Defensor Nacional: “No existe un trato privilegiado para los imputados mapuches”

Entrevistado por CNN Chile el explicó por qué esa visión “no tiene fundamento” y por qué el conflicto se trata de “un problema mucho más profundo”, que para ser resuelto “requiere una política de Estado” cuyo alcance trasciende al sistema de justicia criminal o a los tribunales…

FUENTE: DPP

Entrevistado por los conductores del programa “Mañana en Directo”, de CNN Chile, el Defensor Nacional, Georgy Schubert, negó que en la Región de La Araucanía exista un estándar más exigente de los jueces, que impida condenar a los responsables de los delitos asociados al llamado ‘conflicto mapuche’.

Schubert explicó a los periodistas Germán Oyarzún y Paola Berlín que esa visión proviene originalmente del ex Fiscal Regional de La Araucanía (Francisco Ljubetic), ante lo cual los defensores penales públicos “no hemos visto un trato privilegiado, en absoluto”, en favor de personas de la etnia mapuche, aclaró. “Hace algún tiempo se sostuvo que uno de los problemas de la Región de La Araucanía es que existían estándares distintos de los jueces para sancionar a imputados de la etnia mapuche que los que existían en el resto del país. Esa afirmación proviene de quien era entonces el Fiscal Regional de La Araucanía, un poco intentando explicar por qué los malos resultados o, si se quiere, por qué la falta de condenas en el contexto del conflicto territorial en La Araucanía”, aseguró.

Lo que decía el fiscal es que los jueces eran más blandos con las personas cuando se trataba de la etnia mapuche, a la hora de aplicar alguna medida o dictar sentencia…

- Exactamente lo que decía era que los estándares de prueba que exigían los jueces de la región eran tan elevados -mucho más que en el resto del país-, que eso impedía que se obtuvieran sentencias condenatorias. Nosotros hemos estado trabajando muchos años en el tema de la defensa de muchos imputados de la etnia mapuche en La Araucanía y no hemos visto un trato privilegiado, en absoluto. Creo que existe evidencia, incluso, de que en algunas materias se ha sido extraordinariamente duro con los imputados de la etnia mapuche. Pero, sobre todo, creo que esa afirmación no tiene fundamento, porque los casos más relevantes, en que se han dictado sentencias absolutorias o condenatorias para imputados de la etnia mapuche, han llegado a la Corte Suprema.

Todos sabemos que una de las funciones de la Corte Suprema es establecer un criterio unificador de la interpretación de las normas y su aplicación. Por lo tanto, la misma Corte Suprema ha juzgado y ha visto recursos respecto de imputados de todas partes de Chile. Difícilmente se puede decir que también la Corte Suprema, entonces, tiene un sesgo, y ha juzgado o ha acogido recursos de nulidad, en algunos casos, o los ha rechazado en otros, teniendo un trato privilegiado hacia los mapuches, de manera que no me parece que la afirmación, que parte originalmente del ex Fiscal Regional de La Araucanía, sea suficientemente fundada, y creo que se necesita bastante más evidencia.

Creo que acá hay un intento, también, por justificar resultados que se esperan que no son los adecuados, pero en absoluto creo que exista un trato privilegiado.

- ¿Es echarle la culpa a alguien más? – Claro, cuando no se obtienen sanciones y lo que se espera es obtenerlas, por un lado, en vez de analizar en qué se está fallando en los procedimientos policiales o en la recolección de evidencia. Todos reconocen que efectivamente existen fallas y que es difícil, en este contexto, obtener pruebas. Eso es verdad, la ruralidad, el conocimiento que tienen las personas de las comunidades unos con otros, lo que dificulta que puedan estar dispuestos a declarar contra esas personas, si conocen esta imputación. En general, no estamos frente a delitos flagrantes, no se sorprende a los autores cometiendo los ilícitos. Eso es verdad, existen dificultades, pero de ahí a decir ‘bueno, rebajemos los estándares y que los jueces con menos apliquen sanciones’… eso es algo que debilita al Estado de derecho.

LAS SOLUCIONES

- ¿Cómo se soslaya o se trabaja esa dificultad, desde la experiencia que han tenido ustedes? Lo que hemos escuchado en el último tiempo son una serie de declaraciones, acusándose unos a otros, pero al parecer el tema es mucho más de fondo, desde el punto de vista de las pruebas, de cómo trabajar en lugares que son adversos, con una geografía diferente, con una policía que, a lo mejor, por mucho que se trate de capacitar frente a ese escenario… es un escenario distinto al de las demás regiones. ¿Por dónde cree usted que podría pasar una solución al tema de fondo judicial?

- Creo que hay una respuesta que tienen que dar los servicios policiales, que son los encargados de hacer la investigación en terreno, como de los fiscales de dirigirla. ¿Existen dificultades adicionales en el contexto de este conflicto territorial? Por supuesto. No soy un experto para dar recetas y decir ‘mire, se debe investigar de esta forma o de esta otra’. Lo que sí puedo decir es que cuando se ha absuelto a imputados de la etnia mapuche, ha sido porque han faltado esas pruebas y, por lo tanto, la respuesta no puede estar, como digo, en rebajar esos estándares para, con menos pruebas, condenar a personas que en otras partes del país habría un estándar mayor.

