El ministro Lavin anuncia una supuesta "Gran Cumbre en La Moneda" entre el Gobierno y los pueblos indígenas el martes 12 de marzo para "consensuar el proyecto de ley sobre consulta". "La persona que hace de líder es Marcial Colin" dice el Ministro. ¡Que sorpresa! ¿Cuándo ocurrió la magia de que un irregular y poco transparente proceso "consulta de reglamento" se transformó en "consulta de proyecto de ley" viciado de origen? ¿A eso se convocó en Agosto 2012, a un gran montaje? ¿Cuándo se acordaron los procedimientos? ¿Cuándo el Sr. Colin fue electo representante de TODOS los pueblos indigenas para transar derechos de TODOS los pueblos?
La "cumbre" es un fraude que viola el Convenio 169 y suplanta a los pueblos. Y la "urgencia" a un viciado proyecto de ley deja al desnudo el engaño de la "consulta de reglamento" de Conadi. Y se suma el anuncio de un clientelar "consejo de pueblos", que no ha sido consultado con nadie.
Reproducimos la entrevista de El Mercurio, domingo 10 de marzo 2013 al Ministro Lavin
El Mercurio 10 de Marzo 2013, sección Economía y Negocios
Entrevista.
JOAQUÍN LAVÍN ADELANTA LA "CUMBRE" ENTRE GOBIERNO E INDÍGENAS QUE SE INICIA ESTE MARTES EN LA MONEDA
"Lavin: La prioridad uno, que tiene plazo perentorio fijado por el Presidente, es enviar el proyecto de ley sobre consulta antes del 30 de abril".
Lavin: "La persona que hace de líder es Marcial Colin"
“Lavin: El Gobierno hizo una propuesta en agosto del año pasado, los pueblos originarios se autoconvocaron el 30 de noviembre en el Hotel Crowne Plaza, se juntaron más de doscientos representantes de los pueblos originarios. Ahí se generó una contrapropuesta. Ahora, el 12 de marzo, parte la mesa para buscar el consenso”.
[Nota aclaratoria: Miente el Ministro: el único acuerdo fue el rechazo unánime a la propuesta del Gobierno. Respaldado con un lapidario informe del Relator de Naciones Unidas que demuestra que la propuesta del Gobierno incumple todos los estándares internacionales.]
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"Este martes será clave para el devenir de las demandas indígenas. Ese día se iniciará el trabajo de una mesa de diálogo integrada por 28 representantes de los nueve pueblos originarios que habitan Chile y diez personeros del Gobierno.
Será uno de los hitos más importantes de una agenda que el Gobierno retomó con fuerza tras el asesinato del matrimonio Lüchsinger-MacKay por parte de activistas vinculados a la causa mapuche, en enero de este año.
"La idea es consensuar un proyecto de ley que establezca cómo debe aplicarse el mecanismo de consulta establecido en el Convenio 169 de la OIT.
"Este pacto internacional -ratificado por el Congreso de Chile en 2008- obliga a las autoridades a consultar a los indígenas cada vez que una empresa o que el propio Estado pretenda realizar un proyecto que pueda afectarlos: un aeropuerto cerca de un cementerio mapuche o una mina en las cercanías de una comunidad.
"Pese a que ya han transcurrido casi cinco años desde la ratificación de ese Convenio, no existe un mecanismo que diga cómo se deben realizar estas consultas, quiénes deben participar de ellas, quién debe formular las preguntas -el Ejecutivo o el Congreso-, y cuáles son los plazos de respuesta. Por ello, su aplicación se ha convertido en un dolor de cabeza para autoridades y empresarios.
"Un botón de muestra: la multinacional Río Tinto encargó un estudio sobre la aplicación del convenio a proyectos de exploración minera.
“La manera específica en que se hace la consulta ha sido objeto de muchas discusiones y tanto las empresas como los mapuches requieren certeza jurídica”, señala el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, en la víspera de ese histórico encuentro.
"De lo que pase en esta mesa de diálogo dependen las otras dos iniciativas con que el Gobierno pretende zanjar gran parte de las demandas de los pueblos originarios y que Joaquín Lavín detalla en esta entrevista: dotar al país de una ley que cree un Consejo de Pueblos (una suerte de congreso indígena) y un segundo proyecto, que denomina Ley Araucanía, que entregaría recursos a esa región por al menos diez años.
"En el caso de aprobarse, el rol de este consejo será pronunciarse sobre asuntos indígenas de alcance nacional, como modificaciones a la política de entrega de tierras, por ejemplo. Las políticas que surjan de ese consejo y que requieran modificaciones legales para ser implementadas, de todos modos deberán pasar por el Congreso Nacional.
