El acta, avalada por un notario público, está dirigida al presidente de la República mexicana, Enrique Peña Nieto; al gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, a otras autoridades de los tres niveles del gobierno y al pueblo de México. La declaratoria se dio en medio de denuncias, no sólo sobre la entrada ilegal y sin permiso comunitario de empleados de empresas extractivas a los territorios, sino también sobre la reforma energética y hacendaria, la plaga de la roya, las altas tarifas de la energía eléctrica y el abuso de poder y corrupción de funcionarios públicos.
Entre diferentes tensiones durante la marcha y en el acto público en el Parque Central Miguel Hidalgo, y ante la falta de presencia de la autoridad municipal, las comunidades decidieron tomar la presidencia municipal de Tapachula para intentar dialogar con el alcalde y hacer que firmara el compromiso de no dar licencia alguna a empresas nacionales y extranjeras para los proyectos que amenazan a los pueblos. Aunque el presidente municipal tuvo conocimiento previo de la movilización, no se presentó, sino que envió al secretario de Gobierno y al síndico municipal para intentar convencer a la gente de que los gobiernos local, estatal y federal no tienen conocimiento de ningún tipo de estos proyectos en la zona.
Las más de mil personas que tomaron la presidencia lograron que las autoridades firmaran de recibida el acta colectiva, y que se comprometieran a salvaguardar a las comunidades ante la entrada de maquinaria y personas ajenas que intervienen en la zona.
La Voz del Pueblo contra la prospección minera e hidroeléctrica
Durante el 2013, las comunidades se organizaron con pláticas, talleres y tres movilizaciones contra la imposición de mineras y presas en la región. Ubicaron así una intensa prospección de empresas de estos rubros, e incluso hay comunidades que requisaron maquinaria que, sin consulta a las comunidades, se había introducido.
Las comunidades movilizadas y organizadas se uificaron en su diversidad con la consigna de que la voz del pueblo es la única que puede decidir sobre el presente y destino de sus territorios. Se comprometieron a defender sus tierras, cultivos y forma de vida, ante cualquier imposición o proyecto que ponga en riesgo a las futuras generaciones.
Saludos solidarios
Diversas organizaciones nacionales e internacionales saludaron la declaratoria de los ocho municipios chiapanecos. De Guerrero llegó un mensaje suscrito por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan AC, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Procesos Integrales Para la Autogestión de los Pueblos (PIAP) y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG). El saludo señala “Estamos claros que la movilización, el intercambio y la resistencia son los principales elementos de lucha de nosotros pueblos indígenas de todo el país”, al tiempo que ofrece un abrazo fraterno y pide a las organizaciones que se sientan acompañadas en su lucha.
El Movimiento Mesoamericano Contra el Modelo Extractivo Minero, integrado por organizaciones, campesinos e indígenas de Panamá, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y México, también envió un saludo que señala: “Por este medio reciban nuestra solidaridad todas las organizaciones, campesinos e indígenas que exigen que sus territorios sean libres del modelo extractivo minero”.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) “felicita y manda un saludo solidario a la movilización de comunidades, organizaciones y ejidatarios que hoy se movilizan y se organizan para defender su vida, sus tierras, sus territorios y sus derechos humanos.” Y concluye señalando: “No están solos”.
Un día histórico
Dentro de las estrategias de los megaproyectos, las presas, hidroeléctricas y minas vienen juntas. Poco a poco, las comunidades en México y en América hacen conciencia de la forma en que se les imponen sin el permiso de las comunidades que resultarán afectadas. Aquí y allá, una comunidad se da cuenta de la imposición de un megaproyecto, pero es inédito que de golpe 56 comunidades de 17 municipios -mientras apenas está la fase de prospección- estén unidas para manifestarse contra la ilegal imposición de estos megaproyectos en toda una región de Chiapas.
Esa diversidad de comunidades, ejidos y organizaciones lograron sobreponerse a las diferencias entre campesinos e indígenas y entre diversos credos, filiaciones políticas y confrontaciones históricas.
El proceso de resistencia y articulación de los pueblos, en la esquina sur de México, lleva ya un tiempo de construcción, pero a partir de este acto público toma una nueva dimensión. Hace responsable a las autoridades correspondientes de cualquier tipo de conflicto generado por el intento de seguir impulsando estos proyectos de represas y minas en la región.
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