El Estado chileno ha incumplido los compromisos contraídos con cinco mujeres pehuenches que se resistían a la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, en el Alto Bío Bío. El 17 de octubre de 2003 ambas partes habían acordado una “solución amistosa” firmada bajo la observancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual actúa como garante del cumplimiento de los acuerdos.
Así lo denunciaron Berta Quintremán Calpán, Mercedes y Rosario Huenteao Beroíza y Aurelia Marihuán Mora, así como el abogado Roberto Celedón, en carta enviada el pasado 26 de diciembre al secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza.
En la misiva sostienen que “los incumplimientos son múltiples, reiterados, y a pesar de haber plena conciencia de la efectividad de los mismos, el Estado de Chile persiste en una actitud a lo menos negligente, razón por la cual solicitamos a la CIDH en virtud del principio pacta sunt servanda –por la cual los Estados se obligan a cumplir de buena fe las obligaciones asumidas– se adopten todas las medidas a fin de que Chile cumpla íntegra y prontamente todos los compromisos pendientes”.
Las pehuenches denunciaron que las tierras entregadas en permuta “tienen graves problemas con la disposición de agua”. Respecto de esto último, Celedón dice a Proceso: “A Berta Quintremán se le entregó un predio sin agua”, recalcando que “esto es sumamente grave” y que este reclamo “se formuló desde un primer momento y aún no se ha resuelto”.
Las pehuenches destacan en su escrito el hecho de que el Estado de Chile aprobó en 2009 la construcción del mega proyecto Central Angostura –cuyas obras están casi concluidas– a pesar de haberse comprometido a que después de Ralco no se construiría ni una central más en el Alto Bío Bío.
La “solución amistosa” incluía también “medidas tendientes a fortalecer la identidad territorial y cultural mapuche pehuenche y mecanismos de participación en su propio desarrollo”. En relación con esto, las pehuenche señalan en su informe: “Hasta la fecha no se ha constituido el directorio del Área de Desarrollo Indígena, por lo que estimamos que el Estado de Chile no ha cumplido este compromiso”.
Chile también se comprometió a “fortalecer el desarrollo económico del sector del Alto Bío Bío y en particular de sus comunidades indígenas, mediante mecanismos que sean aceptables para la parte denunciante”.
Este punto también fue señalado como incumplido por las pehuenche: “(no) se ha elaborado el plan de ordenamiento territorial” que disponía que “las tierras indígenas del Alto Bío Bío sean calificadas como área de protección de recursos de valor natural o patrimonial cultural, desconociéndose la existencia de gestiones del gobierno en este sentido”.
Además, de los beneficios materiales y de los programas de desarrollo prometidos a los pehuenche, la “solución amistosa” preveía medidas que suponían el perfeccionamiento de la institucionalidad jurídica protectora de los derechos de los pueblos indígenas y sus comunidades. Esto implicaba dar reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas y ratificar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Lo primero no se ha hecho pero el Convenio 169 se ratificó en septiembre de 2008. Sin embargo, su aplicación se ha frenado por la tardía promulgación del reglamento de consulta indígena, efectuada apenas el pasado 22 de noviembre y cuya redacción detonó un vendaval de críticas de los voceros de casi todos los pueblos indígenas chilenos.
Celedón sostuvo que, además de “las prórrogas y dilaciones en el cumplimiento de los compromisos”, es lamentable que “durante todo el gobierno del presidente Sebastián Piñera, nunca un ministro de Estado recibió a las mujeres pehuenche que han exigido el cumplimiento de las obligaciones contraídas por Chile en el marco de la ‘solución amistosa’.
Señaló específicamente a los tres funcionarios que han encabezado durante la presente administración el Ministerio del Desarrollo Social: Felipe Kast (2010-2011), Joaquín Lavín (2011-2013) y Bruno Baranda (a partir de 2013).
El abogado reconoce que algunos aspectos de la “solución amistosa” –como la creación de la comuna del Alto Bío Bío y la entrega de pensiones– se han cumplido, pero señala que la solución amistosa es “un todo único y de igual valor y cualquier incumplimiento significa el no cumplimiento de todo el acuerdo”.
El abogado José Aylwin dice a Proceso que el hecho de que Chile no ha cumplido a los pehuenche queda demostrado al constatar que la comuna del Alto Bío Bío, “con 45% de su población bajo la línea de la pobreza, es la más pobre de Chile”.
La ‘solución amistosa” llegó después de que las cinco pehuenche (las hermanas Huenteao Beroíza, Aurelia Marihuán y las hermanas Berta y Nicolasa Quintremán) presentaran –el 10 de diciembre de 2002– una denuncia ante la CIDH en la cual se alegaba la violación por parte del Estado de Chile –dada su participación cómplice con Endesa en el caso Ralco– de los derechos protegidos por los artículos 4, 5, 8, 12, 17, 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El 23 de diciembre de 2002 la CIDH explicó el alcance de la petición de las pehuenche: “El objeto de la solicitud planteada al Estado de Chile es evitar que las decisiones de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos carezcan de sentido en su labor de protección de la persona humana. En este sentido, el Estado debe abstenerse de cualquier acción que pueda ampliar o agravar la controversia y tener un efecto perjudicial en la eficacia de cualquier decisión que eventualmente adopte la comisión”.
Como consecuencia de las conversaciones iniciadas en el contexto del 117 periodo ordinario de sesiones de la CIDH, el 26 de febrero de 2003 este organismo llevó adelante una audiencia para discutir la posibilidad de un acuerdo entre Chile y los pehuenche. Las tratativas avanzaron, lo cual se expresó en la redacción de las Bases de acuerdo entre el Estado de Chile y las familias mapuche pehuenche peticionarias del Alto Bío Bío para una propuesta de solución amistosa.
El 31 de julio de 2003 las peticionarias presentaron una solicitud de medidas cautelares, arguyendo un supuesto incumplimiento por parte de Chile de una medida ordenada previamente por la CIDH y que tenía por objeto mantener el status quo.
Un día después la CIDH otorgaba las medidas cautelares solicitadas, lo cual se tradujo en solicitar a Chile que suspenda “la ejecución de cualquier acción judicial o administrativa que implique el desalojo de las peticionarias de sus tierras ancestrales” hasta que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos resuelva respecto de esta materia.
La “solución amistosa” finalmente se firmó en octubre, lo que supuso para Endesa y el gobierno chileno vencer el último obstáculo que impedía la concreción de su proyecto Ralco.
Pese a ello, en ese momento las organizaciones pehuenche consideraron un triunfo este acuerdo puesto que prometía importantes avances para ellos y todos los pueblos indígenas de Chile. Hoy todo es desilusión.
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