Una grave situación de violencia policial contra una niña mapuche de 12 años y su padre denunció el Instituto Nacional de Derechos Humanos en una querella criminal presentada ante el Juzgado de Garantía de Angol. B.C.L., de 12 años, y su padre, José Osvaldo Cariqueo Saravia, lonko de la comunidad Cacique José Guiñón, comuna de Ercilla, son las víctimas de este episodio que incluyó golpes, tortura y detención en un recinto no oficial.
Por Comunicaciones ANIDE – Fuente: libertadninos.wordpress.com
La querella criminal que interpuso Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, fue presentada ante la justicia civil, pero el juez la derivó de inmediato a la justicia militar. Y aunque a los pocos días revirtió su decisión, al cierre de este informe aun no se realiza ninguna de las diligencias solicitadas. Todo lo cual, incluyendo un posible conflicto de competencia con la justicia castrense, permiten suponer para el caso una tramitación larga y tortuosa,
Los hechos denunciados se remontan a las manifestaciones protagonizadas por comuneros el 5 de diciembre de 2013 tras la lectura del fallo condenatorio dictado por el Tribunal Oral en Lo Penal de Angol contra tres jóvenes mapuches en el juicio por el asalto y asesinato de Héctor Gallardo Aillapán. En esa ocasión, la violenta intervención de carabineros concluyó con un saldo de 14 detenidos, entre ellos el lonko José Cariqueo y su hija, estudiante de 12 años. De acuerdo con el texto de la querella, fueron aprehendidos en la vía pública mientras abordaban un vehículo para volver a su comunidad y llevados a una “casa institucional de carabineros (…) que no es un lugar de detención” y donde por alrededor de 45 minutos “fueron víctimas de aplicaciones de tormentos o apremios ilegítimos, tanto físicos como mentales por parte de los funcionarios de carabineros”.
El lonko Cariqueo declara que fue detenido de manera violenta por carabineros que lo arrastraron por la calle y lo ingresaron al inmueble institucional en medio de golpes e insultos procaces y racistas. Agrega que en el interior del recinto fue esposado con las manos en la espalda y mientras se encontraba en el suelo fue objeto de una brutal golpiza en la que participaron “también mujeres, y no eran de fuerzas especiales”. “Después, cuando se ensañaron conmigo, me quemaron el pelo con el encendedor, yo sentí el olor a quemado, yo no sentía nada, estaba mi cuerpo adormecido, convencido en ese momento de que yo iba a morir…”, señala el lonko. Menciona a un oficial entre los autores de los golpes y los insultos.
B.C. fue también detenida y llevada a la “casa blanca” donde “me tenían dos carabineras y me trataban con groserías, me daban cachetadas”. Agrega que alcanzó a ver que propinaban puntapiés a su padre y que a ella le sacaron sangre de narices y la obligaron a limpiar la sangre que escupió en el suelo.
En las declaraciones de padre e hija llama la atención el elevado grado de animosidad y racismo contra el pueblo mapuche expresado contra en los insultos y amenazas que dicen haber recibido de los funcionarios policiales. La constatación de lesiones realizada en la Comisaría de Angol por el médico Cristián Aguilera, en presencia de la defensora regional Bárbara Katz, determinó en el caso de José Cariqueo “contusiones esquimóticas en diversas partes del cuerpo” e incluye fotografías de esas lesiones. En cuanto a la niña, se constató “contusión en labio superior y restos de sangramiento”.
La situación, afirma el INDH, configura la hipótesis de tortura tanto física como sicológica y destaca que se ejecutó en un lugar que si bien es una edificación institucional de carabineros, no es un recinto de detención. El escrito de la querella acompaña abundante argumentación fundada en la legislación penal chilena y en convenios e instrumentos internacionales referidos a derechos humanos, derechos indígenas y derechos del niño.
En el tribunal de Angol, la querella permanece paralizada. Marcos Rabanal Toro, abogado patrocinante, explica que la acción fue presentada el 26 de enero y que el juez de Garantía prácticamente de inmediato decidió declarar su incompetencia por tratarse de una denuncia dirigida en contra de funcionarios de Carabineros. Fue presentado entonces un recurso de reposición demostrando con precisos antecedentes lo arbitrario de la resolución, tras lo cual el Tribunal modificó su postura declarándose competente. Mientras tanto, el escrito de la querella había sido enviado ya a la Fiscalía Militar y sólo hace algunos días retornó al Juzgado de Angol y hasta el cierre de este informe “no fue proveído en su mérito”, lo que implica que no se ha ejecutado ninguna de las diligencias investigativas solicitadas. Sin embargo, ya el 6 de marzo el fiscal militar de Angol había informado de la querella al Juzgado Militar de Valdivia recomendando trabar la competencia.
El hecho de involucrar como víctima a una niña indígena de 12 años implica la absoluta condición de que el caso sea tramitado por la justicia civil. Sin embargo, la investigación solicitada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos hasta el momento no ingresa al curso de tramitación que establece la ley.
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