El Instituto Nacional de Derechos Humanos, dio a conocer en Temuco el estudio exploratorio: “Estado de Chile y Pueblo Mapuche: Análisis de tendencias en materia de violencia estatal en la región de la Araucanía”. En el marco de dicho estudio, el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO-UDP), aportó con tres investigaciones específicas: sistematización de denuncias por violencia policial en juzgados militares, percepciones de voces institucionales sobre la situación de la Araucanía, y percepciones de tres comunidades mapuche sobre la misma temática.
La sistematización de denuncias por violencia policial reveló que entre 1990 y 2011 se presentaron a los juzgados militares un total de 18.967 denuncias en contra de Carabineros. Las cifras corresponden al total de denuncias estampadas ante tribunales militares desde la región de Coquimbo y hasta la Región de los Lagos. La curva de denuncias (ver anexo) muestra un constante incremento, que se hace explosivo a partir de 2004-2005. Aunque el promedio anual es de 862 denuncias, desde el año 2006 se han presentado más de mil denuncias al año, llegando a casi 1800 en el año 2011.
Vale la pena advertir que gran parte del incremento de las denuncias de los años 2003-2005 son efecto del incremento en el número de denuncias en la zona sur del país—y específicamente de la región de la Araucanía y Bío-Bío. Después de 2006, el incremento sustantivo en el número de denuncias se explica por un incremento en la región central de Chile (Santiago y Valparaíso, principalmente).
En cuanto a la acción de la justicia militar, se muestra una tendencia clara de privilegiar sobreseimientos tanto en la zona Central como en la zona Sur (superior al 90% de las causas). El nivel de sobreseimientos aumentó en la década 2001-2011 respecto de la década anterior. En materia de sentencias condenatorias a oficiales, se observa que en promedio es baja en la zona central y sur (2,5% de causas terminan con condena del oficial). Observamos una mayor tendencia a condenas en década 1990-2000. Asimismo, un leve mayor nivel de condenas en Zona Central más que en la Zona Sur del país.
El estudio sobre voces institucionales se basó en entrevistas claves a tomadores de decisión de los tres poderes del Estado. Para estos actores, la “situación” de la Araucanía es controversial y de compleja definición (“conflicto mapuche”, “tema mapuche”, “situación de violencia”). Existe un reconocimiento abstracto de la legitimidad de demandas territoriales históricas y de deuda de Estado de Chile. Sin embargo, la restitución de tierras se ve como problemática en la práctica.
Se distingue diversidad social y de demandas en la región, aunque se percibe una radicalización en los últimos años. Los actores tienden a asociar la pobreza y marginalidad con radicalización de demandas. Se critica fuertemente a los gobiernos anteriores, a las políticas implementadas y gestión de actores (jueces, fiscales y policías en particular). La evaluación que se hace está mediada por rol institucional que ocupan actores. Existe temor a ser juzgado por dichos “inapropiados” por lo que se evita responsabilizarse de dichos (entrevistas anónimas o no dar entrevistas).
En cuanto a las soluciones, dicen estos actores que dependen del poder político; debiese pasar por reconocer deuda histórica; resolver problemas socioeconómicos; aunque no existe autopercepción de ellos como agentes de una solución.
En cuanto al estudio con las comunidades, se trató de un estudio exploratorio y cualitativo basado en entrevistas a comuneros en temas vinculados a orden público y justicia. Se trabajó a partir de entrevistas individuales y grupales en tres comunidades (Temulemu, Tumucuicui, Wente Winkull Mapu) totalizando 13 entrevistas a hombres y mujeres. Adicionalmente, se entrevistó a 6 actores claves incluyendo académicos, activistas fuera de las comunidades, y abogados. Todos los entrevistados aceptaron hacer públicas sus entrevistas.
Entre los resultados de este estudio, los entrevistados sostienen que existe una fuerte estigmatización del “conflicto mapuche”. Sostienen que la violencia tiene raíz histórica y de parte del Estado de Chile. Persiste el recuerdo y memoria de la violencia estatal. Existe una percepción del uso de fuerza desmedida de fuerza policial (particular aunque no exclusivamente con niños) e impunidad respecto de actos de violencia por parte de Carabineros. Además, existe una percepción de discriminación y racismo en investigación y resolución de casos en el poder judicial, particularmente de parte de los fiscales.
Los actores locales (municipios, por ejemplo), no son percibidos como interlocutores (o espacios para encontrar soluciones) en la medida en que decisiones corresponden a gobierno central. Se expresa una negativa percepción de medios de comunicación. La Iglesia Católica y ONGs de derechos humanos tienen una mejor evaluación, aunque suelen tener presencia en momentos críticos solamente de acuerdo a los entrevistados.
Las vías de solución al conflicto entre el Estado de Chile y las comunidades pasan de acuerdo a los entrevistados por la desmilitarización y reconocimiento de demandas históricas.
Coordinó este estudio Claudio Fuentes, y participaron Ximena Tocornal (Psicóloga), Martín Correa (Historiador), y los asistentes de investigación Gonzalo Contreras, Rodrigo Hernández, y Julio Rojas.
Ver el informe completo aquí: EstadodeChileyPuebloMapuche
http://mapuexpress.org
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