En la misma semana en que los venezolanos lloran la muerte por cáncer del presidente Hugo Chávez, uno de los más destacado defensores de la recuperación del territorio indígena en Venezuela fue asesinado.
Por Desinformémonos
Fuente: otramerica.com
La vida de uno de los más persistentes defensores del territorio yukpa, Sabino Romero, acabó por una emboscada, de la que se sospecha que los responsables son ganaderos y terratenientes en complicidad con agentes gubernamentales.
Un sector del pueblo yukpa busca la restitución de su territorio ancestral robado y se niega a aceptar las tierras que el Estado, en acuerdo con los ganaderos, le quiere imponer. Uno de los líderes más emblemáticos en esta exigencia de recuperación de tierras era Sabino.
Su vida estuvo marcada por la defensa del territorio y la exigencia del reconocimiento de sus tierras; su anciano padre, José Romero, también defensor de la tierra, fue asesinado a palos en la misma lucha contra los terratenientes y ganaderos asentados en la zona cuando contaba con 109 años de edad.
Lucha por el territorio
El 12 de octubre de 2009 y como respuesta al compromiso de demarcar las tierras yukpa, el presidente Chávez entregó títulos a tres comunidades de la sierra de Perijá, reconociéndoles tierras que no eran “más que monte y piedras”, mientras que las tierras cultivables se reservaron a los hacendados, denunció el profesor universitario José Ángel Quintero.
Pero una parte del pueblo yukpa había decidido hacer su propia demarcación y recuperar sus tierras ancestrales por medio de la ocupación de seis haciendas desde 2008; entre estos yukpa está la comunidad Chaktapa, de Sabino Romero.
Dos días después de la entrega de tierras, los caciques indígenas que aceptaron las tierras otorgadas por el gobierno atacaron a Sabino y su familia, dejando herido al líder, a dos de sus hijos y a una nieta, y asesinado a su yerno.
Decenas de organizaciones sociales denunciaron públicamente que el gobierno se encargó de “fragmentar a las comunidades mediante el manejo clientelar de los programas de vivienda, compra de camiones, y otorgamiento de créditos para los Consejos Comunales que son parte del ‘Plan Yukpa’, con la finalidad de lograr su apoyo incondicional para la firma de unas propuestas de demarcación que van acompañadas de los ‘Acuerdos de Convivencia con Terceros’, documentos que constituyen una manera de mantener la presencia y privilegios de hacendados y parceleros condenando a los indígenas a la exclusión”.
Las mismas organizaciones señalaron que “tampoco se ha cumplido con la consulta previa e informada de los informes técnicos de demarcación, procedimiento fundamental exigido por la normativa vigente generando un clima de tensión que propicia la violencia y la presencia de mercenarios y sicarios”. Poco tiempo después, Sabino fue detenido y llevado preso por acusaciones levantadas por un ganadero y por el supuesto asesinato de tres yukpa en un incidente confuso, y permaneció cerca de dos años en prisión.
José Ángel Quintero Weir denunció la imputación de “bandolero, criminal y abigeo” que se hizo a Sabino “a través de la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Interior y Justicia, el Ministerio de Obras Públicas, Ambiente y de Pueblos Indígenas, y aplaudida y apoyada por los hacendados y el rector de la Universidad del Zulia”, indicó el académico.
Detrás del apresamiento del cacique indígena, señaló Quintero, estarían, además de las complicidades con los ganaderos y terratenientes de la zona, la pretensión de realizar proyectos mineros en los territorios reclamados por los yukpa: un negocio de carbón con los chinos y otro de uranio con Irán.
La sociedad Homo et Natura señaló que “el Estado gobierno no puede cumplir con los derechos territoriales de los pueblos indígenas en el Delta, Amazonía o en la Sierra de Perijá, pues estos espacios vitales ya están entregados a los capitales energéticos y mineros trasnacionales, constituyendo un nuevo socialismo soportado en la ideología de las empresas mixtas”.
El periódico El Libertario publicó que “desde el 13 de noviembre de 2003, fecha en que el presidente Hugo Chávez anunció en El Menito, Lagunillas, la triplicación de la explotación del carbón a 36 millones de toneladas métricas anuales en territorios habitados por diferentes etnias aborígenes, Sabino Romero fue parte de las comunidades indígenas que se movilizaron para rechazar las consecuencias en sus territorios de la expansión de la megaminería en la región. La lucha de Sabino se enfocó a lograr la demarcación y titularidad de los territorios indígenas, para lo cual realizó diferentes movilizaciones tanto en el estado Zulia como en Caracas, utilizando diferentes métodos de lucha, entre ellos la acción directa y la ocupación de tierras indígenas en manos de ganaderos.”
Para la publicación anarquista, “los niveles de autonomía de Sabino Romero en su lucha motivaron una estrategia compartida entre todos los factores de poder regionales y nacionales interesados en continuar la explotación de las tierras indígenas”.
El asesinato
El 3 de marzo, el líder yukpa fue asesinado en una emboscada en la sierra de Perijá (fronteriza con Colombia) cuando bajaba desde Chaktapa a votar para elegir al Cacique Mayor. Los testimonios refieren que sicarios a bordo de una motocicleta le habrían disparado, hecho en el que resultó herida su compañera, Lucía.
La Liga de Trabajadores Socialistas sospecha que fuerzas del Estado podrían tener complicidad en el crimen, ya que Sabino “denunció en noviembre pasado al general Francisco Salcedo Alcalá por ser cómplice de los ganaderos y sus sicarios”, y porque cuando los yukpa salieron tras los asesinos para detenerlos, “el ejército intervino frenando a los yukpa, garantizando en los hechos la huida más tranquila de los atacantes”, señalaron en un comunicado. Además, apuntan, está el hecho de que los anteriores asesinatos de indígenas yukpa están en la impunidad “incluyendo el del padre de Sabino, José Romero, muerto de una golpiza por iniciativa de uno de los ganaderos de la zona”.
“El Estado venezolano, pluricultural según la Constitución y asimilacionista en los hechos, suma a su ya larga lista de muertos la del cacique indígena yukpa Sabino Romero”, denunció el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela. Para estos académicos, el asesinato de Sabino “pone en evidencia la ausencia de un Estado que reconoció derechos y que los usurpa al criminalizar la reivindicación indígena por sus territorios”.
El fotógrafo Francisco Elías Prada escribió que entre los múltiples corresponsables de la situación están “las instituciones del Estado, empezando por el ejército, quien mantuvo en prisión a Sabino Romero y Alexander Fernández (asesinado brutalmente con sadismo y con saña sacándole los ojos, a pocos meses de haber salido de la injusta prisión a la que fue sometido) en condiciones infrahumanas, violando sus más elementales derechos, negándole asistencia médica, ejerciendo tortura sicológica y física”. También señaló a la Guardia Nacional, “que muchas veces llegó hasta la comunidad de Chaktapa Sierrá de Perijá, a detener a Sabino Romero a sus hijos, que persiguió, asedió, amenazó, amedrentó, insultó a Sabino Romero Izarra muchas veces para capturarlo y exhibirlo como un trofeo”.
Arlenis Espinar, representante de Movimientos Populares, señaló el día del asesinato que “no es cualquier asesinado, es un líder histórico de la lucha por la tierra y fue vilmente tiroteado hace tres horas”.
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