- En otras palabras, el estándar probatorio es objetivo y tiene que ser unificado…

- Tiene que ser unificado. En todo el territorio de la república existe el mismo Código, debe existir una interpretación común…

- …¿A pesar de que en todo el territorio las condiciones no sean las mismas? Porque usted mismo lo decía, efectivamente hay ciertas complejidades propias de este lugar, que las personas se conocen, que nadie va a echar al agua al vecino… ¿Eso no obligaría a establecer un procedimiento propio, por ejemplo?

- No, porque esas dificultades probatorias, lo que tiene que establecerse para subsanarlo, son procedimientos policiales distintos o más recursos, recursos más intensivos de personal, si se quiere cámaras de vigilancia, todos los medios que hoy día están al alcance de la tecnología, o formas de inteligencia policial que permitan recopilar pruebas. Por supuesto, son casos que a lo mejor requieren más tiempo para su trabajo.

El otro punto es que se centra el foco, precisamente, en la respuesta penal, como si el problema que está detrás se fuera a solucionar con condenar a más o menos personas. Entonces, pareciera ser que la solución está en manos de las decisiones de los jueces, porque en la medida que condenan más personas involucradas en estos hechos de violencia, entonces va a haber una mejor situación de paz social en La Araucanía o en la provincia de Arauco, en Biobío.

“POLÍTICA DE ESTADO”

- ¿Pero usted no cree que en la medida que se condene, no digo más simplemente por el número, pero si se condena a quienes deben ser condenados, eso no asegura que haya más paz, en La Araucanía o donde sea?

- Por supuesto que los delitos deben ser investigados y condenados cuando corresponda, pero creo que lo que hay detrás del conflicto territorial es un problema mucho más profundo. Todas las personas que han analizado esto, han ido a la región, a la zona, han observado esto y han dicho ‘mira, acá detrás hay un conflicto social, un conflicto étnico, un tema de fondo que traspasa el tema de lo estrictamente policial y criminal’. Y obviamente comienza a estar en el debate y en la discusión pública cuando se visibilizan hechos tan dramáticos como la violencia que vemos en esa región.

Pero acá han venido observadores de afuera. Han venido relatores para el tema indígena, Rodolfo Stevenhagen hace varios años, después vino James Anaya, el año recién pasado vino Ben Emmerson, relator para terrorismo y derechos humanos. Ellos dicen ‘mire, aquí hay un problema, donde las vías que se están siguiendo no parecen estar dando solución’. Mucha aplicación de normas, particularmente la Ley Antiterrorista, parece ser parte del problema, y han recomendado tener soluciones de fondo, que son políticas de Estado.

Quizás lo más relevante en esto es que los protagonistas de esta historia no debieran ser los imputados, por supuesto que no debieran ser las víctimas, ni las policías, fiscales o jueces. El tema de fondo es que se requiere una política de Estado de largo plazo, que traspasa con mucho la barrera del sistema de justicia criminal.

PAZ SOCIAL

- ¿Pero no genera presión anexa a todo lo que hemos conversado, que el Presidente de la República o el gobierno en sí, algunas autoridades, estén constantemente criticando y poniendo sobre la mesa la labor de los jueces y, por ende, empiece todo el chorreo hacia abajo?

- Como intervinientes del sistema de justicia criminal, por supuesto que nos gustaría que los jueces tuvieran la mayor independencia y la mayor comprensión de todos para realizar su trabajo. Lo que tengo claro, a esta altura, es que muchas veces se demanda del sistema de justicia una solución a múltiples problemas que no están en su capacidad de respuesta.

Todos sabemos que el delito se ve en los tribunales de justicia criminal y se juzga cuando ya se ha cometido. Lo que queremos es que existan menos delitos, y en el tema de prevención, de manera sólo indirecta intervienen los tribunales de justicia. Por supuesto que la demanda de justicia, cuando ya se ha cometido un crimen, es absolutamente legítima y todos estamos detrás de eso y debemos responder dentro de distintos roles, pero el Estado de Derecho debe hacerse cargo de ese tema, pero también debe hacerse cargo de algo que es fundamental, que es garantizar el debido proceso para todas las personas. Y cuando se trata de grupos vulnerables, bueno, más bien debe permitir el acceso a la justicia. Ese es un rol que no se puede abandonar.

Para que una sanción sea legítima cuando se comete un delito, para que en definitiva pueda traer paz social, se requiere -precisamente- que se haga ese juzgamiento con todos los derechos y garantías. Eso implica estándares que son reconocidos internacionalmente y que no se pueden abandonar. Y hablo de casos tan dramáticos como pueden ser situaciones de conflicto territorial.

La paz social se va a conseguir en la medida que se sancionen los delitos con todas las garantías que, a veces, se pretende abandonar, pero sobre todo, la paz social se va a garantizar yendo al tema más de fondo que, como digo, trasciende lo que podamos hacer en los tribunales de justicia.

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