Por segunda vez Chile rindió cuenta acerca de la situación de los derechos humanos en el país ante la comunidad internacional, esto en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La particularidad del EPU es que es una evaluación entre pares – son los demás Estados quienes realizan preguntas y recomendaciones al Estado revisado – y entre las recomendaciones en las que más hubo coincidencias en los Estados fueron: respeto y garantía del pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos (incluida la despenalización del aborto, al menos en algunos casos), sancionar el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en las manifestaciones sociales, y respeto de los derechos de los pueblos indígenas, la diversidad sexual, las personas migrantes y las mujeres.
También se recomendó al Estado de Chile, entre otras cosas, desarrollar un Plan Nacional de Derechos Humanos, tipificar la tortura como delito imprescriptible, modificar la Justicia Militar, mejorar la protección a las mujeres contra la violencia, resguardar el uso correcto de la Ley Antiterrorista y garantizar verdad, justicia y reparación para víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990.
“Con respecto a estas recomendaciones, que coinciden con aquellas que ha hecho AmnistíaInternacional en reiteradas ocasiones, esperamos que el Estado las acepte y las implemente debidamente y no de forma parcial como lo hizo tras el examen anterior realizado en el año 2009”, menciona Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional- Chile.
El proceso del EPU permite que las organizaciones de la sociedad civil elaboren informes con su análisis sobre los avances y pendientes en materia de derechos humanos en el país. AmnistíaInternacional presentó su propio informe en el que manifestó sus inquietudes en varios puntos, entre ellos, lo relativo a los derechos sexuales y reproductivos. Cabe señalar que respecto a este tema, Chile recibió reiteradamente la recomendación de despenalizar el aborto en el EPU 2009, al menos en caso de violación, incesto y cuando la vida de la madre corre peligro, pero estas recomendaciones fueron rechazadas por el Estado y no ha sido posible avanzar legislativamente sobre esta materia.
“Esperamos que, en esta oportunidad, en que más Estados hicieron recomendaciones en esta línea, Chile definitivamente reconozca que los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres son derechos humanos y, por lo tanto, debe respetarlos y garantizarlos”, señala Ana Piquer.
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