La mañana del 22 de Marzo se realizó una reunión entre representaciones sociales y políticas con gerentes de Colbún, dueña de la Termoeléctrica Santa María de Coronel, preocupadas por el masivo varamiento de langostinos y jaibas en la costa. La denominada mesa de diálogo estuvo accidentada cuando trabajadoras decidieron tomarse una torre de la central, resultando una de ellas herida. Al respecto el vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro se refiere a estos hechos y su participación en dicho encuentro.
De acuerdo al senador Alejandro Navarro, la reunión sostenida con los gerentes operacionales de Colbún durante la mañana del 22 de Marzo “dejó claro de que la política de relación con la comunidad que tiene la empresa apunta fundamentalmente a una política de subsidios menores, no dando cuenta de una estrategia general que exija garantías por los impactos ambientales, junto con llevar una política de buen vecino con la comunidad”, comentó.
Una de las temáticas tratadas en la reunión y que Navarro detalló fue sobre “la oferta de Capitales Semilla para parte de las 250 orilladoras, que en realidad son migajas. Es más, Colbún no puede centrar en construir una segunda etapa de la termoeléctrica sin haber resuelto sus problemas con la comunidad y con el medio ambiente”, dijo el congresista en relación al “varamiento de langostinos y jaibas que en menos de una semana tiñeron de muerte las costas de la Caleta Lo Rojas en Coronel”.
En la oportunidad, Navarro sostuvo que “el ofrecimiento de proyectos de emprendimiento a mujeres que han dedicado su vida a la recolección de algas es repetir los errores de la reconversión laboral en la Cuenca del Carbón y de diversos programas que han terminado con, por ejemplo, elementos adquiridos y que terminan siendo vendidos, incluso, antes de terminada la capacitación”.
Por lo que enfatizó: “Aquí se requiere de un programa de responsabilidad social y un estudio que permita que los impactos que Colbún genera, en especial su central térmica a carbón Santa María puesta en marcha el 15 de agosto de 2012, se traduzcan en mitigaciones y compensaciones permanentes. Ellos teniendo una generación media estimada de 2.500GWh/año igualmente tienen impactos permanentes, aunque sostengan que descargan sus aguas de enfriamiento a 200 mts. en la bahía. Es por ello que no pueden ofrecer soluciones cortas y transitorias. La eléctrica Colbún, encabezada por Bernardo Larraín Matte, dispone de una caja de US$ 218 millones, que bien puede utilizar en esa dirección”.
Asimismo, el congresista adelantó que “espero que el gerente general de Colbún, Ignacio Cruz, con quien me reuniré el lunes a las 17 horas, pueda comprender que una empresa tan importante como la compañía chilena Colbún, que como declaran tiene 15 centrales hidroeléctricas, 6 termoeléctricas, 824Km en líneas de transmisión y 17 subestaciones en 4 regiones; y que es controlada por el Grupo Matte a través de su filiar Minera Valparaíso, no puede solo cumplir la ley”.
En referencia a lo anteriormente mencionado, Navarro explica que “hay algunos que dicen que cumplen la ley, pero sabemos que esta ley protege a las empresas y deja en desamparo a los que son afectados por los proyectos medioambientales. Por lo tanto, aquí lo que se requiere es resolver el problema de fondo y generar una sana convivencia; para eso Colbún puede cumplir la ley, pero no es suficiente”.
Y siguió detallando que “los impactos generados, por ejemplo, por estas centrales no son cubiertos en la Ley de Medio Ambiente y los ciudadanos no son protegidos en ésta, que fue diseñada para que los proyectos se aprobaran”. Puntualizó que “la participación ciudadana sigue siendo no vinculante, es decir no importa lo que opinen los ciudadanos, al final siempre se hace lo que se propone”.
Navarro recordó que los mecanismos de aprobación de los estudios de impacto ambiental sigue teniendo una definición política. Recordó el caso de la Celulosa Itata, cuando de los 18 organismos públicos, 14 votaron negativamente, siendo finalmente el consejo de ministros el que terminó por aprobar el proyecto.
“Colbún está poniendo en juego su prestigio de cuidado ambiental. Esto llevará a que la presencia de esta empresa sea sospechosa en cada proyecto que integra”, sostuvo el líder del MAS.
Y destacó: “Colbún tiene la gran oportunidad de resolver adecuadamente el tema de las algueras y recolectoras. Y particularmente en convertirse en una industria que crece, genera muchas oportunidades para la ciudad en la que está inserta y se desarrolla derrotando la pobreza y generando acciones medioambientales que protejan a los ciudadanos”.
Trabajadora se toma cinta transportadora de la central
Mientras se desarrollaba la reunión un grupo de 5 mujeres se tomaron una torre de la Central Santa María. Para el senador Navarro, “el gerente de Asuntos Públicos de Colbún, Pedro Leiva, quedó claro con la acción desesperada de la presidenta del Sindicato de Orilleras de Playa Negra de Coronel, Cynthia Saéz, que estuvo por cerca de una hora en la Torre Mayor de la cinta de transporte”.
“El hecho –continuó Navarro- refleja que el tiempo para el diálogo está prácticamente agotado, de que existe mucha angustia. Que en ocasiones en que las trabajadoras después de un mes de estar acampando afuera de la empresa obteniendo cero resultado, una mesa de diálogo no es suficiente, sino se requiere de una mesa de diálogo que sea realmente dinámica y de respuestas muy concretas”, dijo.
A su vez, Navarro estimó: “Aquí en Coronel se va a producir un reventón social. Coronel ha sido castigado por la cesantía, con la segunda cifra más alta de la Región, con un 11,4%, después de Lota. Peor aún, una comuna con alto nivel de contaminación que se le prometió que las industrias iban a acabar con la cesantía, cuestión que jamás se cumplió”.
“Colbún debe entender que su presencia es mal vista por los vecinos”, llamando a la empresa a “que haga un esfuerzo para recuperar la credibilidad y la buena convivencia”.
Una relación asimétrica
A juicio del legislador, “la generación de una mesa de diálogo no excluye las acciones legales que las algueras y recolectoras puedan emprender. Está claro que en los temas de fondo, Colbún ha sido enfático en decir que ellos requieren del pronunciamiento de alguna autoridad. Sin embargo, vemos que judicializar los conflictos ambientales solo favorecen a las empresas que pueden pagar los honorarios de sus abogados y pueden contar con un ejército de científicos para demostrar sus tesis”, reconoció.
A lo que Navarro llamó a la empresa a que las algueras “sean asesoradas por profesionales especialistas. Puesto que es una situación asimétrica, de abuso, que un conjunto de algueras y recolectoras, muchas de ellas que no han terminado el cuarto medio se sienten a dialogar con gerentes, profesionales y especialistas para debatir sobre el impacto del proyecto. Eso yo lo considero una desigualdad”. Por lo tanto valorizó que “la empresa se allanara a la contratación de profesionales que las algueras escojan para que las asesoren directamente, con honorarios cancelados por la empresa”.
En tal dirección “creo que el cambio en este hecho jurídico va a traer novedades a este conflicto”, concluyó el senador del MAS.
PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA
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