas, Collas, Diaguitas, Mapuches, y Kaweskar reunidos en el Hotel Crowne Plaza con motivo de la convocatoria realizada para informar y discutir sobre la Propuesta de consulta Indígena de Gobierno, y representados por medio de cada uno de los firmantes de la presente declaración, afirmamos que:
1.- Somos pueblos pre-existentes a la conformación del Estado de Chile, y por lo mismo, somos titulares del derecho a la autodeterminación, lo cual se entiende y expresa entre otras formas, por medio del derecho a la consulta y participación
2.- Exigimos de forma inmediata la derogación del Decreto 124 de MIDEPLAN, antes del 31 de diciembre del presente año, documento desarrollado de forma inconsulta y estratégica con el fin de vulnerar la consulta y participación indígena, contenidas no solamente en los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT, sino también, en la totalidad de los demás artículos del Convenio, en la Declaración de las Naciones Unidas, y los demás instrumentos generales de derechos humanos y ratificados por Chile.
Cabe destacar la declaración del Ministro Joaquín Lavín realizada en octubre del 2011, respecto el compromiso de derogar en el corto plazo dicho decreto. Compromiso que hasta la presente fecha no se ha cumplido.
Exigimos también detener la tramitación del nuevo Reglamento del SEA, el cual no fue consultado bajo ningún aspecto y que lesiona gravemente los derechos de los pueblos indígenas. Dicho reglamento sólo profundiza el modelo económico extractivo, afectando nuestras territorios y tierras, aguas y demás recursos naturales.
Así mismo, y mientras se discutan las nuevas propuestas de consulta, exigimos que se aplique de forma directa el Convenio 169 de la OIT a través de las recomendaciones del Relator de las Naciones Unidas James Anaya, siempre que se invoque dicho proceso.
3. En consecuencia, exigimos la paralización de los procesos de consulta de todas las medidas administrativas y legislativas en trámite, y de todos los proyectos energéticos y extractivos en territorios indígenas, hasta que estos cumplan con las condiciones y garantías establecidas en los instrumentos ya señalados.
4. Rechazamos la actual propuesta de consulta impuesta por el Gobierno, tanto en su metodología, objetivos y contenidos. En nuestros territorios no se informaron oportunamente los objetivos y contenidos de la convocatoria, se ha omitido arbitrariamente la participación de determinados Lonkos y otras Autoridades Ancestrales y representativas elegidas en forma autónoma, afectando la debida representatividad de nuestras bases. A lo cual, hay que agregar la falta de representación en el Consejo de la CONADI de los pueblos indígenas Quechua, Colla y Diaguita, afectado su posición en los procesos de información.
5. En consecuencia, para desarrollar la consulta, proponemos descentralizar dicho proceso. Se debe garantizar la adecuada participación de todos los pueblos autónomamente organizados, considerando su realidad e identidad cultural, respetando sus métodos tradicionales de adopción de decisiones, con sus propios tiempos, plazos e idiomas.
Exigimos la ampliación de los plazos impuestos unilateralmente, como también exigimos el financiamiento estatal de las reuniones de trabajo de los pueblos indígenas así como de los asesores elegidos libremente por cada uno de los territorios.
De no cumplir con dicha demanda, identificamos en el actuar de Gobierno una falta expresa a la buena fe y por ende, invalidamos cualquier resolución, como así a los indígenas que amparen este comportamiento.
6. Además, exigimos cumplir los comentarios realizados por el Relator especial de las NU para los pueblos indígenas James Anaya con fecha noviembre de 2012, sobre los estándares internacionales para la realización de la consulta. En tal sentido, la consulta es un deber del Estado y un derecho de los pueblos indígenas, no es una acción que dependa de la buena voluntad de uno u otro gobierno. Así mismo, creemos que ningún reglamento o manual puede limitar el derecho a la consulta y participación, y menos los derechos generales y particulares de los indígenas. Por el contrario entendemos que una propuesta de los pueblos indígenas, debe ser un documento que respete los instrumentos internacionales, puesto que se trata de derechos humanos y que no pueden subordinarse al interés nacional.
7. Rechazamos categóricamente la nueva Ley de Pesca, la Ley de Fomento Forestal y exigimos la modificación de las demás leyes sectoriales, que en ningún momento fueron consultadas. También rechazamos la entrega de derechos de agua en territorios indígenas, y demandamos el fin al estado de violencia y la desmilitarización inmediata de los territorios ocupados.
8. Exigimos la renuncia del Director Nacional de la CONADI por no estar presente en esta convocatoria, y más importante aún, por la carta enviada por él a la Ilustrísima Corte de Apelaciones con fecha 14 de noviembre del 2012, en que señala que el “supuesto” proceso de consulta indígena ha sido efectivamente realizado. Los pueblos declaramos que las firmas obtenidas mediante talleres, reuniones, capacitaciones y otras actividades realizadas por el Gobierno no constituyen consultas.
Para finalizar sólo expresamos nuestra voluntad para trabajar una propuesta de consulta, siempre y cuando se respeten los derechos y garantías expresados en esta declaración como en el convenio 169, declaración de las Naciones Unidas, y demás instrumentos nacionales e internacionales de Derechos generales.
Santiago 2 de diciembre del 2012
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