“Las tierras tienen restricciones: no se pueden arrendar salvo entre ellos mismos, no se pueden dejar en hipoteca. En virtud del Convenio 169 podríamos hacer que las comunidades eligieran entre tierras, becas, una vivienda. Pero todo está sujeto a la aprobación del mecanismo de consulta. La prioridad uno, que tiene plazo perentorio fijado por el Presidente, es enviar el proyecto sobre este tema antes del 30 de abril”.
-¿El Gobierno ya hizo su propuesta sobre este tema?
“El Gobierno hizo una propuesta en agosto del año pasado, los pueblos originarios se autoconvocaron el treinta de noviembre en el Hotel Crowne Plaza, se juntaron más de doscientos representantes de los pueblos originarios y estuvo a través de videoconferencia James Anaya, que es el relator de Naciones Unidas para el tema de pueblos originarios. Ahí se generó una contrapropuesta. Ahora, el 12 de marzo, parte la mesa para buscar el consenso”.
[Nota aclaratoria: Miente el Ministro: el único acuerdo fue el rechazo unánime a la propuesta del Gobierno. Respaldado con un lapidario informe del Relator de Naciones Unidas que demuestra que la propuesta del Gobierno incumple todos los estándares internacionales.]
-¿Cómo se eligió a los representantes indígenas? Históricamente, el pueblo mapuche ha tenido más de un líder…
“La persona que hace de líder es Marcial Colin, un consejero nacional elegido de la Conadi. Se ha hecho un esfuerzo por escucharlos a todos”.
-Entre los mapuches hay autoridades tradicionales, como los loncos, y también hay líderes nuevos, sobre todo en las organizaciones radicales. ¿Esos líderes están invitados al diálogo?
“Hemos escuchado a mucha gente, alcaldes y concejales mapuches, autoridades tradicionales, loncos, machis. Y los que no han participado, podrán hacerlo en el Congreso”.
[Nota Mapuexpres: es decir todos los que no son del grupo oficialista quedan excluidos, y Lavin da por sentado que habrá proyecto de ley]
-¿La creación del Consejo de los Pueblos supone el fin de la Conadi como la conocemos?
“La idea es que haya un consejo de pueblos de 43 integrantes, de los cuales 25 serían mapuches, dos quechuas, dos diaguitas, dos kawéskar, dos yaganes, tres rapanuís, tres atacameños y cuatro aimaras. Estas personas serán elegidas por un período de cuatro años, en base a un registro electoral indígena”.
-¿Cómo será el financiamiento de la Ley Araucanía?
“La esencia es darle estabilidad a los recursos que hoy tiene La Araucanía por un mínimo de diez años. Nosotros calculamos que se requiere una década para disminuir la brecha que tiene con el resto del país. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional de La Araucanía, al inicio de este gobierno, era el séptimo a nivel nacional. Ahora es el tercero”.
Entrega de tierras
-La mayoría de los mapuches viven en las ciudades, pero la inversión pública se ha concentrado en el campo. ¿Por qué esto no ha cambiado?
“En 1996, un 48% de la población indígena vivía en el campo y hoy, sólo el 26%. Ahí está el sentido de pensar no sólo en tierras como forma de compensación. Sin embargo, cuando el Presidente asumió, había una lista de 115 comunidades a las que se les había otorgado aplicabilidad (tenían títulos de merced), de las cuales quedan trece”.
-¿Eso significa que con estas 115 comunidades se acaba la entrega de tierras?
“Hay otra lista, pero esta era la lista de comunidades priorizadas. El cambio es que todas las tierras que se entregan vienen con un plan de desarrollo productivo”.
-¿Pero una vez que se entreguen tierras a todas las comunidades que tienen títulos de merced finaliza ese proceso?
“Quisiera ser optimista sobre eso pero no lo soy tanto. Hay comunidades que habiendo recibido tierras siguen intentando reivindicar otras, se las toman. Se han devuelto más tierras de lo que estaba en los títulos de merced y eso ha incentivado la subdivisión de comunidades”.
Fomentar las alianzas con privados
-El Estado ha gastado unos US$ 600 millones en los últimos veinte años en compra de tierras. A pesar de eso, el 60% de los beneficiarios no vive en esas tierras. ¿Qué se puede hacer?
“El gran problema de esos US$ 600 millones es que la compra de tierras por si sola no soluciona el problema de pobreza”.
-El modelo neozelandés ha transformado a las comunidades maoríes en empresarios y rentistas de la tierra. ¿Se puede hacer lo mismo en Chile?
“Las comunidades mapuches tienen la tierra y las empresas tienen el capital, entonces queremos fomentar las alianzas. Hay comunidades indígenas que administran los géiseres del Tatio, hay pehuenches argentinos que administran centros de alta montaña. Eso tiene que llegar al pueblo mapuche”.
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El Mercurio, Economía y Negocios, Domingo 10 de marzo, 2013
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